Santa Bárbara sigue su guerra contra Indra y presenta un recurso de alzada contra los contratos de 7.240 millones de la artillería
Se trata de una herramienta administrativa, que se suma a las medidas judiciales contra los 3.002 millones en ayudas
Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics, sigue adelante en su guerra con Indra por haberle quitado los jugosos contratos de la nueva artillería móvil del Ejército de Tierra sobre ruedas y cadenas valorados en 7.240 millones. Según ha adelantado Europa Press y ha confirmado este periódico de fuentes al tanto del asunto, Santa Bárbara ha presentado un recurso de alzada contra estas adjudicaciones. Se trata de un paso previo a la vía judicial, la cual de momento es una palanca que no va a ser activada.
El recurso de alzada se le presentó al Ministerio de Defensa el pasado 22 de enero y solo se dirige a esta adjudicación en concreto, al contrario de lo que sucede con el recurso contencioso-administrativo que Santa Bárbara presentó contra las ayudas públicas —préstamos de 3.002 millones de euros en varios años al 0% de interés— que Industria le concedió a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), las dos empresas que liderarán este proyecto. En ese caso, el recurso fue contra el conjunto de Real Decreto, afectando a otros contratos en los que además de Indra y EM&E está presente Telefónica. EP señala que el recurso de alzada fue presentado ante la subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que tiene un plazo de tres meses para responder.
En caso de que esta subdirección no emita una resolución antes del 22 de abril, Santa Bárbara tendrá vía libre pueda recurrir la adjudicación de esos contratos por la vía judicial a través de un recurso contencioso-adminitrativo ante el Tribunal Supremo, al igual que hizo con las ayudas públicas. La filial de General Dynamics ha pedido medidas cautelares contra las adjudicaciones.
El nuevo paso adelante de Santa Bárbara añade presión sobre el Gobierno, en el que había caído como un jarro de agua fría el recurso que el fabricante de armas había presentado contras las ayudas públicas, justo en un momento sensible para el Ejecutivo e Indra por el ruido generado en torno a la compra de EM&E. El último consejo de administración de la tecnológica siguió adelante con la operación, pese a las dudas de Moncloa por el conflicto de interés que supone que Indra compre la compañía de su propio presidente ejecutivo, Ángel Escribano, y que hoy dirige su hermano, Javier Escribano, quien también tiene un asiento en el consejo de Indra gracias a que EM&E es el segundo accionista de la tecnológica.
El director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, celebró una rueda de prensa a mediados de enero en la que se quejó de que la compañía había quedado totalmente excluida del proceso de adjudicación de los contratos de artillería, los más importantes dentro de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), que el Gobierno lanzó el año pasado para aumentar el gasto en defensa hasta el equivalente al 2% del PIB. “Es la única opción que nos han dejado”, aseguró entonces Page, que aprovechó esa ocasión para recalcar que la compañía no se quedaría en intentar impugnar las ayudas, sino que también iría contra los contratos en sí.