Comunicación jurídica clara: un derecho que fortalece la democracia
una sociedad que entiende sus reglas delibera mejor, decide mejor, confía más en sus instituciones y es más libre
En un contexto en el que a menudo se discute a golpe de titular, entender qué dicen las leyes es un derecho cívico. Y exige, en particular, un compromiso activo por parte de quienes las interpretan, las aplican y las comunican a la sociedad. Esta convicción guía el compromiso del Colego de la Abogacía de Madrid (ICAM) con una comunicación clara: reforzar nuestra utilidad pública, contribuir al diálogo democrático y poner al servicio de periodistas, instituciones y ciudadanía el conocimiento experto de la abogacía madrileña.
Este compromiso se concreta en una iniciativa pionera: Claves jurídicas de la actualidad, una herramienta rigurosa, clara y accesible que traduce los debates sociales complejos al lenguaje del Derecho. Con este formato —fichas divulgativas breves, orientadas al uso y firmadas por especialistas—, el ICAM tiende un puente entre la técnica jurídica y la sociedad, consolidándose como fuente informativa de referencia.
Conviene precisar los términos. Lenguaje claro y comunicación clara no son sinónimos, aunque se complementan. El lenguaje claro alude a cómo se redacta un texto jurídico: vocabulario comprensible, sintaxis directa, estructura lógica y referencias verificables. La reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa lo ha elevado a la categoría de derecho ciudadano y deber institucional: su artículo 9 exige que “los actos y comunicaciones procesales se redactarán en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible”, para que el destinatario comprenda el objeto y las consecuencias del acto.
Pero la claridad no se agota en la redacción. La comunicación clara es un concepto más amplio: incluye el lenguaje claro, pero añade la arquitectura de la información, el diseño visual y la jerarquización de contenidos para facilitar la comprensión. Se trata, en definitiva, no solo de escribir bien, sino de hacer comprensible el mensaje de principio a fin.
El lenguaje claro no es una cortesía, es condición para la deliberación democrática. Así lo subraya la ética pública contemporánea. Como ha defendido Adela Cortina, sin inteligibilidad no hay participación real ni diálogo entre iguales. La opacidad jurídica actúa como una forma de violencia estructural: amplía desigualdades, genera dependencia y debilita la legitimidad institucional.
Este imperativo ético se convierte ahora en una exigencia legal. La reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa consagra una demanda histórica: comprender el lenguaje jurídico ya no es un ideal, sino un derecho fundamental. Y en este nuevo marco, iniciativas como la del ICAM cobran mayor relevancia.
Cuando el lenguaje jurídico es oscuro o excesivamente técnico, se multiplican los efectos nocivos: se genera exclusión lingüística, porque los ciudadanos quedan al margen de los procesos que les afectan; se alimenta la percepción de arbitrariedad, porque lo que no se entiende se vive como injusto; y se erosiona la confianza institucional, porque la justicia deja de percibirse como accesible y neutral.
Los estudios comparados son concluyentes: donde el discurso jurídico se tecnifica sin mediación, el ciudadano se aparta, desconfía del proceso y duda del resultado. La claridad, en cambio, acerca la ley a su destinatario y mejora el cumplimiento.
La claridad, así, es un instrumento de acceso efectivo a la justicia y un pilar de la seguridad jurídica. Comprender las reglas mejora su cumplimiento, reduce la litigiosidad y refuerza la confianza en el sistema. La seguridad jurídica no se defiende solo en los tribunales: también se construye en el espacio público con información comprensible y fiable.
Ahí reside una de las claves del papel del ICAM como actor social comprometido con el interés general. Existimos para servir a la ciudadanía: en los juzgados y también en el debate público, explicando el Derecho con rigor, pluralidad y transparencia.
Como han defendido los expertos Montolío y Tascón, el “derecho a entender” no puede limitarse a una exigencia del ciudadano. Es una responsabilidad estructural del sistema. Por eso, desde el ICAM invitamos a la corresponsabilidad activa: medios de comunicación, universidades, administraciones públicas y organizaciones cívicas están llamados a elevar —junto a nosotros— el estándar de claridad. Explicar el Derecho es utilidad social.
Claves jurídicas de la actualidad nace para dar respuesta a una necesidad concreta: ofrecer certezas a quienes informan, deciden o rinden cuentas. Los periodistas requieren agilidad sin renunciar a la precisión; las instituciones, referencias compartidas que les ayuden a explicar sus decisiones y coordinarse eficazmente; y la sociedad civil, criterios claros para cumplir la ley, tomar decisiones informadas y evitar conflictos innecesarios.
Poner ese conocimiento al servicio del debate público no solo mejora la calidad de la conversación social: fortalece nuestra democracia.
Comprender el Derecho no es un privilegio: es una condición de libertad y cohesión social. Con Claves jurídicas de la actualidad, el ICAM renueva su vocación de servicio con un propósito concreto: hacer del conocimiento jurídico un bien público, accesible y fiable.
Porque una sociedad que entiende sus reglas delibera mejor, decide mejor, confía más en sus instituciones y es más libre.