Airbnb invertirá 40 millones para llenar la España Vaciada de turistas tras el veto en las ciudades
La plataforma vira hacia un modelo rural, empujada por el ajuste de oferta que ha sufrido con la retirada de oferta ilegal a través del nuevo registro
Airbnb, el gigante de los alquileres turísticos con más de 7 millones de anuncios en todo el mundo, ha tenido que dar su brazo a torcer en España y ha procedido a lo largo del año a la retirada de miles de anuncios ilegales de su plataforma, obligado en parte por distintas sentencias judiciales, para empezar una nueva relación con las administraciones públicas. El segundo paso de esa nueva estrategia lo ha presentado esta mañana con el anuncio del compromiso rural de Airbnb en España, mediante el cual invertirá 40 millones de euros en los próximos tres años para pasar de un modelo intensivo, concentrado en pocas ciudades, a un modelo más distribuido por todo el territorio nacional.
“Los pueblos de España reciben una séptima parte del turismo viene de Francia o un tercio del Reino Unido. Está claramente infradesarrollado”, apuntó Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb en España y Portugal, durante el acto de presentación.
La inversión se dividirá en dos grandes programas. En primer lugar se destinarán 33 millones a la acción rural con dos líneas diferentes de actuación: 22 millones en créditos para financiar las reformas de restaurantes o comercios y la restauración de edificios con riqueza patrimonial y otros 11 millones para la renovación de viviendas. En segundo lugar surge la promoción rural, a la que asignará 12 millones de euros, con el foco en el astroturismo y en el marketing de destino.
La llegada de Jaime Rodríguez de Santiago a la dirección general de Airbnb en España y Portugal ha sido clave para ese cambio de enfoque. La primera prioridad fue eliminar la oferta ilegal y la segunda se centró en abrir una interlocución con municipios y comunidades autónomas que hasta ahora se había limitado a los tribunales. Un buen ejemplo de ambas tendencias se ha producido en Mallorca, donde la plataforma ha procedido a la retirada de 2.300 anuncios que no contaban con número de registro. “Este acuerdo con Airbnb ya da sus frutos y demuestra que la colaboración público-privada es el camino para proteger nuestro modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de todos los residentes de Mallorca”, destacó en el acto José Marcial Rodríguez, conseller de Turismo del Consell de Mallorca.
Lo que fue interpretado inicialmente como una anomalía en septiembre de 2023 con la prohibición de alquilar viviendas de uso turístico en Nueva York, la ciudad más visitada de Estados Unidos, se convirtió en un modelo a seguir entre las grandes ciudades en Europa y, sobre todo, las de España. Barcelona ha prohibido las licencias de pisos turísticos a partir del 1 de enero de 2028 y Madrid acaba de poner en marcha el denominado Plan Reside, que las saca en su práctica totalidad del centro de la ciudad e impide que compartan usos las viviendas de uso turístico conlos residentes. En paralelo, el Ministerio de Consumo ha interpuesto numerosas demandas para anular la oferta ilegal de los núcleos urbanos con la amenaza de fuertes sanciones económicas a Airbnb si no procedían a regularizarla. La más sonada ha sido la lograda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha avalado hasta dos veces las resoluciones del Ministerio de Consumo a través de las que instó a la plataforma a retirar 65.000 anuncios de alquiler de pisos turísticos al no indicar el número de licencia ni si el propietario era particular o una empresa.
Esa apuesta por trabajar con las Administraciones y las trabas para ejercer la actividad en las grandes ciudades son lo que ha convencido a la plataforma a cambiar de estrategia. “Las viviendas turísticas sirven para llegar a los pueblos donde no hay oferta alojativa [un estudio de Analistas Financieros Internacionales presentado en el acto calcula que en el 75% no la hay] y para ofrecer una alternativa donde sí hay hoteles”, recalcó el director general de Airbnb en España.
El informe precisa que la oferta de alquileres de corta duración canalizó a más de 13 millones de turistas hacia los municipios de menos de 10.000 habitantes a lo largo de 2024, lo que se tradujo en un gasto turístico de 5.500 millones de euros, de los cuales 3.200 millones de euros desembocaron en comercios locales. “En este impacto económico positivo juegan un papel especialmente relevante los turistas internacionales, que representan cerca del 55% del total de flujos turísticos en alquileres de corta duración en esos municipios”, resalta Diego Vizcaino, socio director del Área de Economía Aplicada de Afi.