Sobre impuestos (y recursos) de la banca española
Parece difícil que un tributo del 4,8%, aplicado dos años a unos ingresos más altos de lo usual, pueda afectar a la competencia
El pasado 20 de febrero, el Ministerio de Hacienda ingresó 637,1 millones de euros correspondientes al pago del 50% del nuevo gravamen temporal sobre las entidades de crédito incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. Según esta ley, el gravamen se aplica a aquellas entidades de crédito que, en 2019, tuvieron ingresos por intereses y comisiones superiores a 800 millones de euros. Mirando las cuentas de pérdidas y ganancias publicadas por la Asociación Española de la Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), hay nueve entidades españolas que cumplen ese criterio: Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Caixabank, Kutxabank, Abanca, Unicaja e Ibercaja.
Las entidades afectadas deberán pagar en los años 2023 y 2024 el 4,8% de los ingresos netos por intereses y comisiones correspondientes al año natural anterior (2022 y 2023, respectivamente). A partir del pago del 50% efectuado en febrero, sabemos que este año el impuesto recaudará 1.274,2 millones de euros. Se espera que el año que viene la recaudación sea similar.
Varias entidades financieras afectadas, así como la AEB y la CECA, han presentado recursos contra la aplicación de la Ley 38/2022. Me gustaría repasar aquí qué dicen los datos sobre los argumentos que cada parte alega para defender su postura, a favor o en contra, de este gravamen.
Por el lado del Gobierno, el preámbulo de la ley explicita que “en el pasado reciente importantes recursos públicos fueron movilizados para el rescate de determinadas entidades financieras.” En este sentido, aquella línea de crédito que no iba a afectar al déficit público y que no iba a costar ni un euro a los españoles en realidad fue un rescate en toda regla que lleva acumulados, según el último informe del Banco de España de 20 de noviembre de 2019, 65.725 millones de euros en pérdidas de fondos públicos que no se van a recuperar. Estos fondos se destinaron a la recapitalización y saneamiento de entidades que luego se fusionaron con o se vendieron a precio de saldo a algunos de los mismos bancos que hoy han de pagar el gravamen extraordinario. De estos fondos destacan los 20.612 millones de euros destinados a entidades que luego formaron parte del grupo CaixaBank, los 15.606 millones de euros de entidades del grupo BBVA, los 12.703 millones de euros a entidades integradas en el grupo del Banco Sabadell, los 9.277 millones de euros destinados a Abanca, los 5.111 millones de euros a Unicaja, o los 392 millones de euros a Kutxabank.
Por otro lado, también el preámbulo de la Ley 38/2022 identifica a las entidades de crédito como uno de los sectores para los que la actual escalada de precios provoca beneficios extraordinarios que podrían ser gravados de manera temporal y excepcional. Según las cuentas públicas de estas 9 entidades, en el año 2022 tuvieron unos beneficios después de impuestos de 17.420 millones de euros. Esto es 2 veces mayor que el beneficio promedio de estas entidades entre 2014 y 2021, excluyendo 2020, el año de la pandemia, en el que estas entidades tuvieron, en conjunto, pérdidas.
Por el lado de los bancos, se hace referencia al posible impacto negativo sobre la competencia derivado de que el gravamen se aplique a unas entidades y no a otras. En este sentido, no hay que olvidar que estas 9 entidades de crédito representan, aproximadamente, el 82% de todos los activos del sector en España. Es difícil pensar cómo un impuesto del 4,8% aplicado dos años a unos beneficios más altos de lo normal pueda tener un impacto significativo a la competencia, o falta de ella, derivada de esa enorme concentración del negocio.
Un segundo argumento asegura que el sector bancario en España ya paga muchos impuestos, más que otros sectores o que bancos en otros países. Se hace referencia a un estudio de PwC sobre la contribución tributaria de los principales grupos bancarios en 2021 para asegurar que el sector bancario en España, si se incluye todo lo que paga al Estado, ya contribuye un 50% de sus beneficios antes de impuestos y que ese porcentaje se elevará al 60% con el nuevo impuesto. Esta situación colocaría a España en el primer puesto del ranking de países europeos cuyas entidades de crédito contribuyen más fiscalmente (hasta ahora ha sido el segundo).
Sin embargo, cuando se lee el informe de PwC en detalle, es necesario resaltar varios aspectos metodológicos de ese estudio. En primer lugar, solo se incluyen 4 países en la comparación con España: Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. En segundo lugar, el resultado de esta comparación no se basa en datos reales sino en un modelo impositivo teórico aplicado a un banco típico. Por último, podemos mirar los datos reales sobre el impuesto de sociedades que han pagado estas instituciones. En los nueve años que van entre 2014 y 2022, estas nueve entidades de crédito han tenido un beneficio total antes de impuestos de 81.044 millones de euros. En esos mismos años, según sus cuentas de pérdidas y ganancias, han pagado un total de 6.575 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades. Esto refleja un tipo impositivo medio del 8.1% respecto a este impuesto, muy lejos del tipo aplicable a los bancos del 30%.
Estos son los datos. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Hugo Rodríguez Mendizábal es doctor en Economía por la University of Chicago, científico titular del Instituto de Análisis Económico (CSIC) y colaborador de Agenda Pública
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