La ventaja competitiva en el sector jurídico está en saber dónde y cómo usar la IA
Los abogados ya integran esta tecnología en sus flujos de trabajo. El reto ahora es medir su impacto, evitar dependencias y mantener el control profesional
La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta destinada a realizar búsquedas documentales, resumir textos o elaborar borradores para convertirse en un apoyo capaz de acompañar al profesional jurídico a lo largo de todo un asunto. Ese cambio de paradigma centró el quinto think tank legal, organizado por Aranzadi LA LEY y moderado por el periodista experto en asuntos legales Marcelino Abad. Profesionales de despachos de abogados y asesorías jurídicas de empresa analizaron cómo pasar de la adopción de la IA a su integración efectiva en todos los procesos del flujo de trabajo.
Más allá de la automatización de tareas, la irrupción de estas herramientas está obligando a repensar cómo gestionar uno de los principales activos de despachos y asesorías: el conocimiento. “El gran reto es pasar de un modelo basado en conocimiento personal a otro en el que ese saber individual sea patrimonio compartido y aprovechable por toda la organización y entre en el flujo de trabajo cuando sea necesario”, explicó Alejandro Galiana, director de desarrollo de negocio legal de Aranzadi LA LEY.
La misma idea fue argumentada por Inês Figueira, directora de gestión del conocimiento y operaciones legales de Galp, quien destacó que “el conocimiento es poder y que las herramientas de inteligencia artificial lo democratizan”. Para Antonio Cobos, ejecutivo de tecnología y transformación de Andersen, esa democratización hará que el acceso a la información deje de ser una ventaja competitiva. “Lo que te hará diferente ahora es la manera en la que usas la IA”, sostuvo.
Beatriz Pérez-Olleros, directora de producto y soluciones de mercado de Aranzadi LA LEY subrayó también la capacidad de la inteligencia artificial para ayudar a despachos y asesorías a adelantarse a las demandas del mercado. “Anticiparse a las necesidades del cliente es otra de las ventajas competitivas que nos puede facilitar la IA. Es una gran oportunidad”, indicó.
Una reflexión compartida por Luis María Latasa, socio y director de derecho digital y propiedad intelectual de Ejaso, que considera que el verdadero elemento diferencial para despachos y asesorías no estará en disponer de una determinada tecnología, sino en la capacidad para “integrarla sin fricciones dentro de los procesos y convertirla en una herramienta útil para el negocio”.
Por su parte, Jesús Olmedilla, director de operaciones legales del Banco Santander, remarcó que la IA está impulsando un cambio estructural en la forma de trabajar de las asesorías jurídicas. Y es que, ya no solo deben integrar nuevas herramientas en sus procesos, sino que además deben adaptar su forma de trabajar a una tecnología cada vez más capaz de intervenir en tareas de análisis y razonamiento.
Dependencia
La implantación de estas tecnologías obliga también a reforzar la relación con las compañías que las desarrollan. “La confianza en el proveedor no depende solo de que los datos estén en circuitos cerrados; también implica darle acceso a parte de tus flujos de negocio”, advirtió Violeta Arnaiz, directora de propiedad intelectual, IA y software de Pons IP.
Esa necesidad de encontrar socios tecnológicos fiables adquiere aún más importancia en un contexto en el que las organizaciones no apuestan por una única herramienta de inteligencia artificial, sino por distintas soluciones adaptadas a cada proceso, tarea o equipo. “Es necesario escalar productos según las necesidades de cada área. Hay que trabajar mano a mano con los proveedores de soluciones de inteligencia artificial jurídica para construir una estrategia competitiva”, señaló Cobos.
Junto a las oportunidades, el debate puso de manifiesto una preocupación compartida: la dependencia tecnológica. “Dar acceso a una herramienta de IA es como dotar al profesional de una capa de superabogado; pero si desarrolla una dependencia excesiva de ella, puede acabar volviéndose en su contra”, alertó Arnaiz.
Esta cuestión preocupa especialmente en el caso de los abogados más jóvenes. “La tecnología alucina a veces, así que poner a disposición de un júnior estas herramientas puede ser como darle un Ferrari a un conductor novato”, apuntó Figueira. Para superar esta situación, Latasa defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de control a medida que aumenta el uso de estas soluciones tecnológicas. “Estamos intentando que la supervisión vaya en las distintas fases del flujo de trabajo y no solo al final”, comentó.
En este punto, según Cobos, el desafío consiste en evitar que la tecnología sustituya determinadas experiencias formativas fundamentales que permiten desarrollar el criterio profesional.
Medir el valor
Superada la fase inicial de experimentación en el sector legal, el debate ya no gira en torno a la adopción de la tecnología, sino a su impacto real. “La integración está siendo muy rápida, pero ahora toca entender dónde la IA aporta realmente valor y dónde no”, observó Pérez-Olleros.
En este sentido, Olmedilla resaltó que la implantación de cualquier herramienta debe responder a una necesidad concreta y acompañarse de indicadores que permitan medir si realmente cumple su propósito. “Cuando implantas algo, lo haces para algo. A partir de ahí estableces KPI de seguimiento, pero también necesitas un modelo de control”, afirmó.
La mesa cerró el debate con una conclusión compartida: el criterio profesional nunca va a sustituirse por la IA. La inteligencia artificial puede democratizar el acceso al conocimiento y multiplicar la productividad, pero las decisiones, la responsabilidad y la capacidad para interpretar contextos complejos seguirán dependiendo de las personas. Como resumió Olmedilla, el verdadero cambio consiste en pasar del “no se puede” al “sí se puede, pero con control”.