Una reforma fiscal parcheada e innecesaria
Nada se dice sobre crear más tramos en el IRPF, para evitar que los sueldos medios estén sometidos a un tipo demasiado alto
El jueves se aprobó la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda del Congreso, con 178 votos a favor y 171 en contra; por tanto, sin consenso general. La Comisión Europea ha exigido a España, si quiere recibir el nuevo tramo de fondos europeos de 7.200 millones de euros, que implemente ciertas reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad fiscal de nuestro país.
Aprobar el impuesto mínimo global aplicable a las multinacionales con una cifra de negocio superior a los 850 millones de euros no es algo con lo que se podía estar de acuerdo o no. Se trata de un tipo efectivo (no nominal) mínimo del 15% (para 2025, del 16%), que la OCDE aprobó en 2021. Debía estar implementado en la legislación española antes de finalizar 2023. Bruselas abrió a España un procedimiento de infracción, al incumplir con el plazo mencionado. La sanción la pagamos todos los españoles.
Las multinacionales domiciliadas en España llevan lidiando desde enero con una obligación que es arduo complicada, sin tener una ley nacional en la que ampararse. Que se quiera vender como un logro del Gobierno resulta irrisorio.
Por otro lado, hace poco el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia anulando (con efectos en enero de 2024) alguno de los decretazos aprobados por Cristóbal Montoro (PP) relativos al impuesto de sociedades. Dicha sentencia requería volver a modificar la normativa. A mayor abundamiento, a este Gobierno le toca devolver las cantidades pagadas de más por las empresas durante la etapa del PP, pero solo a aquellas que recurrieron los mencionados decretazos en su momento. Esto tampoco era negociable.
El paquete ViDA (Vat in the digital age), acaba de ser finalmente aprobado por los Estados miembros de la UE, y sin duda va a suponer un cambio de paradigma en la forma de gestionar el IVA, en la facturación electrónica y en la lucha contra el fraude. Estos cambios se van a incorporar poco a poco en la ley y no son susceptibles de debate.
Se ha conseguido aprobar que, en la ley de IVA, se incorporen ciertas medidas de control para luchar contra la evasión fiscal en el sector de los hidrocarburos. En concreto, se pretende controlar la venta de carburantes por debajo del precio de mercado, lo que ha sido bienvenido por el sector afectado, al ser una práctica de clara competencia desleal.
El impuesto sobre vapeadores, cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina, etc., ha sido aprobado y se adelanta a una medida planteada en la UE. También se han reformado algunas disposiciones sobre el tabaco. Hay que tener en cuenta que estos tributos tienen como objetivo el cambio de hábitos dañinos para la salud, por lo que este tipo de impuestos especiales se verán incrementados en los próximos años.
Otra medida que se ha aprobado es la subida del IRPF del tipo al 30% para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. No me parece descabellado que se aplique el principio constitucional de capacidad económica y, por tanto, el que más gane más debe contribuir a las arcas públicas. No obstante, debemos tener en cuenta también el principio de no confiscatoriedad o el principio que prohíbe la doble imposición sobre el mismo hecho imponible y sujeto pasivo (ejemplo, el impuesto de patrimonio o ese descabellado impuesto a los ricos). Además, existe una posibilidad real de fuga de estas personas a territorios más amigables fiscalmente que el nuestro, como, por ejemplo, Portugal.
El gravamen a la banca se aprobó en 2022, como consecuencia de la invasión de Ucrania y las altas tasas de inflación. Por este gravamen, el Estado ha recaudado ya 1.695 millones de euros. La prórroga de dicho tributo ha sido aprobada, pero con tipos progresivos de entre el 1% y el 7%. Se aplica a las entidades que operan en España con un volumen de negocio de más de 800 millones. No me parece inadecuado, pero considero que hay otras medidas que podrían adoptarse de forma más eficaz, como eliminar ciertas exenciones aplicables al sector. La recaudación se distribuirá a las comunidades.
