Tablas por ahogado en el debate de las pensiones
Escrivá ha sorteado una situación explosiva con una reforma posibilista que pone el foco sobre ingresos, pero deja bien abierta la puerta a una pronta revisión
Dentro de la infinita complejidad del ajedrez, una de las situaciones más paradójicas son las tablas por ahogado: cuando un jugador no puede hacer movimientos legales porque cualquiera de las opciones genera una situación (ilegal) de jaque. Algunos de los problemas de más difícil factura tratan, precisamente, de que un jugador en desventaja busque tablas por ahogado.
Allá por 1996 José Barea, en calidad de responsable de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, alertó de la futura quiebra de las pensiones si se revalorizaban en función del IPC. La Seguridad Social, por el contrario, registró superávit desde entonces y durante la primera década del siglo. El aumento del empleo ligado a la burbuja inmobiliaria pudo más que los malos augurios.
La reforma presentada por el Gobierno con el aval de Bruselas ataca el lado de los ingresos mediante una subida de cotizaciones más intensa en los tramos de rentas más altas. No es la reforma definitiva, ni parece pretender serlo, pues actúa mucho en ingresos y poco en gastos; de hecho, retira el factor de sostenibilidad (que rebajaba la cuantía de las nuevas pensiones) y garantiza la revalorización conforme al IPC.
El escenario que plantea Airef recoge un aumento de los ingresos de 1,3 puntos de PIB en el año 2050 y un alza del gasto de 2,4 puntos. El impacto neto es un 1,1% de PIB de déficit adicional, y el gasto en pensiones tocaría máximo en 2049 con el 14,8% del PIB (en 2022 fue del 11,7%). Ahora, un crecimiento económico algo mayor (0,3 puntos más, sobre una tasa media per cápita del 1% de 2027 a 2049) recorta al 13,5% sobre PIB el gasto en pensiones. En otras palabras, pequeñas modificaciones en las premisas tienen consecuencias significativas en el largo plazo.
“Las pensiones son una decisión política. Quién paga y cuánto paga, cuánto cobran los jubilados y cuándo lo cobran”, explica un economista. Se trata de equilibrar contribuciones de trabajadores, empresarios y, ocasionalmente, impuestos con los derechos, en tiempo y dinero, de los jubilados. Un equilibrio con múltiples efectos secundarios sobre la economía y la sociedad. Por eso, la simplificación del debate no ayuda. Las pensiones son una hoja Excel de doble entrada que no se puede cerrar hasta que cuadre. Pero tampoco se pueden obviar los números.
“La solución a largo plazo no puede ir solo por la búsqueda de ingresos”, rebate otro académico, “porque habrá años en los que la pirámide de población se convierta en un champiñón: crece la población mayor y baja la joven. Y aunque España tiene menos presión fiscal que la media europea, su diseño hace que sea muy intensiva en las cotizaciones sociales que distorsionan mucho porque son un impuesto al trabajo, y no ayudan a reducir el paro”.
Es entendible la timidez a la hora de meter tijera: en España los pensionistas son 11 millones de personas. Los votantes convocados a las próximas elecciones, 35 millones. Obviar el componente político en un año electoral de alto voltaje es hacer trampas al solitario, sobre todo si se mira más allá de los Pirineos. Los apartados que más rechazo han generado en Francia han sido el aumento de los años cotizados para cobrar el 100% de la pensión (de 41 a 43) y el alza de la edad mínima (de 62 a 64 años).
La reforma Escrivá incentiva la prolongación de la vida laboral, pero se ha dejado por el cambio el alza en el periodo de cálculo de la pensión (permitiendo excluir los años con menos cotización). Una medida que, ligando los años trabajados a la prestación, corrige el gasto pero, en vez de limitar la redistribución del dinero, limita la redistribución del tiempo. Ahora trabajadores con carreras largas subvencionan la pensión de otros con carreras cortas.
El papel de Bruselas
“Nuestro sistema no está tan desequilibrado”, explica un economista cercano al Ejecutivo. “Nos gastamos el 13% del PIB en pensiones, pero en Italia es el 17%. No tenemos colectivos privilegiados como en Francia, y la edad efectiva de jubilación está en 64 años y medio”. Esta base emana, de hecho, de la dura reforma de 2011, realizada bajo el yugo de la prima de riesgo y que ya aplicó factores de corrección.
Una de las claves de la reforma actual es la validación de Bruselas. La Comisión Europea ha dado su visto bueno a las medidas, principalmente a un compromiso de revisión muy rígido a partir de 2025: si la senda de ingresos y gastos descarrila tocará realizar ajustes con plazos que están, incluso, ya tasados. En buena medida, el propio Gobierno ya abre la puerta a una segunda vuelta de la reforma.
Si finalmente se necesita dicha reforma, el Ejecutivo de turno afrontará nuevas decisiones. Rebajar las pensiones tiene impacto político, pero también social, en particular con pensiones mínimas de menos de 1.000 euros. Actuar sobre los ingresos implica elevar el coste laboral para las empresas. Y se puede optar, también, por financiar partidas de pensiones con cargo a impuestos. O por pagar prestaciones con cargo a deuda durante los años en los que los hijos de la natalidad baja pagan la pensión de los baby boombers. Pero estas dos medidas dejan menos margen para dedicar el dinero público a invertir en educación, defensa, ciencia, infancia o infraestructuras. Nada es gratis.
El Gobierno estaba forzado a causa de sus compromisos por Bruselas a aprobar una reforma, y a hacerlo en año electoral. Pensar que de este contexto saldría la solución definitiva es poco realista. Escrivá ha podido maniobrar para obtener un consenso del que ha salido la oposición (año electoral) y la CEOE, que a juzgar por fuentes relacionadas con el proceso, podría haber matizado algunos aspectos de haber permanecido en la mesa. De una posición en desventaja sale en tablas. Además de que no hay ganadores ni perdedores claros, tampoco restan muchas piezas por mover. A partir de 2025, ya sea mediante el mecanismo de ajuste automático (si las cifras se desvían) o por voluntad propia, tocarán nuevas decisiones.
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