Aprobada la nueva ley del derecho de defensa
El pleno del Senado se ha suspendido por la Dana y la norma ha salido sin la votación de las modificaciones planteadas
Luz verde in extremis y de forma inesperada para la esperada ley de derecho de defensa, una norma por la que la Abogacía clamaba desde hace años. La suspensión del pleno del Senado previsto para hoy por la catástrofe de la Dana, que ha golpeado con fuerza la zona del Levante, ha supuesto la aprobación definitiva del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, conforme al texto remitido por el Congreso de los Diputados, que se publicará en el BOE los próximos días.
Para el Consejo General de la Abogacía (CGAE) Se trata de una norma pionera en Europa que regula el derecho de defensa y asistencia de los abogados en todos los procedimientos, incluidos los extrajudiciales. Además, la nueva ley reconoce el derecho de la información de los ciudadanos a conocer los honorarios profesionales que tendrían que afrontar en caso de que se les condene a pagar las costas del juicio. Para ello, la ley reconoce explícitamente la potestad de los colegios de abogados para elaborar baremos orientativos de dichos precios.
Este aval, como ya adelantó este medio, da un respiro a los colegios profesionales de la abogacía, que han soportado cuantiosas multas por publicar unos baremos orientativos de precios de los distintos servicios profesionales. “Los honorarios de referencia son una herramienta esencial para la tasación de costas y, por tanto, para que los profesionales puedan anticipar a sus clientes las posibles consecuencias económicas de plantear acciones legales”, apuntan desde el CGAE. Hace unas semanas, la CNMC hizo pública la noticia de que había abierto un nuevo expediente sancionador al Colegio de la Abogacía de Barcelona por este motivo.
En concreto la nueva legislación refleja que los colegios de abogados “deberán amparar al profesional que se considere perturbado o presionado en el ejercicio de sus funciones y denunciar todas aquellas medidas normativas o actuaciones públicas o privadas que menoscaben el derecho de defensa”.
Para Salvador González, presidente de la Abogacía Española, la aprobación de esta norma “consolida las garantías legales de los ciudadanos, dotando de una ley orgánica a un derecho esencial recogido en la Constitución. Además, ofrece nuevos instrumentos que deben facilitar el ejercicio profesional de la abogacía”.