Mujeres trans y deporte: el Comité Olímpico, y no Trump, debió resolver el conflicto
Son los organismos deportivos y la propia comunidad internacional quienes deben actuar con sensatez, reconociendo el problema generado
La reciente orden ejecutiva de Donald Trump, titulada “Keeping Men Out of Women’s Sports”, ha reavivado el debate sobre la participación de mujeres transgénero en competiciones deportivas femeninas. El binomio trans-deporte, tan debatido en los últimos años y, en especial, en los recientes Juegos Olímpicos de París, se ha transformado en un trinomio: Trump-trans-deporte. Con esta orden, el nuevo presidente de los Estados Unidos se presenta como el defensor de las mujeres deportistas norteamericanas, quienes hasta ahora habían alzado sus voces sin mucho éxito para denunciar situaciones de injusticia deportiva, riesgos para su integridad física y agresiones a su intimidad.
Sin embargo, aunque estoy de acuerdo con el fondo del asunto, no puedo aceptar las formas. En este caso, el fin no justifica los medios. La reacción de la comunidad deportiva internacional no tardará en llegar —si no lo ha hecho ya—, considerando esta orden como una injerencia estatal en el ámbito deportivo.
Pero, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? La participación de mujeres trans en competiciones femeninas es una situación enquistada, que los organismos deportivos, en particular el Comité Olímpico Internacional (COI), no han resuelto de manera adecuada. El COI, amparado en su necesidad de incluir al máximo número de colectivos, ha optado por mantenerse al margen, ignorando las voces de las deportistas afectadas. Al mismo tiempo, Donald Trump, desde el inicio de su campaña presidencial, hizo suyas estas reclamaciones, incorporándolas a su programa.
Habría preferido que el protagonista de esta acción no fuera Trump, sino el COI u otra entidad deportiva internacional. Los hechos que han motivado esta orden reflejan una realidad que la comunidad deportiva ha evitado gestionar con la decisión y firmeza necesarias.
El fundamento de esta orden ejecutiva se basa en la anulación, por parte de los tribunales estadounidenses, de medidas de financiación del deporte inclusivo impulsadas por el gobierno anterior. Dichas medidas se consideraron perjudiciales para la igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en competiciones deportivas, al exigirles competir contra hombres o compartir espacios íntimos con ellos, exponiéndolas a riesgos físicos, humillación, silenciamiento y pérdida de privacidad.
Esta problemática no es nueva. Hemos visto numerosos casos denunciados por mujeres y niñas: competiciones de natación dominadas por personas con apariencia masculina que se identifican como mujeres transgénero; el caso en el boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París, donde la medalla de oro fue para una boxeadora con rasgos masculinos que puso en peligro físico a sus oponentes; y nadadoras que denunciaron la humillación de compartir vestuarios con personas que mostraban atributos masculinos sin pudor. Este conflicto es una realidad desde hace mucho tiempo.
Insisto, esta no es la forma adecuada de abordar y resolver un tema tan delicado. Son los organismos deportivos y la propia comunidad internacional quienes deben actuar con sensatez, reconociendo el problema generado por una excesiva condescendencia hacia un grupo minoritario de deportistas, a expensas de los derechos de mujeres y niñas a competir en igualdad de condiciones.
Las mujeres tienen derecho a practicar deportes sin el temor de que sus aspiraciones competitivas —o incluso su integridad física— dependan del azar de enfrentarse a un deportista transgénero.