La Venezuela post-Maduro: riqueza inmensa, economía exhausta y un futuro que depende de la transición
El país se encuentra ante la alternativa de convertir su patrimonio latente en desarrollo sostenible
La captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense del pasado 3 de enero ha devuelto a Venezuela al centro del debate internacional. El país, que durante años fue sinónimo de colapso económico y crisis humanitaria, se enfrenta ahora a un escenario inédito: una transición política aún por definir y una economía que combina un potencial extraordinario con una fragilidad extrema. La pregunta que sobrevuela Caracas, Washington, Pekín, Moscú y Bruselas es la misma: ¿qué Venezuela emergerá de este punto de inflexión?
Venezuela es, sobre el papel, uno de los territorios más privilegi...
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La captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense del pasado 3 de enero ha devuelto a Venezuela al centro del debate internacional. El país, que durante años fue sinónimo de colapso económico y crisis humanitaria, se enfrenta ahora a un escenario inédito: una transición política aún por definir y una economía que combina un potencial extraordinario con una fragilidad extrema. La pregunta que sobrevuela Caracas, Washington, Pekín, Moscú y Bruselas es la misma: ¿qué Venezuela emergerá de este punto de inflexión?
Venezuela es, sobre el papel, uno de los territorios más privilegiados del planeta: un país riquísimo que nunca logró convertir su riqueza en desarrollo. Además de poseer las mayores reservas probadas de petróleo, cuenta con enormes yacimientos de oro, coltán, bauxita, diamantes y uranio. Su biodiversidad, sus reservas de agua dulce y su potencial agrícola la sitúan entre los países con mayor capacidad de autosuficiencia energética y alimentaria. Y su geografía –de Los Roques a Canaima, pasando por los Andes y el delta del Orinoco– podría sostener una industria turística de primer nivel. Pero la paradoja venezolana es conocida: tanta riqueza no evitó el colapso. La falta de inversión, la degradación institucional, la desconexión del sistema financiero internacional y la consolidación de un narcoestado impidieron transformar los recursos naturales en bienestar. La captura de Maduro no resuelve este problema, pero sí abre la posibilidad de redefinir las reglas del juego.
La magnitud del deterioro económico es difícil de exagerar. Desde 2014, el PIB se ha desplomado más de un 70%. La hiperinflación destruyó salarios y ahorros, y aunque en los últimos años se logró cierta contención, la estabilidad sigue siendo precaria. La dolarización informal permitió que surgiera un sector privado urbano relativamente dinámico, pero dejó atrás a la mayoría de la población, atrapada en salarios públicos simbólicos y servicios básicos colapsados. La inseguridad continúa siendo uno de los principales frenos al desarrollo: la presencia de grupos armados, economías ilícitas y estructuras criminales transfronterizas –incluidas algunas insertadas en el propio aparato estatal– condiciona la inversión y la vida cotidiana. A ello se suma una crisis social profunda: más del 80% de los venezolanos vive en pobreza y la emigración masiva ha vaciado ciudades enteras. Las elecciones de 2024 ya habían tensado el clima político. La captura de Maduro acelera la necesidad de una solución sociopolítica más allá de la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que permita estabilizar el país.
La posición internacional de Venezuela es clave para entender sus perspectivas. Durante la última década, Caracas se apoyó en Rusia, China, Irán y Turquía para sortear sanciones y obtener financiación. La deuda acumulada con Moscú y Pekín –en buena parte respaldada por petróleo– será uno de los grandes obstáculos de cualquier transición. Rusia, inmersa en su propio aislamiento, tiene poco margen para sostener a su antiguo aliado. China, más pragmática, podría aceptar una reestructuración, pero exigirá garantías institucionales y estabilidad. La operación estadounidense del 3 de enero altera significativamente este equilibrio. En su Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, Washington ha reforzado su objetivo de asegurar el hemisferio occidental, reducir la influencia de potencias extra hemisféricas y garantizar la estabilidad energética. Venezuela, por su posición geográfica y sus recursos, es un elemento central en esta estrategia. La transición que se impulse en el país estará condicionada por este nuevo enfoque, que combina presión, incentivos económicos y apoyo a la reconstrucción institucional.
Pero es el petróleo la llave principal de la recuperación. La industria petrolera sigue siendo el corazón económico del país, aunque hoy opera muy por debajo de su capacidad histórica. Venezuela produce actualmente en torno a 750.000–800.000 barriles diarios, lejos de los 3,2 millones que llegó a bombear a finales de los años noventa y de los 2,3 millones que aún mantenía en 2016. El problema no es solo de volumen: la mayor parte del crudo venezolano es extrapesado, con una densidad API muy baja, lo que obliga a mezclarlo con crudos livianos importados o a procesarlo en refinerías especialmente adaptadas.
La obsolescencia de la infraestructura, la falta de diluyentes y la caída de la capacidad de refinación –hoy reducida a una fracción de los 1,3 millones de barriles diarios instalados– limitan cualquier expansión rápida. Con inversiones masivas, tecnología y un marco regulatorio estable, la producción podría recuperarse gradualmente con el apoyo de empresas estadounidenses ya alistadas, y potencialmente también de compañías europeas y latinoamericanas si se garantizan la seguridad jurídica y la transparencia. Pero la reactivación petrolera requerirá tiempo, capital y estabilidad política, tres elementos que hoy están en disputa.
El futuro socioeconómico de la Venezuela post-Maduro dependerá de la solución política que finalmente se adopte. La implantación de un gobierno de transición con un fuerte respaldo y condicionamiento internacional, particularmente de Estados Unidos, deberá afrontar de inmediato reformas institucionales que garanticen el juego democrático, el respeto a los derechos humanos y el regreso de la población emigrada, abordando de forma decidida la estabilización del país. En segundo lugar, deberá impulsar una recuperación económica muy centrada en la producción petrolera y minera, el retorno de la inversión extranjera directa, la estabilización macroeconómica y la reactivación del turismo y de sectores no extractivos. Todo ello permitiría levantar gradualmente las sanciones internacionales, facilitar la reapertura del sistema financiero y avanzar hacia una reestructuración ordenada de la deuda con Rusia y China. Además, durante las dos últimas décadas el Estado venezolano expropió activos de grandes compañías estadounidenses como ExxonMobil, ConocoPhillips, OwensIllinois o General Motors. Los arbitrajes internacionales han dado lugar a laudos y reclamaciones que, en conjunto, podrían superar los 10.000 millones de dólares. Esta deuda, aún sujeta a negociaciones, embargos y reestructuración, será un capítulo inevitable de cualquier normalización económica y financiera entre Caracas y Washington. Y finalmente, en unas circunstancias socioeconómicas adecuadas, sería el momento de abordar una transición política mediante el reconocimiento de los legítimos vencedores de las elecciones de 2024 o la convocatoria de unas nuevas elecciones libres.
Hoy Venezuela se halla ante una oportunidad histórica. Dispone de recursos naturales, capital humano y una posición geoestratégica que podrían convertirla en una potencia energética y turística. La captura de Maduro abre una ventana de oportunidad, pero también subraya la fragilidad institucional del país. La reconstrucción económica dependerá de la capacidad de articular una transición política creíble, renegociar la deuda externa, atraer inversión y aprovechar el nuevo marco geopolítico hemisférico. En suma, el país se encuentra ante la alternativa de convertir su riqueza latente en desarrollo sostenible y bienestar ciudadano, o prolongar un ciclo de dura crisis que ya dura demasiado.