Milei desafía al deporte rey: Lecciones de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol español y el futuro de los clubes argentinos
El Gobierno y los clubes deberán trabajar para establecer un marco legal que vele por los intereses de los socios y el cumplimiento de una normativa laboral
La tensión política en Argentina ha alcanzado al deporte rey. En el epicentro de este debate se encuentra Javier Milei, el actual presidente de la Nación Argentina, cuyo empeño por convertir a los equipos de fútbol del país en sociedades anónimas deportivas (SAD) ha generado un gran revuelo.
La propuesta de Milei, que incluye la privatización del fútbol, ha encontrado una fuerte resistencia tanto en la Asociación del Fútbol Argentino como en los propios clubes. Sin embargo, el presidente argumenta que esta medida podría abrir las puertas a la inversión extranjera y, en última instancia, sanear las finanzas de los clubes, dando a entender también que existe un interés por parte de inversores ingleses por entrar en clubes del país.
No obstante, los grandes equipos del futbol argentino, incluidos River Plate y Boca Juniors, que acumulan más de medio millón de socios, han expresado su oposición a la idea de Milei. También lo han hecho San Lorenzo, Racing, Independiente, Rosario Central, Newell’s y Argentinos Juniors.
Actualmente, la Ley del Deporte en el país solo reconoce a las asociaciones civiles sin fines de lucro como entidades deportivas, pero el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ha allanado el camino para que los clubes puedan transformarse en sociedades anónimas. Es decir, este decreto no transforma automáticamente a los clubes en SAD, pero permite que puedan hacerlo si lo desean. Este DNU establece, además, que ninguna organización pueda prohibir la presencia de clubes que no sean sociedades anónimas en las competiciones.
Si echamos la vista atrás, la situación que se produjo en España nos ofrece algunas lecciones importantes. Aunque la Ley del Deporte de 1990 introdujo las SAD como una medida para salvar a los equipos, con el tiempo se ha demostrado que, en algunos casos, acabaron siendo un arma de doble filo, provocando la ruina e incluso desaparición de algunos clubes históricos.
La actual Ley del deporte, en el propio preámbulo, reconoce el fracaso de la medida y apunta con acierto que la solvencia económica de los equipos profesionales de futbol ha empezado a ser una realidad gracias a políticas de fair play financiero y venta centralizada de derechos audiovisuales.
¿Qué debe hacer Argentina? Abrir la normativa a que las entidades elijan libremente su forma jurídica con la que operar, debería poder ser una realidad no condicionada ni a un único tipo de sociedad mercantil ni a un único tipo de asociación civil. Si bien es cierto que existe el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre los valores tradicionales del futbol, especialmente en un país como Argentina, donde el futbol podría considerarse una suerte de religión para los aficionados.
En este contexto, arriesgarse a comercializar con la identidad cultural de los clubes y retirar la propiedad de los socios, podría generar situaciones de tensión importantes en los estadios y en el ámbito político argentino. Sin ir más lejos, ya hemos podido ver algunas pancartas de los aficionados del Boca Rivers donde se puede leer “El club es de los socios” en el estadio de la Bombonera.
Así las cosas, la mercantilización del fútbol, sea en Argentina o no, plantea diferentes desafíos legales y éticos. Hoy en día, que un club siga perteneciendo a los socios es un privilegio que puede blindar la intromisión de intereses individuales y económicos por parte de inversores.
Dicho esto, es importante que cualquier cambio de estructura de la propiedad venga acompañado siempre de unas garantías que protejan los valores fundamentales del deporte, como es la participación de la comunidad. De salir adelante la propuesta de Milei, el Gobierno y los clubes deberán trabajar para establecer un marco legal que vele por los intereses de los socios, el espíritu del deporte y el cumplimiento de una normativa laboral, especialmente en lo que a derechos de los jugadores y el personal técnico se refiere.
Isabel Pérez Espinosa, secretaria general de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) y experta en derecho deportivo.
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