Sanciones y transparencia en la gestión de los billetes aéreos
Las aerolíneas pueden armar un caso en los tribunales en defensa de sus intereses
Duro varapalo a alguna de las principales compañías aéreas de bajo coste. El Ministerio de Consumo ha sancionado con más de 150 millones de euros a Ryanair, Volotea, Vueling y Easyjet por la comisión de presuntas prácticas abusivas, como la aplicación de cargos extra a los usuarios por subir equipaje a bordo o por la selección de asiento en situaciones concretas. Las aerolíneas no tardaron en posicionarse, dejando claro que, por ahora, no piensan cambiar el modus operandi. Se escudan en que no hay resolución en firme y planean agotar todos los recursos a su alcance para tumbar el procedimiento, incluida la vía judicial, si no lo logran por la administrativa. El conflicto se prevé largo.
Las relaciones entre las aerolíneas y los consumidores no han sido históricamente fáciles, al punto de transitar de forma puntual por contenciosos de calado, desde los roces por la aplicación del overbooking a las reclamaciones por cancelación, por citar dos ejemplos. Por la cuantía de la sanción y por el alcance reputacional del reproche, sin embargo, la decisión tomada ayer por el Gobierno supone elevar los decibelios, en parte con razón. No hay que recabar experiencias ajenas para comprobar la diferencia existente a menudo entre el precio inicial del vuelo que se oferta en las páginas oficiales de algunas compañías y los elevados gastos extra en que se llega a incurrir durante la tramitación del pasaje y hasta tomar asiento en el propio avión. Unos costes no siempre delimitados con la suficiente transparencia. Las asociaciones de consumidores, sin ir más lejos, llevan tiempo insistiendo en que se pueden reclamar los cobros por el equipaje de mano que se sube al avión. Tampoco tiene un pase que se aplique un extra por la reserva de asientos contiguos en el caso de acompañantes menores de edad o dependientes.
Las aerolíneas pueden armar un caso en los tribunales en defensa de sus intereses. Para empezar, las discrepancias entre la normativa comunitaria y la nacional pueden ser una grieta para justificar esas prácticas. De hecho, no hay en Europa una directriz sobre lo que puede considerarse equipaje de mano, exento de tarificación, al punto de existir un proceso abierto para determinarlo. Sin embargo, jugar con la ambigüedad no es buen aliado. “Estamos a disposición del Ministerio de Consumo y de las asociaciones para mejorar la transparencia”, aseguraba el viernes Javier Gándara, presidente de la patronal ALA. No es un mal paso. Si puede mejorarse, es que tal vez no se ha hecho todo lo posible por abrazarla. Y ahí pierden todos.
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