La sostenibilidad fiscal requiere consenso
Un acuerdo entre las distintas administraciones constituye un buen punto de partida para una legislatura que no se presenta económicamente fácil
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva tiempo advirtiendo de que España debe apostar seriamente por un retorno exitoso a la senda de cohesión fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y no solo por la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales de la UE en 2025, sino por la amenaza creciente de una economía que comienza a mostrar signos de agotamiento. Su presidenta, Cristina Herrero, dibujó ayer un horizonte de variables macro que no invita a la relajación y sí a avanzar hacia una nueva legislatura focalizada en una política presupuestaria seria, eficiente y cohesionada. Pese a que la economía española continúa a la cabeza de la UE en términos de crecimiento, las cifras que maneja AIReF auguran a medio plazo un estancamiento del déficit en el 3% y de la deuda en el 100%, seguido a largo plazo de un nuevo aumento de ambas variables por el envejecimiento de la población española y la presión que esta ejercerá sobre la caja de las pensiones, la sanidad y los servicios sociales en general.
La incertidumbre económica y la desaceleración que está experimentando la actividad han comenzado a trasladarse ya a los patrones de gasto de los hogares españoles, que están aumentando su tasa de ahorro. La combinación de la inflación, que la política monetaria no termina de meter en cintura, y el razonable temor a un futuro nublado están afectando al consumo, que en términos reales sigue todavía por debajo de la tasa de 2019. A ello hay que sumar los signos de repunte de precios que se presentan en la recta final del año, la anemia de la economía europea, con especial incidencia en Alemania, y la perspectiva de una larga temporada con tipos altos de interés.
El mensaje de AIReF no solo recuerda la necesidad de que España dirija los focos hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino a la importancia de hacerlo en un clima de entendimiento y cohesión política –materializado incluso a través de un pacto país– que permita garantizar que los parámetros de déficit y deuda pública, ya sean estatales, autonómicos o locales, se gestionen bajo ritmos similares.
Para avanzar hacia ese objetivo debería solventarse una vieja asignatura pendiente –la reforma de la financiación autonómica– cuya negociación tiene capacidad suficiente para quebrar cualquier intento de acuerdo. Sin mitificar el efecto negativo que ejerce la inestabilidad y el mal clima político sobre la economía, que es real, pero limitado, parece evidente que un acuerdo entre las distintas administraciones en materia de política fiscal constituiría un buen punto de partida para una legislatura que no se presenta económicamente fácil.
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