El rápido declive del servicio universal de telecomunicaciones
El coste de asegurar una conexión en todo el país se ha desplomado en los últimos años por la generalización del móvil y la fibra óptica
En los años 60, tener un teléfono fijo era casi un lujo. Y aún en la década siguiente, la única forma de comunicarse que tenían los habitantes de muchos pequeños municipios era la cabina telefónica de la plaza Mayor. Por eso, se creó el servicio universal de telecomunicaciones con el fin de garantizar que todos los usuarios tuvieran acceso a la red telefónica pública fija desde cualquier ubicación geográfica y a un precio asequible. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula anualmente el coste de proporcionar ese servicio, que presta Telefónica pero que es financiado por todos los operadores con ingresos anuales superiores a 100 millones.
Los tiempos cambian, y la generalización de la telefonía móvil y la conexión rápida a internet a través de la fibra óptica han propiciado un cambio en el concepto de servicio universal y, consecuentemente, en su coste, que ha disminuido drásticamente. Así, en 2021, se situó en 8,64 millones de euros en 2021, lo que supone un 12% menos que en el año precedente, y la mitad de los 16,79 millones que se estimó en 2016 o los 21,43 millones en 2012, según el cálculo de la CNMC.
La cantidad se reducirá aún más cuando el regulador realice el cálculo de 2022, puesto que 2021 ha sido el último año en el que se incluye en este concepto las cabinas telefónicas, que supuso un coste de 3,88 millones de euros. A partir de ahora, la mayor partida de gasto del servicio universal será el abono social que en 2021 supuso un desembolso de 3,51 millones de euros.
Concurso desierto
Telefónica fue en 2021 el operador obligado a la prestación de estos servicios, que incluyeron la conexión de red, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 megabit por segundo (Mbps) en zonas no rentables, la asistencia a usuarios con discapacidad y las tarifas especiales. El coste luego se reparte entre los operadores con facturación anual mayor de 100 millones, especialmente, Masorange, Vodafone, Digi y la propia Telefónica.
La operadora que preside José María Álvarez-Pallete también se vio obligada a prestar este servicio entre 2023-2024 al ser designada directamente por el Gobierno para cubrir estos servicios básicos, tras haber quedado desierta la licitación que se convocó en diciembre de 2022. La novedad en este concurso es que, por primera vez, se excluyó del servicio universal la obligación de disponer y mantener un mínimo de cabinas telefónicas según la población de cada municipio y la de editar guías de teléfonos fijos, aunque se elevó la exigencia de que la velocidad mínima de acceso a Internet sea de 10 megabits por segundo (Mbps).
Los operadores se habían quejado durante años de esta obligación de mantener los teléfonos públicos y editar guías debido al alto coste de su mantenimiento para el uso mínimo que tenían. La CNMC avaló sus tesis y pidió al Gobierno que se eliminara esta exigencia, basándose en datos como que menos del 20% de la población ha usado alguna vez una cabina por la generalización del teléfono móvil. Cuando el regulador abolió la obligación de mantener las cabinas en 2022, aún existían alrededor de 13.000, aunque muchas de ellas estaban inservibles, víctimas del vandalismo. En la actualidad, casi todas ellas han sido retiradas y apenas sobreviven unos cientos por orden municipal.
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