La solución italiana para frenar a los saudíes en Telefónica
Telecom Italia reduce deuda vendiendo el 80% de su red a KKR y el 20% al Estado. Telefónica podría dar entrada a la SEPI en la cabecera y en la filial de infraestructuras
Telefónica ha presentado esta semana su plan estratégico 2024-26 que dejó a los mercados fríos, como evidencia el hecho de que la acción bajara medio punto en un día de mercado alcista. El plan prevé un estancamiento de los ingresos (+1%) y del Ebitda (+2%), una ralentización de las inversiones y una promesa de crecimiento del flujo libre de caja del 10%, que tiene que permitir reducir su endeudamiento (...
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Telefónica ha presentado esta semana su plan estratégico 2024-26 que dejó a los mercados fríos, como evidencia el hecho de que la acción bajara medio punto en un día de mercado alcista. El plan prevé un estancamiento de los ingresos (+1%) y del Ebitda (+2%), una ralentización de las inversiones y una promesa de crecimiento del flujo libre de caja del 10%, que tiene que permitir reducir su endeudamiento (26.500 millones de euros) y, a la vez, sostener un dividendo anual de 0,3 euros por título. Estos datos, que no emocionan, no taparon el elefante en Telefónica: ¿autorizará el gobierno español al Estado saudí a hacerse con el 9,9% del capital de la teleco? ¿Volverá el Estado español a su capital 26 años después?
Quizás la operación aprobada el pasado fin de semana por el consejo de Telecom Italia sirva de pista a Pedro Sánchez como modelo de solución. El Gobierno español y la Comisión Europea tienen que buscar una salida al dilema entre restringir la libertad de mercado y permitir que una compañía clave, con infraestructuras básicas y esenciales para el funcionamiento de un país y para su seguridad, pueda caer en manos de un gobierno autócrata como el de Arabia Saudí, donde los derechos humanos han quedado opacados por una masa viscosa de petróleo.
Telecom Italia Mobile (TIM) lleva años siendo el objeto de deseo de inversores de medio mundo, entre ellos de Telefónica, que en 2007, con César Alierta, se asoció con Generali, Mediobanca, San Paolo y Benetton, para comprar el 23,6% de la operadora italiana. Ocho años después, Telefónica salió del avispero italiano con la venta de su participación del 8,6% de TIM a Vivendi. El grupo francés Vivendi (propietario del 9,9% del capital de Prisa, editora de este diario) ha llegado a tener el 24% de TIM, dos tercios del consejo y hasta la autorización (2017) de las autoridades europeas antimonopolio para la toma de control de la compañía. Pero siempre surgía algún obstáculo. En 2018, el fondo activista americano Elliot se alió con otros accionistas para frenar a Vivendi. En 2021, KKR lanza una OPA sobre TIM, que la pararon los franceses y el gobierno, que hizo saber su veto. En 2022, Vivendi dejó de consolidar la participación de TIM en sus cuentas, consciente de su poca influencia en la compañía, lo que le provocó que diera pérdidas en ese año.
TIM, que ha sido una inversión ruinosa tanto para Telefónica como para Vivendi, puede haber encontrado su camino. El pasado fin de semana ha aceptado la oferta de KKR sobre su filial propietaria de la red fija del antiguo monopolio italiano. Esta operación, que ya había sido acordada en verano entre el gobierno italiano de Georgia Meloni y el fondo de capital riesgo americano, permitirá que el Estado italiano tenga un 20% del capital de esta filial y ejerza un cierto control sobre la gestión de Netco, compañía que gestionara la red de TIM, que pasará de ser el dueño de la infraestructura a ser el cliente.
Esta operación, que cuenta con la total oposición de Vivendi, su mayor accionista, mata dos pájaros de un tiro: permite a TIM reducir sustancialmente su deuda y refuerza al Estado Italiano, que además de tener la capacidad legal de bloqueo de la toma de participaciones relevantes, como sucede en España, controla un 9,8% de TIM, a través del banco público Cassa Depositi e Prestiti (CDP), y ahora un 20% del capital de la filial propietaria de la red.
Telefónica tiene un equivalente similar a la Netco de TIM. Se trata Telefónica Infra, un holding que aglutina las infraestructuras de la operadora y en la que ha ido tejiendo alianzas con inversores financieros dispuestos a pagar por tener una participación que les dé una buena rentabilidad y que siga mandando Telefónica, que es la que conoce y explota el negocio. Esos ingresos han permitido a Telefónica amortizar deuda, que, junto con el estancamiento de los ingresos, es el talón de Aquiles de la compañía.
Dentro de Telefónica Infra están las compañías propietarias de las redes de fibra en España (Bluevía), Brasil (FiBrasil), Alemania (UGG) y Reino Unido (Nexfibre). En todas estas sociedades tiene a un socio con el 50%, a excepción de España donde los inversores financieros poseen un 45%. Adicionalmente, tiene Telxius, la sociedad que gestiona los 82.000 kilómetros de cable submarino, y en la que tiene de socio a Pontegadea, sociedad patrimonial de Amancio Ortega, fundador y accionista mayoritario de Inditex. Únicamente se ha quedado como minoritario en Nabiax, la sociedad propietaria de los centros de datos de Telefónica y en la que el 80% está en manos de Asterion, un fondo, con sede en España, que capta recursos para invertirlos en Infraestructuras.
Telefónica podría agrupar las participaciones que tienen en estos negocios y añadir las infraestructuras que están fuera y aún no ha compartido y, al igual que ha hecho TIM, dar entrada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esto tendría, como en TIM, el doble efecto de facilitarle ingresos con los que reducir la deuda y meter al Estado en lo central, en las infraestructuras, y, de paso, frenar a los saudíes de STC.
La incursión de la SEPI-Estado en las infraestructuras básicas no sólo no es ninguna novedad, sino que es la práctica habitual en España. En el mundo de la energía, los propietarios de las redes de alta tensión (Red Eléctrica Española-Redeia) y de la red de gas (Enagás) están controlados por el Estado a través de la SEPI, con participaciones del 5% y 20%, respectivamente. El holding público también tiene el 28% de Indra. Es el Gobierno quien controla estos consejos y quien pone y quita a los primeros ejecutivos.
Por tanto, dentro de esa lógica no debería sorprender a nadie que la SEPI comunicara a la CNMV que analiza la toma de una participación en Telefónica. Ese análisis puede llevar a que entre directamente en el accionariado de la cabecera -como el Estado italiano tiene en TIM (10%), el francés en Orange (23%) o el alemán en Deutsche Telekom (30%)-, a que tome una participación en Telefónica Infra, o las dos. Seguramente, esto tiene más sentido que implicar a Indra, una compañía que históricamente ha estado monitoreada por Telefónica, no al revés. Son fórmulas razonables de evitar que una autocracia controle Telefónica, pero no deberían ser la excusa para convertir la compañía en un ministerio.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información
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