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Mutua Madrileña sigue los pasos de Línea Directa y lanza una cobertura antiokupas pese a la baja siniestralidad

El cliente tendrá que pagar 7,5 euros más al año dentro de su seguro de hogar

desalojo okupa
Un trabajador saca un canapé por el balcón durante el desalojo de 62 familias en Alcobendas, Madrid (España).Diego Radamés (Europa Press)
Miguel Moreno Mendieta

Mutua Madrileña acaba de lanzar una póliza antiokupas siguiendo la estela de Línea Directa. La compañía de seguros madrileña, líder en las pólizas generales en toda España, ofrece a sus clientes una serie de coberturas por si alguien usurpa su vivienda, a cambio del pago de 7,5 euros extra al año en el seguro de hogar. De acuerdo con expertos del sector, este tipo de extras tienen una utilización muy escasa, porque el riesgo de sufrir este tipo de percances es muy bajo. Línea Directa vende su servicio antiokupas por 10 euros al año.

Entre los servicios incluidos con la garantía antiokupación de Mutua Madrileña destaca el asesoramiento legal ilimitado, para tratar de echar a quienes se han quedado en la casa. Además, también cubre los gastos de la defensa de los derechos del asegurado para recuperar la vivienda ocupada, por vía amistosa o judicial. En caso de interponer una demanda, cubre los gastos notariales y judiciales, incluidos los honorarios del abogado y del procurador; el pago de las costas y gastos por la adopción de medidas cautelares, hasta un máximo de 10.000 euros.

La garantía antiokupación de Mutua Madrileña cubre el pago de un alojamiento alternativo (durante un máximo de 6 meses y 800 euros de renta de alquiler) en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar, si el asegurado tiene contratada la cobertura en los productos Global Plus o Global. Sin embargo, las posibilidades de que una persona vea ocupada su vivienda principal durante varios días es remota. En estas situaciones, el delito cometido es allanamiento de morada y la Policía actuaría de forma expeditiva para echar a los intrusos de forma inmediata.

La okupación de viviendas cayó en 2022. Interior registró 16.726 denuncias por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles en 2022, un 3,2% menos que el año anterior. Pese a ello, el temor que despiertan este tipo de delitos no para de crecer. En buena medida por una incesante campaña mediática y porque partidos de derechas han hecho bandera de esta causa. