El sector de la auditoría rompe la barrera de los 1.000 millones en facturación en 2025
Las empresas del Ibex 35 desembolsaron más de 400 millones en servicios de auditoría en el ejercicio pasado
El negocio de la auditoría en España ha alcanzado una dimensión inédita. Por primera vez, el sector ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación anual, un hito que confirma el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más relevante para los mercados financieros, al dar mayor transparencia y fiabilidad a la información económico-financiera de las empresas. Según la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el órgano supervisor, los honorarios por esta actividad rebasaron el pasado ejercicio los 1.000 millones de ...
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El negocio de la auditoría en España ha alcanzado una dimensión inédita. Por primera vez, el sector ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación anual, un hito que confirma el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más relevante para los mercados financieros, al dar mayor transparencia y fiabilidad a la información económico-financiera de las empresas. Según la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el órgano supervisor, los honorarios por esta actividad rebasaron el pasado ejercicio los 1.000 millones de euros, al tiempo que el número de informes emitidos superó los 75.000.
Una parte sustancial de ese negocio procede de las grandes compañías cotizadas. Las empresas del Ibex 35 desembolsaron en 2025 más de 400 millones de euros en servicios de auditoría y relacionados, como pueden ser trabajos de verificación financiera y no financiera requeridos por los reguladores, revisiones a presentar ante organismos supervisores o emisión de comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por las propias sociedades revisadas por este periódico.
De esa cifra, unos 390 millones corresponden a los honorarios del auditor principal, que como suele ser habitual han sido las cuatro grandes firmas internacionales —PwC, EY, KPMG y Deloitte—, y otros 14 millones a firmas que participan en la revisión de filiales o prestan servicios vinculados a la auditoría. En estos importes no se incluyen servicios fiscales ni otros como la emisión de informes.
“El sector de la auditoría está teniendo una evolución muy positiva en estos últimos años tal y como lo atestigua el hecho de estar en cifras récord tanto de facturación como en cuanto al número de informes de auditoría emitidos”, celebra el presidente del ICAC, Santiago Durán, en la carta de presentación del informe anual. Según este órgano supervisor, en el ejercicio pasado, en España había 3.498 auditores de cuentas ejercientes y 1.344 sociedades de auditoría.
PwC sigue liderando por ingresos
De las conocidas como big four, PwC sigue liderando el mercado del Ibex con unos 190 millones en honorarios procedentes del selectivo. Entre sus principales clientes figuran Banco Santander, cuyo contrato es el más caro (133 millones de euros). También cuenta en su cartera con Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter, Sacyr, Acerinox y Merlin.
Por su parte, KPMG mantuvo el mandato de 11 compañías del Ibex, pero en el ranking se sitúa en el segundo puesto con 88 millones de euros. La firma audita a Iberdrola (el tercer mayor contrato por el valor de 28 millones), Sabadell, Mapfre, Acciona y Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Rovi.
EY se sitúa muy cerca, empatando con 11 auditorías de las grandes cotizadas, por las que facturó 84 millones, gracias a los contratos con BBVA (el segundo más valorado por 33 millones), Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia, ArcelorMittal y Solaria. Y por último, Deloitte ―cuyo negocio se centra mucho más en la consultoría― completa el grupo con alrededor de 28 millones de euros en ingresos procedentes fundamentalmente de ACS, Grifols, Indra y Colonial.
El año 2025 ha estado marcado por la información corporativa sobre sostenibilidad, recuerda el ICAC. La directiva europea de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) obliga a las grandes organizaciones de interés público (con más de 500 empleados) a reportar, desde el ejercicio pasado ―aplicable a la revisión de los estados financieros de 2024―, información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. Sin embargo, las reglas del juego no están del todo fijadas, a falta de que la transposición de esta norma ―paralizada en el Congreso de los Diputados― en el ordenamiento jurídico español.
Debido a la incertidumbre generada en las empresas y auditoras por la falta de norma vigente en España, a lo que se sumó la posterior modificación de la directiva a través del llamado paquete ómnibus, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores sobre cómo preparar esos informes de sostenibilidad mientras se culmina el proceso legislativo nacional.
Control y supervisión
Por otro lado, la memoria destaca que el supervisor ha realizado un intenso esfuerzo en su labor de control y supervisión. En 2025, se llevaron a cabo 365 actividades de control frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. “La evolución positiva observada en los últimos ejercicios en el nivel de actividad de supervisión responde, en 2025, a la consolidación de un modelo de actuación más planificado, digitalizado y orientado a riesgos, así como al refuerzo continuo de los procesos internos del Instituto”, afirma el ICAC.
De esa cantidad total, destacan seis inspecciones sobre auditores que auditan a grandes empresas, en línea con la revisión de los sistemas de gestión de calidad. “Los auditores de entidades de interés público, por razón de la importancia de las sociedades que auditan, presentan un mayor riesgo supervisor. Por este motivo, están sujetos a unos requerimientos mayores que los auditores que no auditan entidades de interés público, y son objetivo prioritario de la supervisión, realizándose sobre estas inspecciones más exhaustivas”, apostilla la memoria.
Asimismo, el documento revela que el número de expedientes sancionadores en materia de auditoría de cuentas resueltos el año pasado fueron 53, cifra algo superior a los 48 que se concluyeron en el ejercicio de 2024. Cinco de ellos finalizaron sin sanción, mientras que en los restantes se declararon incumplimientos de la normativa reguladora de auditoría. En total, las sanciones impuestas a 635.110,77 euros (521.091,77 euros a sociedades de auditoría y socios; y 114.019 euros a auditores individuales).
En cuanto a los expedientes administrativos sancionadores por el incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales en el registro mercantil, el ICAC ha tramitado un total de 550 asuntos, frente a los 434 que fueron resueltos en 2024. El importe de las multas impuestas por este aspecto se elevó a 1.591.678,92 euros.