La abogacía no cabe en una hoja de cálculo
La pasarela al RETA no es un capricho corporativo ,es una cuestión de equidad, protección social y seguridad jurídica
Este martes, 26 de mayo, la comisión parlamentaria que trabaja sobre la ponencia de la ley que regulará la futura pasarela al RETA tiene ante sí una votación de enorme trascendencia. No se trata de un trámite más. De lo que allí se decida dependerán las certezas, las soluciones y la tranquilidad de miles de profesionales y de sus familias, que llevan demasiado tiempo esperando una respuesta justa, real y sin exclusiones.
El aplazamiento de la votación prevista el pasado 20 de mayo, motivado por el veto presupuestario del Gobierno, no fue un hecho menor. Aplazar un debate legislativo de esta naturaleza no retrasa solo un calendario: retrasa derechos, prolonga la incertidumbre y mantiene abierta una inquietud que afecta directamente a quienes han dedicado su vida profesional a defender los derechos de los demás.
Desde entonces, la negociación ha quedado condicionada a la espera de informes económicos del Gobierno llamados a valorar la solvencia de la pasarela al RETA en los términos actualmente recogidos en la ponencia. Conviene decirlo con toda claridad, para que no haya equívocos: el ICAM comparte que cualquier solución debe ser viable. La responsabilidad presupuestaria importa. La sostenibilidad del sistema importa. Y precisamente por eso el Colegio encargó en su día a la catedrática y expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas un informe jurídico que abordara una solución normativa rigurosa, ordenada y viable para articular una pasarela voluntaria y temporal al RETA.
Pero una cosa es exigir viabilidad y otra muy distinta es convertir la viabilidad en excusa para vaciar de contenido una solución justa. Una cosa es incorporar el análisis económico a la toma de decisiones públicas, y otra subordinar los derechos de miles de ciudadanos a una hoja de cálculo que no alcanza a medir ni la dignidad profesional, ni la seguridad jurídica, ni la dimensión humana del problema.
Porque lo que se discute no es un mero ajuste técnico. Lo que se discute es el alcance efectivo de derechos fundamentales en un Estado social y democrático de Derecho: el derecho a una protección social suficiente, el derecho a una previsibilidad normativa, el derecho a que el Estado —cuando regula— lo haga desde el interés general y no desde la comodidad administrativa. Y, sobre todo, el derecho a que nadie quede atrapado en un sistema sin alternativas reales y sin garantías equiparables.
Esta es la idea que no podemos permitir que se diluya entre trámites, enmiendas e informes.
No se trata de despreciar la economía. Nadie sensato lo haría. Los informes económicos pueden y deben acompañar a la política pública; pero no pueden sustituir al juicio de justicia que corresponde al legislador. La dignidad profesional no es un sumatorio. Y la tranquilidad de un ciudadano —que mira al futuro con la esperanza de que, si enferma o envejece, existirá un marco de protección suficiente— no puede quedar supeditada exclusivamente a una celda de Excel.
Además, en este debate hay algo que el ICAM ha querido situar siempre en el centro: el protagonismo no lo tiene ninguna institución, ni ningún partido, ni ningún cálculo administrativo. El protagonismo lo tienen los afectados. Más de 1.100 cartas de abogados y abogadas mutualistas han sido depositadas en el Congreso de los Diputados a través del ICAM. No son papeles. Son testimonios. Son voces. Son la expresión serena, firme y legítima de quienes piden una pasarela al RETA justa, viable y sin exclusiones.
La abogacía conoce bien el valor de la seguridad jurídica. La defendemos cada día para otros. Por eso mismo debemos exigirla también cuando se legisla sobre nuestro propio marco de protección social. Y debemos hacerlo con rigor, sin demagogia y sin simplificaciones.
Desde el ICAM queremos trasladar un mensaje sereno pero firme a quienes mañana tienen la responsabilidad de votar: legislen con rigor, sí; pero legislen también con justicia. Escuchen a los afectados. Lean sus cartas. Atiendan a la realidad profesional de quienes durante décadas confiaron en un marco normativo que hoy se revela insuficiente. No confundan viabilidad con restricción. No conviertan un problema social en un mero expediente técnico. Y no olviden que el Derecho no está para explicar por qué algo no puede hacerse, sino para hacer posible lo que es justo de manera ordenada, solvente y garantista.
La pasarela al RETA no es un capricho corporativo. Es una cuestión de equidad, protección social y seguridad jurídica. Y es también una prueba de la calidad de nuestra democracia: la prueba de si somos capaces de diseñar normas que protejan a las personas sin reducirlas a un coste; de si somos capaces de mirar más allá del Excel y recordar que cada fila representa una biografía, una carrera profesional, una familia y un futuro.
Los derechos no se vetan. Los derechos no se aplazan indefinidamente. Los derechos se garantizan.
Y esa es la responsabilidad que corresponde ahora a quienes tienen la potestad legislativa: construir una solución jurídicamente sólida, económicamente viable, socialmente justa y humanamente decente.