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Cinco Días

El BBVA presenta nuevos compromisos en pagos y pymes por la opa del Sabadell

Competencia espera tomar una decisión final durante la primera quincena de abril para pasar entonces el análisis al Gobierno

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández.

Competencia ultima su decisión acerca de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encuentra actualmente realizando sus últimos test de mercado, en los que revisa los nuevos compromisos propuestos por el banco que preside Carlos Torres, remedies en la jerga, ampliados en cuestiones como el tratamiento del crédito a las pymes o el negocio de pagos, según indican fuentes próximas al proceso.

La opa al Sabadell afronta su fase definitiva en las próximas semanas tras meses de retraso. El organismo decidió en noviembre someter la transacción a un análisis más profundo, en la conocida como segunda fase. No fueron suficientes entonces la lista de compromisos que planteó el BBVA (y que consideró como históricos), entre los que estaban algunos similares a los que planteó CaixaBank en la absorción de Bankia en 2020 —como mantener las condiciones comerciales en los 69 códigos postales en los que la entidad resultante se quedaría en monopolio o no cerrar oficinas allí donde la entidad resultante se queda sola o con un competidor, entre otros—, pero también otros más específicos. Entre ellos estaba mantener las líneas de circulante a empresas durante un año y a pymes durante 18 meses o establecer precios medios nacionales en el acceso al crédito.

Esto no fue suficiente. La CNMC, en la nota sucinta en la que justifica el inicio de la segunda fase, explica que apreciaba problemas de competencia en el acceso de las pymes al crédito, las condiciones comerciales de este segmento de empresas y el negocio de pagos. Por ello, el BBVA ha trabajado durante los últimos meses mano a mano con la CNMC para remitir una nueva propuesta de compromisos, que ya ha enviado al regulador. Este se encuentra actualmente realizando los test de mercado al respecto, previos a decidir si los considera o no suficientes.

Estos nuevos compromisos se centrarán precisamente en pymes y pagos, los dos aspectos señalados por la CNMC en la primera fase. El banco no planteará remedies agresivos, como ventas de unidades de negocio, tal y como ha solicitado el Sabadell. Se ha inclinado por ampliar los plazos y aclarar las cuestiones ya propuestas.

Una de las medidas estrella es la aplicación de precios medios a las pymes en toda España. Con ella, el BBVA busca conjurar las suspicacias que la transacción ha levantado en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde el tejido empresarial teme que la suma de los dos bancos les limite y encarezca su acceso al crédito. El banco vasco busca comprometerse a que no encarecerá los productos en estas zonas más de lo que haga en el resto de España. Sobre este compromiso han pivotado buena parte de las conversaciones entre el BBVA y la CNMC, quien le ha pedido aclarar cómo aplicará esta cuestión y sus posibles efectos.

Donde todo está más abierto es en el área de pagos. En este aspecto, el BBVA en la primera fase solo propuso mantener el acceso a todos los cajeros Euro 6000 a los clientes del Sabadell, pero sin aludir a cuestiones como la elevada cuota de mercado que la suma de ambos bancos ostentaría, por ejemplo, en TPV. Competencia le afeó que lo planteado en este aspecto era “insuficiente y poco concreto”.

Es en este aspecto donde el BBVA tiene más margen para proponer medidas adicionales que calmen los recelos de la institución que preside Cani Fernández. Las fuentes consultadas indican que no parece que este asunto vaya a ser un gran escollo. De hecho, en los últimos tiempos, algunas entidades han decidido vender sus negocios de pagos, como hizo el Sabadell con la italiana Nexi en 2023, en un proceso ahora paralizado hasta que se resuelva la opa.

En cualquier caso, la asunción de estas medidas depende de los test de mercado que está realizando actualmente este organismo. Como resultado de los mismos, la Sala de Competencia elevará un informe al Pleno, que será el encargado de tomar la decisión final, previsiblemente durante la primera quincena de abril. Esta puede pasar por aceptar los compromisos presentados por el BBVA o introducir alguna condición extra o, incluso, prohibir la operación, un extremo que se da prácticamente por descartado.

El proceso cogió velocidad de crucero en febrero, cuando la CNMC remitió a las partes el pliego de concreción de hechos, que contiene las primeras conclusiones sobre su análisis de la transacción. Entonces abrió el plazo para que el Sabadell plantease alegaciones. El banco catalán cargó contra la metodología utilizada por Competencia, basada en códigos postales, y reclamó ventas de partes del negocio conjunto, como fórmula para reestablecer el nivel de competencia anterior a la opa. No se prevé tampoco que la CNMC atienda estas cuestiones.

Una vez que el pleno tome la decisión final, llegará el turno de la fase 3. Si Competencia introduce condiciones o compromisos, el Gobierno podrá pronunciarse al respecto ampliándolos o reduciéndolos. El Ministerio de Economía cuenta con un plazo de 15 días hábiles para elevar una propuesta al respecto al Consejo de Ministros, que tendrá un mes natural más para resolver.

Sin embargo, en este aspecto, circulan dos interpretaciones del margen que tenga el Gobierno, que se ha mostrado desde el principio contrario a la opa, para condicionar la transacción. Por un lado, unos consideran que puede complicarla todo lo que quiera, pero aludiendo a aspectos diferentes a Competencia y que entronquen con el interés general, como la defensa y seguridad nacional, la libre circulación de bienes y servicios por el territorio nacional o mantener los objetivos de la regulación sectorial. Otros, sin embargo, apuntan a que el espíritu de la norma es el opuesto, reducir unas condiciones demasiado elevadas por parte de Competencia que puedan ir en contra de una operación corporativa que tenga sentido por ese interés general. El precedente más directo, la intervención del Gobierno de Rajoy en la fusión entre Atresmedia y La Sexta, va en ese sentido.


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