Cuando la ciudad se vuelve inaccesible
La administración debe regular el mercado del alquiler, fomentar la vivienda social y frenar los pisos turísticos
La exclusión residencial es un problema creciente en España, y afecta a miles de personas que no pueden acceder a una vivienda digna y segura. Este fenómeno se ha intensificado en las grandes ciudades, donde la gentrificación y la especulación inmobiliaria están expulsando a las poblaciones más vulnerables. En barrios de Madrid, Barcelona y Valencia, el aumento desproporcionado de los alquileres está transformando no solo el mercado inmobiliario, sino también el tejido social de las comunidades.
La gentrificación es un proceso en el que los barrios de clase trabajadora, a menudo deteriorados, son rehabilitados, atrayendo a residentes con mayor poder adquisitivo, lo cual eleva los precios de las propiedades y, consecuentemente, expulsa a los habitantes originales. En barrios como Lavapiés y Malasaña, los alquileres han subido hasta un 40% en los últimos años, dejando fuera del mercado a familias trabajadoras, inmigrantes y jóvenes.
La renovación de zonas urbanas es positiva: mejora la infraestructura, crea espacios públicos más seguros y promueve la actividad económica. Sin embargo, los efectos de la gentrificación tienen un coste social significativo. Los residentes originales se ven obligados a mudarse a las afueras o a barrios menos accesibles, lo que provoca una fractura en el tejido social y cultural de estas zonas. Además, pierden la red de apoyo comunitaria que suele ser vital en situaciones de precariedad económica.
El fenómeno de la gentrificación también responde a fuerzas económicas más profundas. En España, la especulación inmobiliaria ha sido uno de los motores principales de este problema. Grandes fondos de inversión y empresas inmobiliarias compran edificios completos a precios relativamente bajos, y los reforman y los venden o alquilan a precios elevados, expulsando a los antiguos inquilinos.
Entre las causas económicas que impulsan este proceso, se encuentran los incentivos fiscales. En muchos casos, las reformas en zonas urbanas degradadas reciben bonificaciones o exenciones fiscales, lo que incentiva a los inversores a comprar propiedades en estas áreas con vistas a su revalorización futura. Además, la falta de regulación en el mercado de alquiler ha permitido que los precios suban sin control en ciudades donde la demanda de vivienda es mucho mayor que la oferta.
Por otro lado, el turismo de corta estancia, promovido por plataformas como Airbnb, ha agravado la situación. En Barcelona, por ejemplo, la oferta de pisos turísticos ha reducido drásticamente la disponibilidad de viviendas para los residentes locales, elevando los precios. Los propietarios prefieren alquilar a turistas durante cortos periodos, obteniendo más ingresos que con el alquiler residencial a largo plazo. Esto ha dejado a muchos habitantes sin acceso a viviendas asequibles.
Este turismo de corta estancia ha tenido un impacto especialmente negativo en ciudades turísticas como Barcelona y Madrid, transformando apartamentos que antes eran residenciales en pisos turísticos. En Barcelona, se estima que más de 12.000 viviendas están destinadas exclusivamente a alquileres de corta duración, lo cual reduce considerablemente la oferta de alquileres para los residentes permanentes. Esto no solo ha incrementado los precios de los alquileres en los barrios céntricos, sino que también ha afectado a la vida diaria de los residentes. En barrios como el Born o la Barceloneta, los vecinos denuncian la pérdida de su identidad comunitaria debido al constante flujo de turistas. Las tiendas y servicios locales son reemplazados por negocios para visitantes, lo cual transforma el entorno urbano. Este tipo de turismo también eleva el coste de la vida en estas zonas, y reduce aún más las oportunidades de vivienda asequible.
Las políticas públicas, como las que se han implementado en Barcelona para limitar la proliferación de pisos turísticos, han intentado mitigar este fenómeno, pero los resultados aún no han sido suficientes para revertir la tendencia. Los colectivos más vulnerables, como inmigrantes, personas en situación de pobreza y minorías étnicas, son quienes sufren más intensamente los efectos de la exclusión residencial. A menudo enfrentan discriminación en el acceso a la vivienda, ya sea por los precios elevados o por prejuicios sociales.
Esto se traduce en una mayor dificultad para acceder a préstamos hipotecarios o incluso a contratos de alquiler. La falta de vivienda social y de programas de apoyo a estas comunidades perpetúa un ciclo de exclusión, donde las personas con barreras socioeconómicas son empujadas a vivir en condiciones aún más precarias. A pesar de la gravedad del problema, las políticas públicas destinadas a combatir la exclusión residencial en España han sido, en muchos casos, insuficientes. Aunque ciudades como Barcelona han implementado medidas para limitar los precios de los alquileres o promover la construcción de viviendas sociales, la oferta de vivienda pública sigue siendo escasa. Además, la resistencia de algunos sectores inmobiliarios y políticos ha frenado el avance de estas políticas.
Si las tendencias actuales de gentrificación, especulación inmobiliaria y turismo de corta estancia continúan, el futuro de la vivienda en las grandes ciudades españolas parece sombrío. En los próximos 10 años, podríamos enfrentarnos a una mayor polarización urbana, donde las zonas céntricas serán accesibles solo para las clases más acomodadas, mientras que las familias de bajos ingresos se verán relegadas a la periferia, con menos acceso a servicios y empleo.
Para evitar este escenario, es urgente que las administraciones públicas implementen políticas más efectivas para regular el mercado de alquiler, fomentar la vivienda social y frenar el avance del alquiler turístico, de corta estancia. La exclusión residencial es, en última instancia, una cuestión de justicia social. El derecho a una vivienda digna, recogido en la Constitución española, debe ser una prioridad para las políticas públicas. Si no se toman medidas contundentes, las grandes ciudades de España corren el riesgo de convertirse en espacios inaccesibles para la mayoría, donde solo los más privilegiados podrán disfrutar de lo que antes era un bien común: el derecho a vivir en la ciudad.
Raluca Budian e Ignasi Martí son investigadora postdoctoral y directora asociada / director del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, Instituto de Innovación Social