Una negociación que escuche a todos
La ministra de Trabajo haría bien en aprovechar el cambio de tono por parte de CEOE para conducir un debate equilibrado sobre el alza del SMI
La intención de Yolanda Díaz, confirmada durante la toma de posesión de su cartera como ministra de Trabajo, de convocar con urgencia a los agentes sociales para aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido respondida por la patronal CEOE con una propuesta, inesperada en el fondo y en la forma, que no solo implica aceptar la medida, sino que concreta ya el umbral de subida que los empresarios están dispuestos a apoyar. La patronal, en un notable cambio de postura respecto a las anteriores alzas del SMI, no es contraria a un nuevo aumento siempre que se haga en sintonía con el del resto de las remuneraciones, lo que implica asumir un alza del 3% en 2024 (1.112,4 euros mensuales) y otro 3% en 2025 (1.145,77 euros), tal y como recoge el acuerdo de empleo y negociación colectiva que firmó con los sindicatos en mayo. CEOE pone como requisito una reivindicación que ya defendió frente a los anteriores incrementos del salario base: la indexación del SMI en los contratos públicos, como fórmula para evitar que las alzas recorten los márgenes pactados en la contratación, una demanda que también se incluyó en el último acuerdo con los sindicatos.
La oferta de CEOE se queda cuantitativamente lejos de la reivindicación de los agentes sindicales, que reclaman que el SMI se sitúe ya este año en 1.200 euros, pero supone un importante cambio de actitud respecto a al rechazo que la patronal mantuvo en anteriores negociaciones y que la llevó incluso a estar ausente de estas. La postura de los empresarios para oponerse a las alzas del salario base parte de la consideración de que la coyuntura económica inflacionista que vive España no constituye el mejor escenario para incrementar los salarios, elevar los costes laborales y amenazar la productividad.
La escalada del SMI no se ha traducido en un castigo para el empleo, como algunas voces auguraban, y ha mejorado la renta de más de dos millones de trabajadores, presionados por una inflación que ha suavizado su mordida, pero que sigue sin estar bajo control.
Aunque la decisión de las subidas es potestad del Gobierno y no está supeditada necesariamente a un acuerdo con los agentes sociales, la ministra de Trabajo haría bien en aprovechar este cambio de tono por parte de CEOE para conducir una negociación equilibrada, que esté abierta a la escucha y que evite distorsionar en exceso la factura de la producción empresarial, aunque sin renunciar a aliviar la presión de la crisis sobre los colectivos más desfavorecidos.
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