Las urnas sonríen a Galán en EE UU: respira en Maine, pero toca madera con Trump
Iberdrola recibe con alivio el resultado de la consulta en Nueva Inglaterra para nacionalizar su eléctrica, una tesis con adeptos también en España
Corría el año 2001 e Ignacio Sánchez Galán se convertía en consejero delegado de Iberdrola tras dimitir como primer ejecutivo de Airtel. La eléctrica era el patito feo de un sector liderado por Endesa y Unión Fenosa, premiados en Bolsa por sus apuestas en el sector de las telecomunicaciones. El salmantino, por su parte, no tardó en identificar Estados Unidos como el mercado en el que podía crecer de forma estable y rentable, aprovechando el tirón de las renovables. Apenas seis cursos después, la firma lograba atesorar más de tres gigavatios eólicos operativos antes de dar su primer gran golpe ...
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Corría el año 2001 e Ignacio Sánchez Galán se convertía en consejero delegado de Iberdrola tras dimitir como primer ejecutivo de Airtel. La eléctrica era el patito feo de un sector liderado por Endesa y Unión Fenosa, premiados en Bolsa por sus apuestas en el sector de las telecomunicaciones. El salmantino, por su parte, no tardó en identificar Estados Unidos como el mercado en el que podía crecer de forma estable y rentable, aprovechando el tirón de las renovables. Apenas seis cursos después, la firma lograba atesorar más de tres gigavatios eólicos operativos antes de dar su primer gran golpe de mano en el país. En 2007, adquiría Energy East, una utility de distribución de electricidad y gas en Nueva York y Nueva Inglaterra. En paralelo, rivales como EDP se veían obligados a acelerar y a comprar a Horizon Wind Energy esos mismos 3,8 gigavatios, en pugna con Endesa y a rueda de Iberdrola.
No frenó ahí su ambición. El segundo gran aldabonazo se produjo en el año 2015, con la compra de UIL Holdings, una empresa de electricidad y gas de Connecticut que le permitió fusionar todos sus activos bajo la marca Avangrid, su filial estadounidense. No ha sido un esfuerzo menor. La sociedad ya capitaliza en el New York Stock Exchange (NYSE) más de 12.000 millones de dólares. Por el camino, ha tenido que afrontar un entorno regulatorio complejo, con hitos sustanciales como las revisiones tarifarias de Nueva York y Maine. También con la luz verde a líneas de transporte como las de Nueva York -en el marco del Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA)- o la New England Clean Energy Connect (NECEC), que se extiende de Quebec a Nueva Inglaterra.
La historia de éxito, empero, ha afrontado en las últimas semanas y encara en los próximos meses un verdadero cruce de caminos. Decía en 2017 Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos, que las compañías eléctricas están “en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real”. ¿Conclusión? Es preciso nacionalizarlas. Ese planteamiento llevado al límite acaba de sufrirlo en sus carnes Iberdrola no en la vieja Europa, sino en la cuna del capitalismo. Hace tres semanas, el estado de Maine llamaba a las urnas para votar la creación de una compañía eléctrica de carácter público, lo que implicaba la nacionalización de facto de las dos compañías que suministran la práctica totalidad de la energía en la zona. Una de ellas, Central Maine Power (CMP), es propiedad de Avangrid.
No es de extrañar que la firma que preside Ignacio Sánchez Galán respirara aliviada al darse a conocer el rechazo del 70% de los votantes a la creación de la empresa pública de marras, lanzada con el nombre Pine Tree Power y diseñada para comerse CMP y Versant, la otra firma afectada, de capital canadiense. El coste estimado para el contribuyente, eso sí, alcanzaba los 13.500 millones. Una factura que tal vez haya ayudado a que los votantes de Maine se hayan negado a confiar la gestión de CMP a alternativas gubernamentales empujadas por representantes políticos por segunda vez en 50 años. El debate es de largo aliento y alcance territorial, al punto que grupos activistas partidarios de nacionalizar la electricidad han florecido en diversas partes del país. Por ejemplo, en San Francisco, la organización Democratic Socialists of America ha reclamado también que Pacific Gas&Electric pase a dominio público e incluso políticos como Bernie Sanders incluyeron la propuesta en su programa presidencial. No es casual que CMP y Versant hayan gastado más de 18 millones de dólares en hacer lobby contra la iniciativa lanzada en Maine.
El desafío final
El paso definitivo para Iberdrola, no obstante, es la compra de PNM, la eléctrica de Nuevo Mexico y Texas, un proyecto varado en los tribunales y que encara, para bien o para mal, su recta final con la vista puesta en el primer trimestre de 2024. En octubre del año 2020, Avangrid anunciaba la compra de PNM Resources por 8.300 millones de dólares. Se creaba un gigante con enclaves en seis estados y activos renovables en 24 y cuya combinación generaba un valor de mercado de 21.000 millones de dólares. Pese a recibir las primeras autorizaciones, el jarro de agua fría llegaba en diciembre de 2021, cuando el regulador del estado de Nuevo México (New Mexico Public Regulation Commision) vetaba la operación por “sus inquietudes sobre el historial de servicio de Avangrid en su eléctrica de Maine y por la investigación criminal en España al primer ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán”. Desde entonces, una avalancha de recursos y la judicialización del proceso, un periplo que debería terminar como muy tarde en marzo de 2024. Es entonces cuando la Corte Suprema de Nuevo México debe decidir si rechaza la operación o la devuelve a una renovada Comisión Pública de Regulación. La compañía, que pese a los traspiés y la demora ha insistido en continuar con la transacción, puede argumentar que los obstáculos que en su día laminaron el movimiento ya no existen.
De culminarse ese proceso, solo un elemento puede inquietar la posición de Iberdrola. No obstante, se trata de un factor con un enorme potencial disruptivo y que tiene que ver con otra visita a las urnas, en este caso para elegir presidente del país en noviembre de 2024. La Inflaction Reduction Act (IRA) puesta en marcha por Joe Biden hace algo más de un año para atraer inversión industrial, a través de jugosos incentivos fiscales, no solo ha puesto entre la espada y la pared a la UE, con razón temerosa de que las empresas huyan rumbo a El Dorado americano, sino que ha tenido éxito en su efecto llamada a las empresas implicadas en sectores concretos, como las energías renovables. El programa puede saltar por los aires, empero, si como publicaba el Financial Times, Donald Trump sale elegido en los próximos comicios. Sus asesores, de hecho, ya han dejado claro que fulminará el proyecto, introducirá mayores inversiones en combustibles fósiles y dará marcha atrás en la apuesta por el vehículo eléctrico. Galán tira los dados en EE UU y, por ahora, gana. Con la nube de Trump en el horizonte.
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