La lusa Altri gana el primer ‘match-ball’ y salva su inversión de 1.000 millones en Galicia
La compañía ha recibido la declaración de impacto ambiental positiva de la Xunta de Galicia para su planta en la que fabricará fibras textiles biodegradables a partir de madera de eucalipto gallego
La compañía portuguesa Altri ha respirado aliviada esta mañana cuando ha visto publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva para que pueda poner en marcha las macroinversiones necesarias con las que levantar una planta en Palas de Rei (Lugo) en la que producirá lyocell (fibras textiles biodegradables a partir de madera de eucalipto gallego).
Se trata del primer match-ball ganado para salvar la inversión de 1.000 millones de euros con los que quiere levantar la planta, que será gestionada por la sociedad Greenfiber, en la que es accionista mayoritario junto a la española Smarttia. El calendario que manejaba la compañía se va cumpliendo: esperaba tener la declaración de impacto ambiental en marzo y ahora va a centrar todos sus esfuerzos, tal y como señalan fuentes cercanas al proyecto, en la obtención de la autorización ambiental integrada, algo que prevé que se producirá en junio.
Esta última autorización acreditará que no supone ningún daño sobre salud pública, paisaje natural, patrimonio cultural o dominio público marítimo-terrestre. En el informe que acompaña a la DIA, elaborado por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, se recoge que no se ha fijado un programa de vigilancia ambiental con respecto a emisiones a la atmósfera, calidad del aire, olores, ruido, producción de residuos, vertido o aguas subterráneas. “Este será establecido en la autorización ambiental integrada, que además deberá incorporar todo lo pactado con otros organismos competentes como la Dirección General de Patrimonio Natural, Aguas de Galicia o la Dirección General de Salud Pública”.
“La Declaración de Impacto Ambiental nos permite mirar hacia adelante, poner en valor el carácter estratégico del proyecto y su capacidad de convertirse en un agente dinamizador de la economía gallega, española y europea. Hemos dado respuesta a todos los informes sectoriales de manera detallada y escrupulosa, aportando toda la información solicitada y realizando todas y cada una de las mejoras requeridas por los técnicos de la administración. Y el resultado es una Declaración de Impacto Ambiental positiva para un proyecto con el que pretendemos transformar la industria textil nacional y potenciar la independencia europea ante importaciones de fibras con un mayor impacto ambiental”, recalcó José Pina, consejero delegado de Altri en un comunicado.
Precisamente, ese supuesto impacto medioambiental negativo ha sido el que ha movilizado a miles de vecinos a protestar contra el proyecto. Desde la organización ecologista Greenpeace se ha venido alertando de la “eucaptilización” de Galicia (la prevalencia casi exclusiva del eucalipto frente a otras especies como consecuencia de la presencia de Ence más la futura producción de Altri) con la consiguiente pérdida de biodiversidad y el impacto negativo que tendrá sobre el agua del Río Ulloa del que se abastecerá, lo que, en su opinión, no le permite ser financiado con fondos europeos.
De hecho, la DIA obligará, en primer lugar, a la instalación de tecnologías avanzadas para la gestión del agua, con un límite de extracción de 46.000 metros cúbicos al día del embalse de Portodemouros. También exigirá a que las aguas residuales generadas en el proceso productivo se tratarán en una estación de tratamiento de aguas residuales industriales (ETARI) con un caudal de vertido de 30.000 metros cúbicos al día, mientras que las aguas residuales sanitarias durante la explotación se tratarán en una estación depuradora de aguas residuales compacta y modular, con una capacidad de 50 metros cúbicos al día.
La obtención de la DIA era condición indispensable para la inversión, sin la cual el proyecto en Galicia decaía y se abría un proceso para buscar un destino alternativo, con Brasil y Vietnam entre los favoritos por contar con grandes reservas de madera. Algo que parece que no va a suceder, al menos por ahora. En paralelo a la autorización ambiental integrada, la prioridad de la compañía será desbloquear los fondos públicos necesarios para acometer el proyecto. La posición del Gobierno central frente al proyecto ha sido equidistante a la espera de que se resolvieran los distintos permisos medioambientales que garantizaran que el proyecto no suponía ningún riesgo medioambiental. “Deberá cumplir con el principio de no daño significativo al medio ambiente para recibir los hasta 250 millones de euros que reclama para financiar esta iniciativa”, resaltó a mediados de febrero la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,
De los 1.000 millones de euros que prevé invertir, 250 millones procederían de una ayuda directa del Gobierno, en principio a través del Ministerio de Industria y Turismo. A ello se sumaría otra ayuda de un máximo de 30 millones ligada al Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) ligado a la descarbonización. Otros 220 millones procederían del sector privado y los restantes 500 millones serían deuda comercial.
El tercer match-ball también tendrá que jugárselo con el Gobierno central, ya que será el organismo competente que deberá dar el visto bueno para que la planta se conecte a la red eléctrica, algo imprescindible para poder operar, tanto a la hora de pedir más energía en picos de producción como para devolver al sistema los excedentes cuando se contraiga la demanda. El proyecto diseñado por Greenfiber cuenta con que la planta estaría conectada a la subestación situada en la localidad lucense de Melide. “En Altri estamos comprometidos con el desarrollo del proyecto en Palas de Rei y reconocemos la importancia de la conexión eléctrica para su viabilidad. Estamos en comunicación constante con las autoridades competentes para garantizar que se cumplan todos los requisitos necesarios y confiamos en que se proporcionará la infraestructura eléctrica necesaria para su implementación exitosa”. Para la compañía, la decisión del Gobierno de priorizar los proyectos industriales estratégicos para la transición energética dentro de la nueva planificación de la red eléctrica para los años 2025-2030 supone un respaldo para la descarbonización de la industria. “En este contexto, el proyecto de Altri encaja plenamente con esta estrategia, ya que ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad y circularidad, contribuyendo a la modernización tecnológica de la industria textil europea”
El desarrollo del proyecto se estructurará en dos fases: una primera fase de construcción, que abarcará desde 2025 hasta 2027, y una segunda de operación, que se iniciará previsiblemente en 2028. Los promotores de la planta estiman que se generarán 2.500 puestos de trabajo, de los cuales 500 serán directos en la planta. La planta tendrá una capacidad de producción máxima de 400.000 toneladas anuales de fibras solubles, de las cuales 200.000 toneladas se destinarán directamente a la fabricación de lyocell.