Regar la demanda ( y el precio) de la vivienda

Uno de los problemas de las líneas de avales públicos para la compra de inmuebles es el efecto inflacionario que pueden tener sobre el mercado

Cartel de venta en una fachada de un edificio en Barcelona.David Zorrakino (Europa Press)

La aprobación ayer en Consejo de Ministros de una línea de avales públicos para hipotecas por valor de 2.500 millones de euros, dirigidos a jóvenes y familias con menores a cargo, es consecuencia del acuerdo de Gobierno de coalición que el PSOE y Sumar firmaron el pasado octubre, que ya incluía la medida. La línea de avales, que se articulará mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), estará en vigor hasta 2025, aunque se contempla la posibilidad de prorrogarlo dos años más, y su objetivo es cubrir el 20% de los préstamos hipotecarios, ya que la banca suele otorgar un máximo del 80% del valor del inmueble. La idea es que, mediante los avales, los beneficiarios puedan pedir que la hipoteca incluya un 20% adicional, que en algunos casos puede llegar hasta un 25% si la casa tiene altas prestaciones energéticas. La medida incluirá también un límite de 100.000 euros de patrimonio en el avalado y un importe máximo para el valor vivienda.

La iniciativa del Gobierno ha recibido críticas no solo de la oposición, sino desde las filas de sus propios socios. Sumar recordaba ayer uno de los principales puntos débiles de los avales, el efecto inflacionario que pueden tener sobre el precio de la vivienda y la alta probabilidad de que la ayuda acabe siendo absorbida por los promotores en lugar de beneficiar a los prestatarios. Ese riesgo existe y se ha hecho palpable en otros incentivos nacidos como el mismo objetivo –como es el caso de la antigua deducción para la compra de vivienda en el IRPF, o más recientemente, de la bonificación de los combustibles de 2022–, aunque quizá el hecho de que los avales del ICO estén dirigidos a dos colectivos bien identificados, jóvenes y familias con menores, puede limitar en parte el efecto inflacionario. En cualquier caso, ese daño colateral no es privativo de esta medida, sino consecuencia de los incentivos que en general se focalizan más en estimular la demanda del mercado que en incentivar la oferta. Buena parte de los motivos que explican la evolución del precio de la vivienda es la escasez de obra nueva y las dificultades que existen para liberar suelo y facilitar la construcción de inmuebles y promociones. Se trata de un contexto en el que los poderes públicos pueden jugar un papel clave, muy especialmente en lo que se refiere al aumento del parque de vivienda pública dirigido a jóvenes y familias sin grandes recursos. Aunque el debate sobre la forma de llevar a cabo objetivo final es muy amplio, hay un consenso mayoritario en que regar la oferta supone manejar un cuchillo de doble filo y lidiar con las consecuencias.

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