Debilitar el sistema español afectará a la lucha contra la delincuencia transnacional
Las organizaciones criminales utilizan sofisticadas estructuras societarias, recurren a la IA para falsificar documentos y aprovechan cualquier fisura de los sistemas jurídicos para ocultar el origen ilícito de los fondos
Las grandes reformas institucionales exigen tres virtudes: ciencia, experiencia y prudencia. Cuando un país dispone de un modelo que ha demostrado durante dos décadas su acierto y eficacia, que es objeto de estudio por otras naciones y que ha contribuido decisivamente a proteger la economía, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, cualquier modificación de sus pilares debe responder al interés general y sustentarse en razones objetivas, nunca en intereses corporativos ni en la búsqueda de nuevos espacios competenciales.
España posee un modelo exitoso en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo, que está sirviendo de modelo de referencia. Las organizaciones criminales actúan con dimensión internacional, utilizan sofisticadas estructuras societarias, recurren a la inteligencia artificial para falsificar documentos y aprovechan cualquier fisura de los sistemas jurídicos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Hoy, en un mundo globalizado, el debilitamiento de un país en esta lucha afecta a los demás.
La experiencia ha demostrado que una pieza sólida es el documento público notarial. El notario identifica personalmente y al comienzo a quienes intervienen, verifica su capacidad y legitimación, analiza la legalidad del negocio jurídico, examina la coherencia económica de la operación, aprecia circunstancias de riesgo, que difícilmente pueden detectarse mediante controles a posteriori y, cuando concurren los presupuestos legales, comunica la información necesaria a las autoridades competentes.
Sobre esa función preventiva se ha construido en España una de las infraestructuras de información jurídica más sólidas avanzadas de Europa y del mundo: el Índice Único Informatizado, el Órgano Centralizado de Prevención y la Base de Datos de Titular Real.
Su utilidad es indiscutible para jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, unidad de inteligencia financiera y demás autoridades competentes en la investigación de delitos económicos, blanqueo de capitales, corrupción, fraude fiscal y financiación del terrorismo. Su eficacia ha sido reconocida en las evaluaciones internacionales sobre el sistema español de prevención del blanqueo.
Durante años, delegaciones de todo el mundo han visitado España para conocer este modelo. La Unión Internacional del Notariado lo ha presentado en numerosos foros como una buena práctica y un modelo de cooperación eficaz entre el notariado y los poderes públicos. Precisamente por ello resulta difícil comprender que, mientras muchos países estudian cómo aproximarse al modelo español, España se aparte y plantee reformas que pueden socavar sus fundamentos. En España el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública introduce modificaciones que implican un cambio profundo. Quienes presentan esta transformación como un simple ajuste procedimental pasan por alto que facilitará las actividades delincuenciales y, sobre todo, alterará un sistema cuya fortaleza reside precisamente en la inmediatez y en la eficacia del control previo, que es el único preventivo.
Cuando el crimen económico es cada vez más sofisticado, la respuesta debería consistir en reforzar los instrumentos preventivos que funcionan, no en sustituirlos por otros cuya eficacia práctica, cuando menos, es incierta.
Esto nos conduce a una cuestión que merece una reflexión serena y que afecta incluso al ámbito internacional. Si estas medidas no favorecen al país, ni a los ciudadanos, ni a las empresas, ¿cuál es la razón de la implementación del documento privado y la inscripción constitutiva de participaciones sociales? Esta pregunta sólo se responde si a su vez nos cuestionamos: ¿a quien beneficia tal medida? Beneficiará a los registradores españoles personalmente, pero no al registro como institución, pues, de llevarse a cabo, a medio plazo acabará degradando el registro, ya que su calidad no depende de los efectos de la inscripción, sino de la calidad de los documentos que a él acceden y, en el Anteproyecto, se prevé el documento privado. Esto es algo totalmente contrario al principio hipotecario internacionalmente aceptado de titulación pública.
España constituye una singularidad en el panorama comparado en cuanto al modelo de organización registral. A nivel internacional son conocidas la fuerte presencia y las continuas influencias de los registradores españoles a fin de justificar y obtener nuevos espacios competenciales. Debe preguntarse si resulta conveniente seguir ampliando progresivamente el ámbito competencial de un modelo excepcional, como es el registro español en el Derecho comparado, cuando ello implica desplazar funciones preventivas que han demostrado una eficacia extraordinaria.
Las instituciones no deben competir entre sí, deben complementarse y colaborar. Romper equilibrios por intereses corporativistas no fortalece los sistemas, los debilita. Hoy peligra el sistema español, admirado internacionalmente, que ha demostrado su eficacia frente al blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo y que ha permitido una cooperación ejemplar entre el Notariado y las autoridades públicas.
Las reformas se justifican cuando corrigen deficiencias. Pero son peligrosas cuando se apartan de la realidad y destruyen fortalezas consolidadas por intereses difíciles de justificar. Y en la lucha contra la delincuencia transnacional lo que debilita a España perjudica a las demás naciones.