La carrera regulatoria por controlar la IA
El paso adelante dado por la Casa Blanca apunta a fortalecer el escudo frente a China y supone una estocada a la rezagada Europa
La carrera de la inteligencia artificial es una competición principalmente tecnológica e industrial, pero todo apunta a que va a convertirse también en una batalla legislativa de primer orden. La decisión del Gobierno de EEUU de regular el sector, mediante una orden ejecutiva y sin pasar por el proceso legislativo ordinario, supone un paso adelante para controlar una actividad con un enorme potencial para comprometer derechos fundamentales y económicos, pero también secretos de seguridad nacional e intereses geoestratégicos. Tanto es así que el corazón de la normativa anunciada por la Administración Biden es la obligación de las empresas tecnológicas de compartir con el Gobierno los resultados de sus pruebas de seguridad y otra información que se considere “crucial”, un concepto jurídicamente indeterminado que tiene la amplitud de un cajón de sastre.
La orden ejecutiva de Washington llega después del compromiso que las siete empresas líderes en la IA estadounidense –Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Amazon, Anthropic e Inflection AI– adoptaron el pasado julio para gestionar los riesgos que plantea esta tecnología y adoptar medidas que aseguren que respeta los derechos de los estadounidenses. También coincide con el acuerdo adoptado ayer por el G7 sobre un código de conducta para mitigar riesgos como la desinformación y la vulneración de la privacidad o la propiedad intelectual. Pero la diferencia de estas dos iniciativas respecto a la orden ejecutiva del Gobierno de EEUU es que ambas carecen de fuerza obligatoria.
El paso adelante dado por la Casa Blanca ayudará a fortalecer la posición del país frente a China, competidor directo en la carrera por la IA y gran amenaza geoestratégica, y supone una estocada a la rezagada Europa, cuya regulación sigue todavía en el horno, siempre de lento cocimiento, de Bruselas. En cualquier caso, la futura ley europea, que impone una serie de deberes preventivos a las empresas tecnológicas, no resulta tan incisiva como la norma estadunidense, que la propia Casa Blanca definió ayer como “agresiva”.
La necesidad de extender el principio de legalidad al universo de la IA parece un objetivo irrenunciable e indiscutible, pero los límites y el contenido de las regulaciones puede y debe generar debate, como ocurre habitualmente en un Estado de derecho. Los defensores de la IA advierten de la necesidad de que las regulaciones no frenen la innovación, un extremo que muy probablemente la normativa estadounidense tenga en cuenta. La pregunta es más bien hasta qué punto una regulación regional, por imperativa que sea, puede poner límites a una actividad que no tiene fronteras.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días