Adeslas: “Con la actualización que propone el Gobierno para Muface seguiríamos perdiendo 100 millones al año”
El Ejecutivo quiere subir las primas un 14%, mientras que el sector propone un incremento del 38%
El conflicto abierto entre el Gobierno y las aseguradoras sanitarias está en su fase más candente. Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV son las compañías que ahora prestan servicios médicos a casi 1,6 millones de funcionarios y familiares. A finales de año vencen los convenios entre las mutualidades de funcionarios (Muface, Isfas y Mujegu) y será la semana que viene cuando se presenten las condiciones para el nuevo contrato. El Ejecutivo propone una subida del 14% en las primas que paga a las aseguradoras, para el plazo de dos años. El sector lo considera totalmente insuficiente. “Con esta actualización seguiríamos perdiendo más de 100 millones de euros al año, lo cual es intolerable”, explican fuentes de Adeslas, la entidad que da servicio a un mayor número de empleados públicos.
Muface es la mutualidad creada para dar cobertura sanitaria a los funcionarios de los ministerios y también para la inmensa mayoría de profesores de la educación pública. En total, un colectivo de 1,49 millones de personas, entre ellos y sus familias. Isfas da servicio a militares y guardias civiles, que suman 559.000 beneficiarios. Y Mugeju es la mutualidad de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, con tras 92.000 personas. Las tres entidades tienen que renovar ahora los convenios de prestación de servicios médicos con las aseguradoras interesadas. Las condiciones definitivas deberían aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes 8 de octubre.
A través de esta colaboración público-privada, los funcionarios pueden decidir cada año si quieren tener sanidad pública o privada. Casi el 80% del colectivo opta por la segunda posibilidad, y escoge entre una de las tres aseguradoras que se presentaron para el convenio aún vigente. Otras compañías, como Sanitas, Mapfre o Caser, participaron en este acuerdo previamente pero decidieron abandonarlo por las pérdidas que sufrían.
SegurCaixa Adeslas, controlada en un 50,1% por el Grupo Mutua y en un 49,9% por CaixaBank, es el principal proveedor de servicios médicos para funcionarios. De los que optan por la sanidad pública, la mitad les escoge a ellos. También es la mayor aseguradora de salud del país. Pero se le empieza a acabar la paciencia. “En los últimos años nos hemos desangrado con la atención a Muface, perdiendo 63 millones en 2022, 77 millones en 2023 y más de 110 millones este año, de acuerdo con un informe de auditoría que hemos encargado a Deloitte”, apuntan desde la compañía.
El motivo de esta sangría económica es que en la última renovación del convenio, firmada en 2021, no se tuvo en cuenta el fuerte repunte de la inflación, y el notable aumento del uso de servicios sanitarios por parte de los funcionarios. Además, el colectivo va envejeciendo cada año, lo que aumenta aún más las facturas médicas. Entonces, se presupuestó el pago de 3.521 millones de euros para Adeslas, Asisa y DKV, lo que suponía un incremento de la prima del 10%. El problema es que esa mejoría la engulló la inflación solo unos pocos meses después de firmar el convenio. El director general de DKV, Josep Santacreu, ya avisaba de que con los parámetros actuales estaban abocados a perder dinero todos los años. También el presidente de Mutua, Ignacio Garralda, advirtió que dejarían el modelo si no había una clara mejora de las condiciones.
Ahora, desde la secretaria de Estado de la Función Pública se ha trasladado al sector que están dispuestos a mejorar un 14% la prima que pagan (un 13,5% en 2025 y otro 0,5% en 2026), que ahora son unos 984 euros al año. Para las aseguradoras esa propuesta es casi un insulto. “Con esos parámetros, el déficit del modelo se cronificaría”, explican fuentes de Adeslas. Según sus cálculos, esa actualización no alcanzaría ni para cubrir estrictamente los costes médicos y farmacéuticos, a los que hay que sumar otros 33 millones de euros de gastos administrativos y de gestión vinculados a los funcionarios de Muface.
Desde el sector se argumenta que para el Estado es mucho más barato dar cobertura sanitaria a través de las aseguradoras privadas. Frente a los 984 euros anuales por persona del régimen de las mutualidades, en la sanidad pública el gasto médico por paciente se eleva a 1.608 euros. “Ya que tenemos que dar exactamente los mismos servicios que la sanidad pública, lo lógico sería que el convenio tuviera en cuenta el aumento de gasto público en la sanidad, esa sería una buena referencia”, apuntan desde la compañía controlada por Mutua Madrileña.
De acuerdo con un estudio encargado por Adeslas a dos economistas —Alberto Montero, de la Universidad de Málaga y ex diputado por Podemos, y Román Salmerón, de la Universidad de Granada—, para que el modelo fuera mínimamente viable tendrían que elevarse las primas que les paga Muface un 33% en 2025 y un 5% adicional en 2026.
Estos profesores apuntan en su estudio que el incremento de las primas “no tiene por qué ser uniforme para todos los tramos de edad, sino que se puede promover un reequilibrio financiero del sistema compensando diferencialmente la actualización de las primas entre los tramos de edad deficitarios”. Este es precisamente otro de los problemas del modelo, que la población de funcionarios cada vez envejece más, con lo que los gastos medios por empleado público no dejan de crecer.
Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, y las asociaciones de jueces y guardias civiles ya han manifestado su profunda preocupación por el riesgo de que ninguna aseguradora se presente a la renovación de las mutualidades. Todos temen que se acabe derivando a jueces, maestros, fiscales y militares, de golpe, a la sanidad pública, que ya está saturada en casi todas las Comunidades Autónomas.