Los hoteleros ultiman la batalla legal contra el registro de viajeros de Interior
El nuevo censo, que se aprobará mediante un decreto ley, les obligará a partir del 2 de diciembre a recabar información de los turistas a los que no tienen acceso y cuya obtención podría vulnerar las normas europeas sobre protección de datos
La cuenta atrás está activada y parece que ya no hay forma de pararla. El 2 de diciembre es la fecha marcada por el Ministerio de Interior para la entrada en vigor, tras tres prórrogas, del Real Decreto 933/2021, que establece las nuevas obligaciones de registro de viajeros tanto para hoteles como para agencias de viajes. A partir de esa fecha, si no hay cambios, estarán forzados a facilitar hasta 42 datos diferentes de cada uno de los viajeros (en la actualidad el máximo son 14) y si no lo hacen se exponen a sanciones, que van desde los 601 hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad de la falta, “al carecer de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias”.
Los hoteleros se han rebelado contra un texto que les obliga a recoger datos a los que no tienen acceso y cuya obtención les puede conducir a cometer una ilegalidad. “Hemos mantenido interlocución permanente con la Secretaría de Estado de Turismo y no nos reunimos con Interior desde el pasado 4 de octubre, a pesar de nuestra insistencia por hacerlo”, recalca Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a 16.000 asociados. “Queremos que se nos exima de esas obligaciones por distintas razones. La más importante es que la mayoría de reservas se hacen a través de agencias de viajes online o bancos de camas, con lo que no sabemos quién está detrás de la misma. Tampoco tenemos acceso a datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros o el precio de la estancia”, puntualiza Estalella, que remarca que aportar esa información vulneraría la protección de datos.
“También se nos pide el detalle del medio de pago, como número de cuenta o tarjeta, lo que también conculca la misma normativa comunitaria”. Los hoteleros se muestran dispuestos a recopilar todos los datos que figuran en el DNI o el pasaporte y remitirlos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como hacen ahora. “Necesitamos seguridad jurídica”.
Ante el escenario más que probable de que Interior opte por aprobar el registro sin tener en cuenta sus alegaciones, los hoteleros preparan la batalla legal para tumbar el real decreto. Y su mayor defensa es la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), fechada 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el real decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre los que se encuentran los incluidos en los medios de pago.
La segunda línea de defensa se centra en que la norma se quiere aprobar por la vía del decreto ley. “Nuestros asesores ya nos han asegurado que es ilegal aprobar por la vía del decreto ley una norma que suprima derechos fundamentales como la privacidad y que debe hacerse mediante una norma de rango superior”, indican.
Las peticiones de las agencias de viajes
En cualquier caso, los hoteleros denuncian que el sistema tecnológico habilitado por Interior para compartir información no funciona y que esa nueva exigencia les convertirá en el único país de la Unión Europea con esa obligación. En las conversaciones con Interior también han mostrado su escepticismo sobre la fiscalización de esos datos en las viviendas de uso turístico.
El otro gran colectivo afectado por ese nuevo registro es el de las agencias de viajes. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), confiesa que la prioridad es que esta actividad sea excluida del ámbito de aplicación. “Las agencias no están incluidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de la que deriva el citado real decreto, por infringir la normativa de protección de datos y por implicar cargas demasiado onerosas y desproporcionadas para las agencias de viajes”, apunta.
La Confederación, que también está acelerando el contacto con sus asesores legales, trabaja en un plan b que incluye la entrada en vigor del registro el próximo 1 de diciembre. “Interior está trabajando en una orden ministerial, pero aún no está claro si saldrá adelante. Nuestro plan b incluye esa orden para limitar los datos a aportar, en primera instancia, y para excluir a las actividades ligadas al turismo corporativo y de eventos y congresos, que representan un porcentaje muy elevado del negocio de las agencias de viajes”.