La falta de convalidación del decreto ómnibus colapsa el trabajo de los graduados sociales
Su caída vuelve a situarnos ante un escenario de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación que, en la práctica, recae sobre los despachos profesionales, empresas y trabajadores
La reciente no convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, conocido como decreto ómnibus, constituye un nuevo golpe a la seguridad jurídica en el ámbito laboral, de Seguridad Social y de gestión de nóminas. Este hecho afecta de manera directa y muy negativa al trabajo diario de los graduados sociales, profesionales cuya labor garantiza el correcto cumplimiento de la normativa en miles de empresas y relaciones laborales a lo largo de todo el país.
El decreto ómnibus incluía medidas esenciales, como la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, ajustes en la cotización a la Seguridad Social y diversas modificaciones en materia de pensiones. Su caída vuelve a situarnos ante un escenario de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación que, en la práctica, recae sobre los despachos profesionales, las empresas y, en última instancia, los trabajadores. La ausencia de convalidación no es un mero tecnicismo parlamentario, es un hecho que repercute de manera tangible y cotidiana en la gestión laboral y social.
Desde nuestro colectivo, ya advertimos de los riesgos de esta situación con suficiente antelación. En 2024 remitimos un escrito formal a la Ministra de Trabajo y Economía Social, así como al presidente de la CEOE y al secretario de Estado de Trabajo, instando a que la actualización del SMI y otras medidas laborales esenciales se aprobaran en tiempo y forma, con el objetivo de evitar los problemas organizativos y técnicos que provoca la aprobación tardía de normas críticas para el funcionamiento del sistema laboral y de Seguridad Social.
A comienzos de 2025, reiteramos esta misma petición, insistiendo en la necesidad de dotar de estabilidad y previsión al marco normativo. Pese a estas advertencias, la falta de convalidación del Real Decreto-ley ha vuelto a reproducir los efectos negativos que ya sufrimos en ejercicios anteriores, y esto ha tenido una consecuencia clara, que los graduados y graduadas sociales, que ejercemos un papel esencial como garantes de la correcta aplicación de la ley, nos encontramos nuevamente en un entorno de improvisación normativa, con todos los problemas que ello conlleva.
Entre los perjuicios más evidentes para nuestra labor profesional se encuentran la imposibilidad de cerrar nóminas y cotizaciones con criterios claros; la necesidad de rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos; un aumento injustificado de consultas, reclamaciones e incidencias administrativas; y una sobrecarga de trabajo extraordinaria que recae directamente sobre los despachos, sin compensación alguna. Todo ello genera un deterioro de la relación con clientes y empresas, quienes reciben mensajes contradictorios y sufren las consecuencias de la inseguridad normativa.
No estamos ante un hecho aislado. En diciembre del año pasado se produjo una situación muy similar con el Real Decreto-ley 9/2024, también un decreto ómnibus que no logró los apoyos necesarios. La repetición de este escenario evidencia una preocupante falta de previsión y de consideración hacia los operadores jurídicos y profesionales que hacen posible la aplicación efectiva de las normas.
Resulta imprescindible comprender que la legislación laboral no se aplica de manera abstracta, se implementa día a día en miles de empresas y afecta a millones de trabajadores. Cada retraso, cada vacío normativo, se traduce en cálculos incorrectos, conflictos innecesarios y cargas de trabajo extraordinarias que, a fin de cuentas, recaen sobre quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. La política no puede legislar de espaldas a esta realidad profesional, ni trasladar sistemáticamente el coste de la inacción al tejido profesional que sostiene el sistema.
Creo que es necesario y urgente, que las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con claridad, previsibilidad y estabilidad normativa. La legislación no puede convertirse en un campo de experimentación sin consecuencias; debe garantizar seguridad jurídica y previsión, tanto para los profesionales que la aplican como para los ciudadanos que dependen de su correcta ejecución.
La no convalidación del decreto ómnibus es un síntoma de una forma de legislar que genera caos, incertidumbre y sobrecarga administrativa. Es hora de que las autoridades reconozcan que la seguridad jurídica no es un lujo, sino un pilar para el correcto funcionamiento de nuestra economía y sociedad. El Estado debe garantizar que podamos desempeñarla con las herramientas y estabilidad que merecemos.
Solo con planificación, previsión y respeto a la realidad profesional se podrá evitar que situaciones como la actual se repitan, garantizando así un sistema laboral eficiente, justo y sostenible. No podemos permitir que la inacción política siga trasladando costes y problemas a los despachos y, por ende, a las empresas y trabajadores que dependen de nuestro asesoramiento.