España, aspirante a electro-Estado
La sociedad debe ser más consciente de la gran oportunidad que supone la electrificación masiva con energía renovable
La electrificación masiva de la economía con energías renovables representa, sin duda, una de las grandes oportunidades para la autonomía energética, la competitividad y el progreso de los países en las próximas décadas, contribuyendo, de paso, a la lucha contra el cambio climático.
Así lo ha entendido China, que aspira a convertirse en el gran electro-Estado mundial. Por analogía con el más acuñado término petro-Estado, en un electro-Estado el progreso, la competitividad, la seguridad energética y la posición geopolítica se sustentan en la capacidad para generar, ...
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La electrificación masiva de la economía con energías renovables representa, sin duda, una de las grandes oportunidades para la autonomía energética, la competitividad y el progreso de los países en las próximas décadas, contribuyendo, de paso, a la lucha contra el cambio climático.
Así lo ha entendido China, que aspira a convertirse en el gran electro-Estado mundial. Por analogía con el más acuñado término petro-Estado, en un electro-Estado el progreso, la competitividad, la seguridad energética y la posición geopolítica se sustentan en la capacidad para generar, almacenar, transportar, transformar, consumir y exportar electricidad, fundamentalmente de origen renovable. Ya sea directamente, incorporada a bienes y servicios, o transformada en hidrógeno y sus derivados, y además controlando las cadenas de valor industriales y las tecnologías clave de la electrificación.
España podría ser un electro-Estado líder en Europa. Tiene condiciones y posición de ventaja de partida, si bien la evolución en los últimos tiempos parece poner en cuestión esta oportunidad.
El apagón del pasado mes de abril, al margen de la identificación precisa de todo lo que falló, y de las eventuales responsabilidades que se deriven, nos ha hecho más conscientes de los desafíos técnicos inherentes al desarrollo renovable para la estabilidad y la seguridad del suministro eléctrico (inercia, control de tensiones, gestión de flujos, flexibilidad para el ajuste entre la oferta y la demanda). Afortunadamente, existen soluciones para todo ello que no comprometen nuestra ventaja comparativa en sol, viento, territorio, sistema hidroeléctrico, posición geoestratégica y tejido empresarial capaz de integrar las cadenas de valor. Y contamos con excelentes técnicos en la operación del sistema eléctrico (REE) y de las redes de distribución.
Pero la demanda eléctrica no termina de arrancar. Los incentivos económicos a la electrificación del calor en el ámbito doméstico y comercial, del transporte mediante vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y de muchos procesos industriales que ahora utilizan combustibles fósiles no parecen suficientes.
Tampoco ayuda que los nuevos consumos –ya sean domésticos, comerciales, industriales, de recarga de vehículos eléctricos, de centros de datos o para el almacenamiento- tengan dificultades para la contratación de accesos a la red eléctrica. Se enfrentan a la rigidez del aprovechamiento de la capacidad actual existente, al retraso en el desarrollo de nuevas redes, y al acaparamiento especulativo del acceso a las redes por parte de proyectos de consumo eléctrico muy inmaduros, inviables o sin contenido.
La inversión en redes eléctricas no está siendo suficiente. Entre las causas hay que citar los retrasos en la planificación y en el reconocimiento de inversiones que se anticipen a la demanda, obstáculos en las tramitaciones, incertidumbre e insuficiencia en su retribución, y también rechazo social y/o ambiental a sus trazados concretos.
Por suerte, hemos tenido un fuerte incremento de la energía fotovoltaica en nuestro país. Pero una demanda eléctrica que no crece y un desarrollo insuficiente de la flexibilidad (bombeos hidroeléctricos, baterías y desplazamiento del consumo a las horas de sol) está provocando un proceso de canibalización de esta tecnología: vertidos crecientes de energía por falta de demanda y precios muy bajos en horas de sol que amenazan su rentabilidad. Mientras tanto, la energía eólica, que es muy complementaria de la fotovoltaica, se ve frenada por la mayor lentitud de los permisos y el mayor rechazo social y ambiental.
Por su parte, la inversión en almacenamiento tampoco acaba de despegar. Los bombeos, ya sean puros, en los que uno de los embalses a interconectar está fuera del cauce, y en especial los muy atractivos bombeos mixtos, que aprovechan embalses ya existentes, se ven frenados por los retrasos en las tramitaciones. Y sobre todo por la incertidumbre sobre la rentabilidad de la inversión, en ausencia de un esquema de incentivos que ponga un límite a su riesgo económico.
Hay incertidumbre también en torno al almacenamiento en baterías. Sus ingresos a largo plazo están condicionados por la evolución esperada del diferencial de precio entre horas, que dependerá, entre otros factores, de la evolución de los precios del gas natural y del CO2, e incluso del calendario de cierre de las centrales nucleares, y por el complemento de ingresos que puedan obtener en los mercados de servicios al sistema. Todo ello, en ausencia de mecanismos suficientes de retribución adicional a su disponibilidad por su contribución a la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico.
Finalmente, nuestra administración energética y ambiental está infradotada para la ingente tarea regulatoria y de tramitación que exige el proceso inversor y transformador de la electrificación con renovables. A veces, un excesivo intervencionismo, además de frenar a inversores y consumidores, agrava el problema al imponer a las propias administraciones tareas para las que no dispone de recursos suficientes. Quede aquí, no obstante, mi reconocimiento a unos equipos, tanto en la administración central como en la autonómica, que llevan unos cuantos años esforzándose al máximo para no verse sobrepasados por la tarea encomendada.
Con todo, y a pesar de las carencias citadas, en los últimos años, y en particular en estos meses, se están dando pasos muy importantes en todos estos ámbitos que me llenan de optimismo. Nuestras ventajas estructurales siguen estando ahí, y la orientación política del Gobierno va en la dirección adecuada.
No obstante, mi optimismo sería mayor si la administración energético ambiental se viera reforzada, si la regulación fuera un poco más estable y predecible y un poco menos intervencionista, y si los incentivos a la electrificación fueran mayores. Debería acelerarse la inversión en las redes eléctricas y mejorar el aprovechamiento de su capacidad, promover el almacenamiento y hacer más ambiciosa la flexibilidad de la demanda eléctrica. También mejoraríamos mucho si la integración entre la política energético ambiental y la política industrial fuera más intensa.
Nos jugamos mucho. La sociedad española debe ser más consciente de la gran oportunidad que supone para España la electrificación masiva con energía renovable. Ayudaría que las fuerzas políticas con vocación de gobierno fueran capaces de consensuar una estrategia para convertir España en un gran electro-Estado europeo. En esa estrategia, algún ajuste del calendario de cierre de las nucleares puede tener sentido.