Un defensor para entender mejor el precio de la luz
No deja de ser un paso lógico, a la vez que relevante, que se vaya a cubrir de una vez por todas un vacío legal
El episodio inflacionista sufrido desde la pandemia, con la inicial ruptura de la cadena de suministros mundial y, sobre todo, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, puso en el centro del foco el coste de la energía. Esta vez, un conflicto internacional no solo se dejaba sentir en los vaivenes del petróleo y a la hora de llenar el depósito del coche, sino que impactó de lleno y de manera vertiginosa en el precio de la luz que todos pagamos. La dependencia casi total de Alemania y otros países del centro de Europa del gas ruso tensionó al máximo los mercados e incluso se cobra todavía su peaje en forma de débiles crecimientos económicos en esa zona.
En España, esta crisis de precios energéticos aterrizó con menos fuerza. Por un lado, la llamada excepción ibérica puso coto a los máximos en el precio del gas internacional a la hora de trasladarlo a las facturas domésticas. Y, por el otro, un paquete de medidas fiscales, incluyendo rebajas en el IVA, persiguió amortiguar lo máximo posible el impacto sobre los hogares. También se ha beneficiado España de la cada vez más importante aportación de las renovables al precio final.
Sin embargo, y durante muchos meses, millones de familias españolas estuvieron atentas a los mercados internacionales y al coste por hora en el pool eléctrico, de forma que poner una lavadora no supusiera un despilfarro inausumible. La crisis energética, a su manera, llevó más que nunca al pie de la calle el debate sobre el precio de la luz. Así que no deja de ser un paso lógico, a la vez que relevante, que se vaya a cubrir de una vez por todas un vacío legal con la regulación del defensor del cliente en el sector eléctrico y en cada una de las empresas que así lo desee. Al igual que sucede con la banca o los seguros, las empresas podrán habilitar un mecanismo que sea capaz de resolver las discrepancias que puedan producirse entre consumidor y empresa. Sin gasto adicional ni recurrir a arbitrajes o reclamaciones externas a los que, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), casi nadie recurre: apenas un 0,7% de los que reclaman optan por esta vía secundaria más allá de la empresa.
El reglamento que prepara el Ministerio de Transición Ecológica exigirá lo que seguramente sea el rasgo más importante de este paso adelante: la independencia de ese defensor. Solo así su utilidad será plena y solo así el consumidor no volverá a sentirse desamparado cuando le toque resolver su duda. Alguien habrá al otro lado para escucharle y darle la razón. Si la tiene.
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