El debatido gravamen a las energéticas queda en suspenso hasta finales de año, que es cuando vence y desaparece. Por él, el Estado ha recaudado ya 1.164 millones. Afecta a los principales operadores, así como a personas o entidades que desarrollan en España actividades de producción de crudo, de petróleo o de gas natural, minerías de carbón o refino de petróleo. El Gobierno ha llegado al compromiso de que, si a finales de diciembre no hay consenso, utilizará un real decreto para prorrogar el gravamen a 2025 y convertirlo en impuesto. No se gravará, en todo caso, a las empresas que se comprometan con la descarbonización. Veremos las consecuencias de esta salvaguarda.
La cuestión sobre la escasa tributación de las socimis no ha salido adelante. Pese a ello, considero que no está justificado el mantener este tipo de tributación tan beneficiosa, cuando por otro lado aumenta la presión fiscal sobre todos los contribuyentes.
El gravar los alquileres de pisos turísticos con un tipo de IVA del 21% era una medida muy eficaz para forzar una mayor transparencia de este tipo de alquileres, para obligar a que se incremente la recaudación de los citados y para desincentivar la proliferación en zonas saturadas. Pero no se ha aprobado.
Por último, se ha rechazado la propuesta de igualar el tratamiento fiscal del diésel con el de la gasolina. Es un paso hacia la tan debatida descarbonización de la UE y la transición ecológica. Solo afecta al gasóleo tipo A y no al B (utilizado por profesionales) o al C (calefacciones).
Consecuencias
Tanto vaivén de iniciativas y, en ocasiones, tanta demagogia con las figuras tributarias daña gravemente la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las empresas residentes en España. La falta de rumbo desincentiva la inversión exterior. Asimismo, debe procurarse que las multinacionales españolas no cambien su matriz a otros Estados, como ya ha hecho Ferrovial. Recaudar es necesario para mantener un Estado socialdemócrata, así como el respeto al principio de capacidad económica, pero la protección del principio de seguridad jurídica redunda directamente sobre la inversión o a la desinversión.
En toda reforma fiscal debe haber sosiego, debate con expertos y la aprobación de medidas estables consensuadas con las grandes fuerzas políticas. Los vaivenes, los continuos anuncios de reformas, las sonadas demagogias, el depender de partidos marginales que no representan a la mayoría de los españoles... no es el camino a seguir en una potencia europea.
No se trata de crear más tributos, sino de tener un sistema ordenado. La presión fiscal ha aumentado desde 2023, pero el problema sigue siendo el ingente gasto público, que, lejos de moderarse, ha subido este año, desoyendo la clara advertencia de Bruselas, que exige una clara reducción. Difícil de cumplir con el actual panorama político.
También se debería tener en cuenta que la calidad normativa tiene que salvaguardarse, y el abuso de los reales decretos en materia fiscal, que comenzó con Montoro, debería acabar con María Jesús Montero.
Nada se dice sobre incorporar incentivos al ahorro, con el objeto de complementar esa exigua pensión que recibiremos los que nos jubilemos en unos 10 o 15 años. Nada se dice sobre crear más tramos en el IRPF, para evitar que un salario medio quede sometido a un tipo demasiado alto y parecido al de las rentas altas. De nuevo y como siempre, los grandes olvidados son los contribuyentes de rentas medias.
Siempre defendí que se acabara con el bipartidismo, pero vistos los partidos que han surgido de ultraderecha y de ultraizquierda, o los nacionalistas que condicionan al resto de España, abogo por que las cuestiones fiscales se acuerden (con altura de miras) entre los dos grandes partidos, para que disfrutemos de unos años sin cambios. Estamos todos muy cansados de la política mediocre: al final, hay un bien superior a proteger, que es España y sus ciudadanos, los cuales deben respetarse y cuidarse siempre, y no solo en periodo electoral.
Patricia Lampreave es experto fiscal y profesor acreditado titular de Derecho Financiero y Tributario