Sánchez se compromete a asumir parte de la deuda de todas las comunidades y a reformar el sistema de financiación
El candidato a la reelección avanza que reformulará la corresponsabilidad fiscal para evitar que los gobiernos regionales bajen impuestos
El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha confirmado este miércoles durante su primera intervención en el Congreso de los Diputados que la administración central va a adjudicarse parte de la deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas. “Vamos a continuar con la senda de responsabilidad fiscal y también de solidaridad”. Por eso, dijo, “vamos a asumir parte de la deuda de todas las comunidades autónomas, aquella que contrajeron durante el Gobierno del Partido Popular”. Esta medida será “extensible a todas las regiones, con independencia del color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómico”, añadió el jefe del Ejecutivo.
Hace dos semanas, en el marco de las negociaciones entre el PSOE y ERC para recabar el apoyo de los republicanos a la investidura de Sánchez, el Ministerio de Hacienda confirmó que el Estado asumiría cerca de 15.000 millones de euros de la deuda pública catalana, a lo que se añadiría el ahorro adicional de 1.300 millones correspondientes al pago de intereses al Estado. La cifra en cuestión equivalía al 20% de la deuda de la Generalitat vinculada al fondo de liquidez autonómico (conocido como el FLA). Entonces, Hacienda ya avanzó que la medida favorecería también al resto de territorios, incluyendo a aquellos que actualmente no mantienen deuda viva con el Estado (Madrid, País Vasco y Navarra).
Este miércoles, el candidato a la reelección confirmó y defendió la medida asegurando que la condonación va a permitir a las regiones financiarse a costes más reducidos, aliviar la factura de intereses por los pagos de la deuda y, en consecuencia, dotar a las regiones de más recursos para ayudar a que los ciudadanos tengan unos servicios públicos de calidad. “Esto último lo pongo entre algodones porque no sabemos qué harán los Gobiernos del PP y Vox”, remarcó Sánchez tras recordar que las políticas de sanidad, educación y dependencia recaen en los gobiernos regionales.
La deuda de las autonomías con el Estado a través del fondo de financiación supera los 190.000 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. De esta cantidad, la mayor parte corresponde al pasivo catalán, que asciende a los 73.000 millones, y al de Comunidad Valenciana, con unos 48.000 millones. Tras ellas se encuentran Andalucía (25.000 millones) y Murcia (10.000 millones) y ya, a más distancia, el resto. Solo Madrid y las forales tienen el contador a cero.
En esta línea, Sánchez también prometió poner en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos económicos de las comunidades autónomas, basándose en los principios de equidad y autonomía financiera. Pero también, apuntó, en el de la corresponsabilidad fiscal. “Porque no deja de ser curioso que los gobiernos autonómicos del PP con Vox bajen los impuestos a los más ricos y luego nos pidan a la Administración General del Estado más recursos económicos”.
El modelo actual de financiación se reformuló en el año 2009 –con vistas a actualizarse en 2014– y su diseño se mantiene intacto aún a día de hoy. El problema del sistema es su carácter caduco y las consecuencias que este conlleva en la financiación efectiva. Los últimos datos disponibles, publicados por Fedea y relativos al año 2021, muestran diferencias en la financiación homogénea de más de 700 euros por habitante entre la autonomía mejor financiada (Cantabria, con 3.417 euros por persona) y las peores, como Murcia o Comunidad Valenciana (con unos 2.700 euros por persona).
Todas estas medidas se enmarcan en un paquete más amplio que aborda la cuestión territorial y trata otros aspectos como la dispersión geográfica o la crisis demográfica en los territorios más despoblados. “Madrid y otras grandes ciudades son gigantes que lo absorben todo y las diferencias entre provincias se han ampliado”, recordó Sánchez. Por eso, prosiguió, el próximo Gobierno seguirá apostando por el desarrollo de un modelo de país descentralizado llevando los polos industriales y varias empresas públicas fuera de las capitales habituales. “Vamos a garantizar por ley el acceso de todos los servicios básicos a un radio máximo de 30 minutos para que nadie tenga que abandonar su municipio porque no hay un cajero o centro de salud”.
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