Vodafone renuncia a las frecuencias sobrantes del 5G pese a que le salían gratis
La operadora de Zegona rechaza la cesión gratuita por MasOrange de 10MHz en la banda de 3,5GHz, que serán devueltos al Estado
Vodafone ha renunciado a 10 MHz en la banda de 3,5 GHz (gigahercios) que le cedía gratuitamente MasOrange para el despliegue del la telefonía móvil 5G. El operador, ahora controlado por Zegona, ha rehusado aceptar el regalo debido a su plan de reducción de costes, que le lleva a reducir al mínimo la inversión. Y aunque estas frecuencias en principio le salían gratis, su propiedad les obligaría a pagar todos los años la tasa por el espectro radioeléctrico, por lo que ha optado por rechazar esa cesión, según ha podido saber este diario en fuentes del mercado. Tanto MasOrange como Vodafone han declinado hacer comentarios sobre la noticia.
La operadora era el candidato natural para hacerse con esas frecuencias puesto que solo dispone de 90 MHz en la banda de 3,5GHz, adquiridos cuando estaba en manos del grupo operador británico Vodafone Group. Pero la compra por el fondo Zegona por 5.000 millones, que se hizo efectiva el pasado 1 de junio, ha trastocado esa intención inicial. Los nuevos responsables de la firma, con su consejero delegado, José Miguel García, a la cabeza, están interesados en buscar cuanto antes la rentabilidad, tanto frenando la fuga de clientes con tarifas más simples y baratas como reduciendo al extremo los costes. Y el despliegue de masivo de nueva red no parece estar en sus planes. De hecho, han firmado sendos acuerdos con Telefónica y MasOrange para compartir y rentabilizar su red de fibra mediante una sociedad conjunta y no se descartan acuerdos similares para el uso de las redes de 5G, según fuentes del sector.
La razón de esta cesión ha sido la fusión entre MásMóvil y Orange para dar lugar a MasOrange. En total, la Administración ha realizado cuatro subastas de frecuencias para el desarrollo de redes 5G desde 2018, pero tuvo que acometer en febrero de 2022 una reorganización completa de la banda de 3,5 GHz, la que soportará la mayor parte del tráfico del 5G, y en junio de 2023 volver a modificarla para ampliar los límites.
Y cuando todo parecía estar ajustado y repartidas las frecuencias entre los cuatro grandes operadores, la fusión que dio lugar a MasOrange en la primavera de 2024 volvió a trastocar todos los planes. La raíz del problema es el límite impuesto por el Gobierno a las frecuencias que podía utilizar un mismo operador, que en junio de 2023 se amplió hasta los 140 megahercios (MHz) para la banda de 3,5Ghz. Como quiera que Orange tenía 110 MHz y MásMóvil 80 MHz en esa banda, al consumar su fusión para dar lugar a MasOrange sumaban 190 MHz, es decir, 50 MHz más que lo permitido. Bajo las condiciones que marcó Bruselas para autorizar la fusión, MasOrange llegó a un acuerdo en diciembre de 2023 con Digi para venderle 60 MHz por 120 millones de euros, de los que 20 MHz estaban en la banda de 3,5 GHz. Tras esta operación a MasOrange aún le sobraban 30 MHz en esa banda prioritaria.
Para deshacerse de ellos, MasOrange ha llegado a un acuerdo con Telefónica para venderle 20 MHz por una cantidad no revelada, pero que no supera en ningún caso los 40 millones de euros que le cobró a Digi, según fuentes de la operación, que ha contado con la autorización previa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Transformación Digital. Los otros 10 Mhz que ha rechazado Vodafone los tendrá que devolver gratis al Estado. Y es que ni Digi ni Telefónica pueden optar a esos 10 MHz porque, aunque por separado disponen de 20 MHz y 100 MHz, respectivamente en la banda de 3,5 GHZ, ambas compañías sellaron el pasado mes de julio un acuerdo mayorista de uso de la red 5G de Movistar que, en la práctica, supone la compartición o mutualización de frecuencias. Es decir, que a efectos legales, entre las dos ya sumarían 140 MHz, por lo que no podrían añadir 10 MHz más de MasOrange.
Problemas para la inversión en redes
La renuncia de Vodafone a este espectro gratuito, por el que en las subastas organizadas por el Estado se pagaban cantidades millonarias antes de la pandemia, es un síntoma de los problemas financieros por los que atraviesa el sector de las telecomunicaciones, aquejado desde hace más de una década de caída ingresos y merma en la rentabilidad. Ese deterioro de las cuentas le impide afrontar las cuantiosas inversiones necesarias para el despliegue de las nueves redes, tanto de fibra óptica como de telefonía móvil 5G. De ahí que los tres grandes operadores (Telefónica, MasOrange y Vodafone) hayan firmado acuerdos para crear sociedades conjuntas (FiberCo) para las infraestructuras de fibra. Y en el 5G, hayan vendido sus emplazamientos a empresas torreras (TowerCo) como American Tower, Cellnex, Vantage o Totem a cambio del pago de un alquiler por su uso.
Además, el nulo interés por hacerse con esas frecuencias pone también de manifiesto el excesivo celo de las autoridades de Competencia de Bruselas a la hora de aprobar fusiones en el sector, con la imposición de condiciones o remedies que se antojan desmesurados. De hecho, Digi aún no ha dicho qué va a hacer con los 60 MHz que MasOrange se vio obligado a venderles por imposición de la Comisión y que, de haber seguido en manos de la empresa fusionada, hubieran asegurado un despliegue mucho más completo de una red propia de 5G.
Una vez que MasOrange se deshaga de sus frecuencias, el 5G culminará de esta forma el largo periplo administrativo que ha atravesado desde la primera subasta de la banda 3,6 GHz celebrada el año 2018, en la que el Gobierno recaudó 438 millones de euros, y a la que siguió la licitación de 20 MHz de esa misma banda realizada en febrero de 2021, por 42 millones de euros. En julio de 2021 se adjudicó la banda de los 700 MHz por 1.010 millones de euros y, finalmente, en diciembre de 2022, se adjudicó la banda de 26 GHz por 36,2 millones. En total, el Estado se ha embolsado poco más de 1.500 millones de euros.