Portugal se adelanta a España y abre una consulta pública para regular el coste del ‘escudo antiapagón’
El regulador energético luso, ERSE, plantea que los sobrecostes se trasladen en un 40% a la parte regulada de la factura de la luz
La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) de Portugal puso en marcha el mes pasado un proceso de consulta pública con el objetivo de “contener la volatilidad de costes” de la llamada operación reforzada del sistema eléctrico que se aplica tras el apagón del año pasado, “mejorar su previsibilidad y garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico”. La audiencia pública de ERSE, ...
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La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) de Portugal puso en marcha el mes pasado un proceso de consulta pública con el objetivo de “contener la volatilidad de costes” de la llamada operación reforzada del sistema eléctrico que se aplica tras el apagón del año pasado, “mejorar su previsibilidad y garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico”. La audiencia pública de ERSE, homóloga portuguesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, se inició el pasado 10 de julio y permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre y en ella puede participar cualquier persona o entidad interesadas.
Según fuentes del sector eléctrico, la iniciativa sitúa a Portugal por delante de España en el debate regulatorio sobre unos costes que han ganado protagonismo tras el apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 y los efectos de la tormenta Kristin en enero de 2026. Ambos acontecimientos obligaron a reforzar los criterios de seguridad y operación de la red, incrementando notablemente los llamados servicios de ajuste del sistema para garantizar el equilibrio instantáneo entre generación y consumo, subraya ERSE en su propuesta. La operación reforzada consiste en la programación masiva de energía síncrona (ciclos combinados de gas, principalmente), que resulta más cara y controla de forma dinámica la tensión de las redes, algo que no hacen por el momento las renovables.
En su iniciativa, el regulador energético portugués considera que la actual evolución de estos costes “exige una respuesta estructural” y propone un paquete de medidas destinadas a reducir la incertidumbre para las empresas y familias. La principal novedad que plantea es la modificación de la forma en que se financian estos costes. Así, ERSE considera que una parte relevante de los importes asociados se debe incorporar progresivamente a los peajes regulados de acceso a las redes (parte fija de la factura de la luz con que se financian las líneas de distribución y transporte) y sacarlos del término de la energía. El objetivo del regulador portugués es integrar hasta el 40% de estos costes en la parte regulada de la factura, comenzando ya en el último trimestre de 2026 con una aplicación gradual.
Junto a esta medida, el regulador luso también plantea actuaciones para reducir la volatilidad de los costes de operación. Entre ellas destaca “la creación de reservas de energía contratadas con las centrales los ciclos combinado de gas” y “la creación de herramientas de cobertura financiera, permitiendo a los agentes cubrirse frente a futuros incrementos de los costes derivados de la operación del sistema”. El sobrecoste de los servicios de ajuste tras el apagón afecta a las comercializadoras eléctricas que al firmar contratos fijos, generalmente por un año, deben trasladar dichos costes a sus clientes pero desconocen su evolución a futuro. Ello les obliga a contratar coberturas que encarecen aún más la factura de sus clientes.
Fuentes empresariales consideran que la iniciativa sitúa a la industria consumidora portuguesa por delante de la española. Y aseguran que el debate “también ha ido ganando intensidad en España, donde empresas, consumidores e industria vienen reclamando soluciones regulatorias que permitan contener unos sobrecostes que ya representan una parte creciente de la factura eléctrica”.
De hecho, el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, del que forman parte la asociación de las grandes eléctricas, Aelec, de comercializadoras independientes, grandes consumidores y las patronales CEOE y Cepyme, entre otros, viene alertando de los costes adicionales que soportan los consumidores y reclama que se implante, al igual que plantea Portugal, mecanismos regulatorios de financiación que estabilicen y minimicen estos importes a hogares e industria. Según el último informe de este observatorio correspondiente a la primera quincena de agosto, los servicios de operación de REE suman ya 3.360 millones en lo que va de este año, un 36% más respecto al mismo periodo del año pasado.
En el sector consideran que la consulta pública portuguesa supone un precedente regulatorio que podría convertirse en referencia para España, donde empresas, consumidores e industria reclaman desde el año pasado medidas que permitan compatibilizar la seguridad del sistema con una factura eléctrica más estable, predecible y competitiva, tal y como se hace en la mayoría de los países europeos. Los costes asociados a la operación del sistema eléctrico son uno de los componentes de la factura eléctrica que más se ha encarecido en los últimos meses. Estos incluyen los de la operación reforzada de REE, pero que esta compañía no desglosa.
Las comercializadoras españolas también habían solicitado a la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica un cambio para que los costes adicionales del sistema tras el apagón se incluyan en algún concepto regulado (además de los peajes de acceso a las redes existen los cargos, que determina en este caso el ministerio). O, cuando menos, que se fije dicho coste para un periodo determinado y se ajuste posteriormente, con el objeto de saber cuánto deben cobrar a sus clientes y cubrirse financieramente. El regulador se opuso en su día a los cambios que reclamaban las compañías y tampoco el ministerio que dirige Sara Aagesen ha dado ningún paso en este sentido.