La banca encuentra un resquicio legal para no pagar dos veces el impuesto al sector en 2024
La caída del decreto ómnibus también librará, por el momento, al BBVA de abonar el 15% más de la tasa bancaria si triunfa la opa sobre el Sabadell
La banca se ha encontrado con un problema inesperado en este arranque de año. La caída del decreto ómnibus, cuya convalidación rechazó el Congreso de los Diputados, provocó la derogación de las cuestiones técnicas que incorporaba con respecto al impuesto a la banca, que evitaban que las entidades tuviesen que computar dos veces la tasa en las cuentas de 2024 y elevaba el pago para las que ejecutasen una opa. Este asunto no se ha incluido en el nuevo texto que pactaron la semana pasada el Gobierno y Junts, sino que es de las cuestiones que está en la mesa de negociación para un segundo texto. Para poder cuadrar las cifras del año pasado sin tener que apuntarse dos veces el pago del impuesto las entidades han recurrido a un resquicio legal que les permite formular las cuentas con la normativa en vigor en el momento de cierre del ejercicio; esto es, con la primera versión del Decreto que promulgó el Gobierno y finalmente tumbó el Parlamento.
La gran banca española registró en 2024 el mayor beneficio de la historia, de 31.767 millones. Estas seis entidades (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) abonaron el año pasado 1.500 millones por el gravamen especial sobre el sector. El Gobierno impuso esta tasa en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, con carácter temporal, con el objetivo de gravar los ingresos extraordinarios que percibía el sector por la rápida subida en los tipos de interés. Este gravamen temporal expiró el pasado 31 de diciembre, si bien el Ejecutivo alcanzó un acuerdo in extremis para crear un nuevo impuesto sobre el sector para los próximos tres ejercicios.
El primer diseño de esta nueva tasa forzaba al sector a pagar el impuesto de 2025, que contempla además una deducción en el pago de Sociedades, con cargo a las cuentas de 2024. Esto forzaba que en ese ejercicio las entidades abonasen dos veces el impuesto. El sector avisó rápidamente al Gobierno de este problema y el Ejecutivo, con quien no tuvo mucho éxito en recoger sus peticiones para no introducir la tasa, en este caso sí recogió el guante. Modificó levemente la redacción en el decreto ómnibus, si bien estos cambios finalmente decayeron pocas semanas antes de que los bancos presentasen sus cuentas anuales.
Las entidades afrontaron así un problema inesperado a la hora de calcular estas abultadas cifras de beneficios. Para poder cuadrar las cuentas recurrieron a un precepto que les permite cerrar los resultados según la normativa contable en el momento en el que terminó el ejercicio, el pasado 31 de diciembre. Esto es, con el decreto ómnibus aún en vigor.
El otro asunto que este texto modificó de la primera redacción del impuesto es la introducción de una nueva cláusula que elevaba el pago de la tasa en un 15% en caso de que un banco realizase una operación corporativa sobre otro. Esta cuestión parecía introducida específicamente para el BBVA, que se encuentra en plena opa hostil sobre el Banco Sabadell. Fuentes del mercado indican que no es una forma por la que el Gobierno, que se ha posicionado abiertamente en contra de la transacción, quiere penalizar la opa, si no una cuestión técnica para evitar que el BBVA no abone nada por el negocio que adquiera del Sabadell durante el tiempo que tarde en ejecutarse la opa y realizar la fusión que el banco vasco ha declarado que quiere ejecutar después.
De este modo, de ejecutarse ahora la opa, el BBVA obtendría un importante ahorro fiscal en este mismo ejercicio por la operación. No obstante, a la transacción aún le espera un largo camino y el mercado espera que no culmine hasta finales del primer semestre. Tiempo más que suficiente para que el Gobierno y Junts acuerden reintroducir esta cuestión en un nuevo decreto, máxime cuando el rechazo a la opa es un punto de encuentro entre ambos partidos.
El tema fiscal se ha colocado en el centro de la batalla entre el BBVA y el Sabadell. En este nuevo impuesto a la banca el Gobierno ha diseñado un esquema por el que los bancos pagan más cuanto mayor es su tamaño. Los que cuentan con un margen bruto superior a los 5.000 millones, como el BBVA, abonan un 7%, mientras que los que obtengan entre 3.000 y 5.000 millones, un 6%. El Sabadell se queda por poco en este segundo escalón, de modo que si la opa y la posterior fusión salen adelante el BBVA deberá pagar el 7% por el negocio que adquiera del Sabadell, mientras que si la entidad catalana sigue en solitario pagaría solo el 6%. Esta diferencia, según los cálculos realizados, está en torno a los 150 millones de euros.
Tanto es así que el propio Carlos Torres, presidente del BBVA, dejó la puerta abierta en la reciente presentación de resultados del banco a retrasar la fusión entre ambas entidades al menos por los tres años en vigor de este impuesto. Tanto Torres como su consejero delegado, Onur Genç, han reiterado que aún sin fusión pueden aflorar la mayor parte de las sinergias proyectadas, que ascienden a 850 millones de euros, 450 millones en costes de administración, 300 millones en gastos de personal y 100 millones más en costes de financiación.