La CNMC prosigue su ofensiva para liberar a Telefónica de sus obligaciones como exmonopolio
El regulador propone que deje de prestar a sus rivales el servicio mayorista para clientes empresariales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prosigue su ofensiva para liberar a Telefónica de las obligaciones como operador dominante que heredó de su situación como exmonopolio. La última iniciativa en este sentido ha sido la apertura de un proceso de información pública para que Telefónica deje de prestar el servicio mayorista de líneas alquiladas tradicionales de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA-T), según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes. Esta oferta, conocida en la jerga reguladora por el acrónimo ORLA, regula los servicios mayoristas que Telefónica ofrece a sus competidores para que estos puedan conectar clientes empresariales mediante circuitos, con un ancho de banda garantizado y simétrico, a sus propias redes troncales, según explica la CNMC. El trámite de información pública se extenderá durante un mes para que cualquier persona física y jurídica pueda formular observaciones o sugerencias.
El organismo que preside Cani Fernández acumula en los últimos años varias medidas encaminadas a liberalizar completamente el mercado de las telecomunicaciones, eliminando las obligaciones comerciales que aún tiene Telefónica en relación a sus rivales. El pasado mes de julio, anunció una consulta pública para actualizar la metodología que analiza si las ofertas de fibra óptica de Telefónica pueden ser replicadas por otros operadores y, en este contexto, con el objetivo que la compañía que preside José María Álvarez-Pallete tenga “mayor flexibilidad” para diseñar su oferta comercial.
Un mes antes, la CNMC acordó también levantar en un plazo de seis meses la obligación de Telefónica de dar acceso a la red telefónica fija a los operadores alternativos a través de la red de cobre (empaquetado o no con banda ancha) cuando no tienen acceso directo al abonado. Y en agosto, la CNMC decidió desregular las conexiones de banda ancha de altas prestaciones y capacidad que los operadores se prestan entre sí para completar tramos de su red troncal, generalmente por cables submarinos, suprimiendo las obligaciones impuestas a Telefónica.
Paralelamente, el Ministerio para la Transformación Digital ha lanzado otra consulta pública, que concluyó el pasado 15 de noviembre, para que Telefónica deje de prestar el servicio universal de telecomunicaciones en 2025, que garantiza una serie de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible. El servicio universal está encomendado a Telefónica desde hace décadas por decreto porque el concurso para su prestación siempre queda desierto, ya que al resto de operadores no les sale rentable este servicio con la compensación económica que fija cada año la CNMC.
El último período de designación termina el 1 de enero de 2025, pero la normativa vigente señala que cuando el Ministerio para la Transformación Digital constate que cualquiera de los servicios incluidos se está prestando “en competencia” en el mercado, es decir, en unas condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en las que Telefónica (en este caso) deben prestarlas, podrá determinar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para ello. No obstante, para ello será necesario un informe de la CNMC y también realizar un proceso de consulta pública.
Sanciones por Sogecable
Pero no todo son parabienes para Telefónica. La compañía encadena también varios expedientes sancionadores por parte de la CNMC por incumplir presuntamente las condiciones que aceptó para comprar Sogecable, la propietaria de Canal+, en 2015. En la última semana, el regulador le ha abierto dos expedientes. El pasado día 14, anunció la apertura del primero por incumplir la cláusula que le impide explotar los contenidos deportivos de la Liga de Fútbol Profesional por un plazo superior a tres años. Y este lunes le fue abierto otro expediente por infringir los compromisos relativos a la contratación de canales premium.
A estos expedientes, se suman varias sanciones. La CNMC le multó con 1,5 millones en 2019 por considerar que había cifrado el número de abonados del canal de Movistar Partidazo por debajo del real, lo que repercutió en mayores costes para la competencia (Vodafone, Orange y Telecable). En 2022, le impuso otra multa de 5 millones de euros por no remitir la información de los canales premium necesaria sobre su oferta televisiva para verificar el cumplimiento de los compromisos aceptados. En 2023, le impuso otras dos sanciones. La primera, por 6 millones de euros, por comercialización el paquete Movistar Fusión con la compra de un teléfono móvil con permanencia, cuando había aceptado no aplicar a sus clientes de televisión condiciones que entorpeciesen su marcha. Ese mismo año, le multó con 5 millones por el acuerdo por el que comparte con DAZN los derechos de la Fórmula 1.