Competencia pide modular las exigencias más duras del decreto de centros de datos que tramita el Gobierno
La CNMC recomienda flexibilizar el requisito de adicionalidad, que obliga a estas instalaciones a cubrir al menos un 80% de su consumo con nueva generación renovable, y la correlación horaria
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera conveniente ajustar el diseño del proyecto de real decreto que regulará los centros de datos (data centers) y recomienda al Gobierno que lo impulsa flexibilizar las exigencias relativas al requisito de adicionalidad -que obliga a estas instalaciones a cubrir al menos un 80% de su consumo con nueva generación renovable- y a la correlación horaria.
En su informe sobre el borrador remitido por la Secretaría de Estado de Energía, aprobado la pasada semana en pleno tal y como avanzó este medio, el organismo regulador evalúa las obligaciones planteadas para estas infraestructuras de gran consumo energético. En líneas generales, si bien la CNMC comparte el objetivo de ordenar el sector ante el elevado volumen de permisos concedidos y solicitudes en tramitación, propone adaptar las condiciones exigidas para no generar señales eficientes distorsionadas.
En concreto, el proyecto normativo contempla que los centros de datos deban acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro.
Ante esto, la CNMC advierte de que existe un gran volumen de energía renovable sobrante en determinadas horas -con cerca de 600 horas de precios negativos registradas solo en el primer semestre de 2026- por lo que no ve eficiente exigir nueva potencia en periodos donde ya se producen vertidos de generación limpia.
Ampliar plazos
Además de lo anterior, la CNMC plantea que la exigencia de adicionalidad del 80% se aplique únicamente en las horas en las que no exista suficiente generación renovable disponible, o bien que se flexibilice reduciendo el porcentaje inicial de cobertura o fijando una senda progresiva de cumplimiento hasta 2030.
Asimismo, Competencia sugiere ampliar la ventana temporal de 18 meses fijada para la puesta en marcha de las plantas renovables asociadas, al considerarla insuficiente dados los plazos reales de tramitación y construcción.
Del mismo modo, cree que el plazo de seis meses dado a los proyectos con permisos concedidos para acreditar su cumplimiento es escaso y propone dar un tratamiento gradual a los proyectos más avanzados.
Respecto a la correlación horaria (que exige que el 80% de la energía consumida en cada hora esté respaldada por generación renovable generada esa misma hora), el regulador señala que obligaría a sobredimensionaren exceso las plantas y el almacenamiento, elevando costes.
Por tanto, aboga por excluir del cómputo aquellas horas en las que se registren excedentes, precios de mercado muy bajos (iguales o inferiores a 20 euro/MWh) o bajas emisiones del mix.
Revisar recargos y eficiencia
En cuanto al régimen sancionador, la propuesta del Gobierno contempla recargos sobre los peajes y cargos del sistema eléctrico -que van del 10% al 500% según la gravedad del incumplimiento de adicionalidad o correlación horaria-.
La CNMC sostiene que estas penalizaciones no deberían aplicarse sobre la facturación de peajes de transporte y distribución -cuya fijación es competencia exclusiva del regulador-, y recomienda canalizarlas a través de mecanismos específicos, como los precios de financiación de los futuros mercados de capacidad.
Por otro lado, sobre los criterios de eficiencia energética (PUE) e hídrica (WUE), el organismo señala que exigir simultáneamente umbrales estrictos en ambos indicadores resulta “excesivamente rígido”.
La CNMC aclara que reducir el consumo de agua mediante la recuperación y reciclaje puede aumentar el uso de electricidad, mientras que reducir al máximo el gasto eléctrico requiere más uso hídrico.
Dada la elevada disponibilidad de renovables en España y la escasez de agua, el organismo aconseja priorizar la exigencia del consumo hídrico y relajar el indicador de consumo eléctrico a valores más habituales.
El Gobierno se abre a suavizarlo
De esta manera, Competencia, presidida desde este verano por Juan José Ganuza, se alinea en parte con las exigencias del sector de los centros de datos, que se ha mostrado muy beligerante con algunas de las medidas. En septiembre, Spain DC, la asociación que engloba a gigantes como Amazon, Google o Microsoft, se mostró muy crítica con las medidas más exigentes que ahora pide modular la CNMC. Hasta el punto de que la asociación que lidera Begoña Villacís advirtió de reclamaciones multimillonarias , demandas y paralización de proyectos si la norma salía adelante fiel a su primera versión. De hecho, la propia Spain DC ha salido al paso tras la resolución de Competencia este viernes y asegura que el informe “avala las principales advertencias que el sector viene trasladando sobre su diseño”. Spain DC figura como uno de los que alegó ante el Consejo Consultivo de la Electricidad que presenta sus conclusiones a la
Ante la avalancha de críticas, el Gobierno ha optado por mantener el espíritu de la norma, pero se abre a flexibilizar algunos de los aspectos más lesivos, señalan fuentes próximas al regulador. Su principal preocupación es que el ingente consumo de electricidad de estas infraestructuras acabe provocando subidas del recibo de la luz, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los hogares y cause un menoscabo a la competitividad de la industria.
Informe no vinculante
No obstante, el dictamen de la CNMC se trata de un informe que no es vinculante para la decisión final del Ejecutivo. Antes de aprobar un real decreto, el Gobierno está obligado a realizar diversos trámites, entre los que se encuentra pedir opinión al regulador competente en las materias afectadas.
De hecho, fuentes al tanto de la tramitación señalan que el objetivo del Gobierno es aprobar este decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre. Con el dictamen de la CNMC, ahora el ministerio para la Transición Ecológica debe enviar el expediente al Consejo de Estado. El órgano encargado de que la legislación goce de una buena práctica jurídica dispondrá de 15 días para emitir su informe, ya que el decreto se tramita por vía de urgencia. De nuevo, este informe es preceptivo para los reguladores, aunque sus opiniones suelen ser consideradas por el Gobierno.
Existen varias razones para pensar que el Consejo de Ministros acabará aprobando la nueva normativa antes de los comicios de finales de noviembre. Primero, hay voluntad política al respecto; así lo demostró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que señaló ayer que el Gobierno pretende llevar pronto la regulación al BOE.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se expresó a favor de la norma que pone coto a compañías como Amazon, Google o Microsoft a través de una columna en la agencia internacional Bloomberg. Moncloa presentó su estrategia de inteligencia artificial en septiembre y ahí determinó que esta nueva regulación se aprobaría en octubre, si bien otros miembros del Gobierno creen que es demasiado pronto dada el elevado volumen de alegaciones que se hicieron a la norma durante el periodo de audiencia pública.
Por último, cabe destacar que el Gobierno ha ofrecido este decreto a Bruselas como parte de la negociación para lograr el desembolso del séptimo y último paquete de ayudas de los fondos de recuperación tras la pandemia.