Una regulación más flexible para paliar la sequía de OPV

La reforma de la normativa actual pretende reanimar el mercado y competir con las regulaciones de Reino Unido y EEUU

Vega Alonso (EFE)

Las críticas a las deficiencias del modelo regulatorio europeo, ya se trate de rigidez, de lentitud o de exceso de burocracia, han sido una constante en los últimos años y se han extendido a todo tipo de sectores. En algunos casos, como el del mercado de las telecomunicaciones, las discusiones siguen abiertas, pero en otros se han traducido en intentos de mejora. Es el caso de la normativa sobre las OPV comunitarias, cuyo proyecto de reforma será votado previsiblemente mañana en el Parlamento Europeo, y que pretende paliar la sequía de este tipo de operaciones que viven los mercados europeos, en contraste con la atracción que generan otras jurisdicciones, como la británica y la estadounidense.

La nueva normativa, conocida como Listing Act, se presentó en diciembre del año pasado y desde entonces ha superado los tiempos preceptivos de la regulación comunitaria, notoriamente más largos que los de otros países, con la vista puesta en ser aprobada antes de las elecciones europeas de 2024. El texto, cuyo objetivo es aligerar los requisitos que deben cumplir las empresas que debutan en el parqué, contiene como medida estrella la rebaja, desde el 25% al 10%, del mínimo de capital social que estas deben sacar a negociación para poder acceder al mercado. La reducción de ese umbral, vigente desde 2001, pretende facilitar la entrada de empresas, a menudo de grupos familiares, a las que disuade el 25% exigido.

La flexibilización de la normativa que regula las OPV en Europa es una necesidad objetiva ante la escasez de operaciones, pero debe garantizar convenientemente la protección de los minoritarios en supuestos como el de un accionista mayoritario que tenga hasta un 90% del capital, así como evitar que se comprometa la liquidez del valor. Los registros de salidas bursátiles arrojan los peores números desde 2018, con casos como el de España, donde el último debut fue en julio de 2022, hace más de un año. Una situación que ha llevado a la CNMV a realizar excepciones con la exigencia del 25%, como hizo con Acciona Energía, a la que se le permitió poner en circulación solo el 15%.

Las razones que subyacen a la persistente anemia que aqueja a estas operaciones en Europa no son solo regulatorias. La incertidumbre macroeconómica y geopolítica juega en contra y se suma al peso de las exigencias normativas, a lo que hay que unir también la competencia creciente de otros parqués, como es el caso de Reino Unido, que tras el Brexit ha flexibilizado su regulación. Todo ello aconseja apurar la tramitación de una normativa cuyo éxito o fracaso testará el propio mercado, pero que a priori cuenta con razones objetivas para funcionar.

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