Noel de Dorremochea (candidato a decano IPCM): “Queremos conseguir que Lexnet cierre a las 12 de la mañana para favorecer la conciliación”
El procurador dimitió de su cargo de vicesecretario alegando una campaña de desprestigio
Noel de Dorremochea goza nacionalidad española y francesa y de formación internacional (estudió su último año de secundaria en Salt Lake City, Estados Unidos). Hace quince años comenzó su carrera como procurador de los tribunales después de conocer de primera mano a la profesión trabajando como oficial habilitado de procurador durante ocho años. El amor por la procura tiene raíces familiares: tanto su padre como hermana se han dedicado a esta dura profesión. “La satisfacción de ayudar compensa todo el trabajo y esfuerzo”, asegura. Descontento por la gestión de la junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid (IPCM), institución en la que ostentaba el cargo de vicesecretario y de vocal tercero, presentó su candidatura —VotaNoel.com— junto a dieciséis compañeros (nuevo hombres y siete mujeres) para “conseguir un colegio transparente y cercano” tras el adelanto de elecciones. De segunda espada, le acompaña la actual presidenta del Instituto de Mediación y de la Corte Arbitral, Marisa Montero. Su objetivo es ocupar el puesto que ha dejado vacante García Barrenechea, quien, a su vez, se ha postulado a la presidencia del Consejo General de Procuradores de España.
CincoDías ha lanzado la misma batería de preguntas a los tres candidatos a ocupar la silla de decano del colegio madrileño, el más numeroso de España y una de las corporaciones de mayor antigüedad —celebró su 450 aniversario en mayo de 2024—. Las preguntas son las mismas para cada uno de ellos y versan sobre sus propuestas para mejorar la situación de sus compañeros y su visión institucional.
La campaña electoral ha comenzado agitada con las denuncias Noel de Dorremochea de malas prácticas —faltas de respeto e insinuaciones— que la junta electoral del colegio está decidida a zanjar. El propio De Dorremechea dimitió de su cargo de vicesecretario abrumado por esta campaña.
La cuenta atrás para conseguir el apoyo de sus compañeros —están convocados a votar unos 1.400 procuradores— ha comenzado: las elecciones serán el próximo jueves 26 de febrero.
El más atípico de los candidatos, desarrolló parte de su trayectoria profesional en Pepe Jeans London, como responsable del departamento de licencias e internacional. Es socio fundador de Mar Infinito SL, una empresa especializada en la organización de eventos náuticos y actividades de team building. “Me encanta navegar a vela, por eso fundé esta empresa”, admite.
Pregunta. ¿Por qué quiere ser decano del Colegio de Procuradores de Madrid?
Respuesta. Más que una decisión personal, es una decisión de equipo: somos 16 procuradores, la mayoría con más de una década de experiencia en juntas de gobierno, que hemos decido dar el paso para para conseguir un colegio transparente, cercano y sobre todo al servicio de los colegiados, para que lo sientan como propio, en especial los despachos unipersonales que a veces con tanto cambio normativo y organizativo de los tribunales se encuentran huérfanos y necesitan un apoyo firme del ICPM.
P. ¿Qué situaciones del colectivo considera que necesitan de una actuación urgente del colegio?
R. Queremos estudiar bajar la cuota variable para beneficiar a todos los procuradores, con una política económica meticulosa que adapte las cargas económicas de los procuradores para ajustarlas al coste real y al retorno de su contribución. Potenciar la justicia gratuita con mejores retribuciones y con un sistema de gestión ágil. Es urgente desarrollar el artículo 593.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para consolidar al procurador como colaborador activo del órgano judicial, no solo como representante procesal. Esto agilizará la ejecución y descargará a los juzgados de tareas instrumentales. Además, hay que renovar el sitio web con herramientas útiles para el ejercicio de la profesión, como una base de datos al servicio del colegiado y nuevos canales de comunicación.
P. ¿Qué remedios propone a los procuradores madrileños desde su candidatura?
R. Además de lo ya señalado, dotar de mayor contenido a los salones de procuradores, tanto para los colegiados como los ciudadanos. Un ejemplo sería el reenvío de las notificaciones en papel al procurador, o incluso la presentación de copias en papel de las demandas sin necesidad de desplazarse. Conseguir que el buzón de las notificaciones de Lexnet adelante su hora de cierre a las 12 a.m. para favorecer la conciliación. Potenciar las relaciones institucionales para que nos consideren unos interlocutores serios y fiables. Es fundamental el desarrollo de las funciones de ejecución por parte de los procuradores a fin de ayudar a la administración de justicia, más en este momento en el que la implantación de los tribunales de justicia está siendo laboriosa y los procuradores podemos ser un colaborador útil. Creemos que se puede bajar la cuota variable para ajustarlas al gasto real, sin tocar la fija de 43 euros mensuales.
P. ¿Ha impulsado desde su anterior posición alguna de las medidas que propone?
R. Sí, entre ellas hemos fortalecido el centro de resolución de conflictos y la corte de arbitraje del ICPM. Los medios adecuados de solución de controversias (MASC) son obligatorios, por lo que debemos verlo como una oportunidad para que el procurador forme parte desde antes del procedimiento judicial.
P. La junta electoral ha afeado algunas conductas durante la campaña, como descalificaciones personales ¿Qué parte de responsabilidad (o no) asume como candidato/a en esta campaña?
R. Asumo el paso adelante que promoví junto a seis miembros de la junta —hoy parte de mi candidatura—al forzar el adelanto electoral para frenar una gestión personalista de la vicedecana, Carmen Giménez Cardona, ejercida sin la necesaria delegación ni transparencia. Presentamos una queja ante el Consejo General por nombramientos discrecionales, y por la opacidad en la organización de cursos y designación de profesores, contrarias a la ética profesional y al Estatuto del ICPM. También votamos en contra de los presupuestos de 2026 por tres motivos: el aumento excesivo del gasto en personal, la previsión de mayores cuotas variables pese al descenso del 36% en litigiosidad civil, y un incremento desproporcionado que multiplicaba por cuatro los gastos variables respecto a 2024.