El caso del 5% saudí desaparecido en Telefónica tras la pinza Criteria-SEPI
Ronda aún el plan de canalizar la inversión de STC dentro del grupo, al menos durante un tiempo, para testar las intenciones saudíes y reducir deuda
La última jornada de fichajes en cualquier deporte depara horas frenéticas hasta el cierre del mercado. La sensación de vértigo en esos minutos, con las operaciones a punto de completarse o de caer, no es muy diferente de la que parece recorrer el mundo empresarial en los últimos meses, con una potencial transacción de calado agazapada a la vuelta de cada esquina o hecho relevante. Dos han sido los protagonistas de esa montaña rusa. Por un lado, el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ha entrado en el capital de Telefónica décadas después y no s...
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La última jornada de fichajes en cualquier deporte depara horas frenéticas hasta el cierre del mercado. La sensación de vértigo en esos minutos, con las operaciones a punto de completarse o de caer, no es muy diferente de la que parece recorrer el mundo empresarial en los últimos meses, con una potencial transacción de calado agazapada a la vuelta de cada esquina o hecho relevante. Dos han sido los protagonistas de esa montaña rusa. Por un lado, el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ha entrado en el capital de Telefónica décadas después y no se ha mordido la lengua en procesos como los de Talgo, Naturgy o la opa de BBVA a Sabadell. Por otro, Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha tomado posiciones en Colonial o ACS, al tiempo que aparecía como socio fiable y con visión industrial en las citadas Telefónica, Naturgy o Talgo. Sin embargo, en tan hilado proceso, un fleco parece haber quedado suelto. Precisamente, el movimiento que desencadenó todo.
Corría el mes de septiembre y Saudi Telecom (STC) anunciaba la compra de un 9,9% de Telefónica por 2.100 millones, lo que le convertía en primer accionista de la operadora. La letra pequeña desvelaba que, en realidad, la firma había adquirido títulos representativos del 4,9% del capital social de la española, mientras que el 5% restante lo atesoraba a través de derivados. No era cuestión casual. Al tratarse la firma que preside José María Álvarez Pallete de una sociedad estratégica, con actividades relacionadas con la defensa o la ciberseguridad, el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, establece que el Ejecutivo debe autorizar cualquier porcentaje superior al 4,99% y, por tanto, la ejecución de esos instrumentos financieros. Es decir, los saudíes quedaban en manos del Gobierno para alcanzar ese 10%. Camino de los once meses desde aquel anuncio, ese porcentaje parece dormir el sueño de los justos.
Fuentes próximas a Telefónica aseguraban semanas después del desembarco que los saudíes, tradicionalmente respetuosos con las formas y los gobiernos de los países donde aterrizan, esperaban un guiño del Gobierno para mover ficha. Si este no se producía, aguardarían. Dicho y hecho. No obstante, entre bambalinas, desde el primer día se buscan fórmulas para desfacer el entuerto a plena satisfacción -o casi- de todos los implicados. Una alternativa que se esbozó en un principio y no ha dejado de recorrer la casa es que STC aparque la ejecución de los derivados y el desembolso de unos fondos que irían al mercado secundario, a cambio de invertir esos cerca de 1.000 millones de euros en una filial de Telefónica. En ese escenario, el compromiso es que Saudi Telecom, pasado un tiempo razonable y una vez cumplidas determinadas condiciones, tuviera la posibilidad de hacer lo que se conoce como un roll-up, esto es, subir esa participación a la matriz y alcanzar ese 10% inicialmente previsto. El planteamiento interesa Telefónica. Para empezar, en lugar de difuminarse en Bolsa, el dinero engrosaría las arcas de la compañía, con el objetivo claro de destinarlo a reducir una deuda aún en el entorno de los 27.000 millones. Además, ese atajo evitaría que, por ahora, los saudíes tuvieran que pasar por las horcas caudinas del Consejo de Ministros. Para cerrar el círculo, implicaría una especie de warning a los nuevos accionistas por el modus operandi utilizado para irrumpir en la firma. De hecho, tanto conspicuos ejecutivos de la casa como el propio Gobierno siguen sotto voce reprobando las formas de STC. “Si en tres o cuatro años se portan bien...”, deslizan.
Cuestión aparte es si los saudíes pasaran ahora por el aro y aceptarán de mejor grado el escenario deseado por Telefónica, una vez forjada la pinza de la SEPI y Criteria en el capital. A fin de cuentas ha supuesto toda una demostración de fuerza. Uniendo los puntos, el mayor interés de las huestes de Pallete podría estar en que esa inyección de capital fluyera en Telefónica Tech, su firma de servicios y soluciones tecnológicas en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial o cloud. La firma, una suerte de spin-off lanzada en 2019 y de valoración esquiva, ya fue puesta en el mercado no hace demasiado tiempo en busca de un socio industrial. Fuentes próximas a la operadora han lamentado de forma recurrente cómo sus desarrollos no han tenido el vuelo que merecían, en parte por la escasa tradición de Telefónica a la hora de comercializar este tipo de productos. Necesita un empuje. El proyecto Vision 2030 de Arabia Saudí, con inversiones billonarias para transformar la economía y apadrinado por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, tiene la inversión en empresas tecnológicas extranjeras como uno de sus vectores de actuación.
El wait and see de STC importa ahora, casi un año después, en tanto podría tener impacto en las estrategias a futuro del resto de actores implicados en el rediseño del capital de la sociedad. Inicialmente, el núcleo duro español presente en el accionariado marcó una hoja de ruta que permitía mantener un status quo nacional. La idea era que CriteriaCaixa, BBVA y la recién incorporada SEPI acumularan a partes iguales hasta un 15% del capital, suficiente para compensar cualquier veleidad de STC si se quedaba en el 5%. No obstante, la espada de Damocles de ese 5% adicional que los saudíes guardaban en el zurrón y al que no se da termina de dar salida, obligó al Gobierno a disparar hasta el 10% el objetivo de participación de la SEPI, desembolsando casi 2.300 millones de euros de dinero público, y a Criteria -más recientemente- a anunciar su intención de alcanzar también otro 10%.
Sean medidas o anuncios más o menos disuasorios en plena guerra de nervios, hay pocas dudas de que acabar con el yugo de los derivados apaciguaría la presión compradora para Criteria e incluso permitiría, andando el tiempo, que el Ejecutivo se planteara aflojar las riendas y rebajar su onerosa apuesta financiera por la empresa de telecomunicaciones. Por ahora, compás de espera camino del primer aniversario del terremoto. Veremos si hay réplicas.
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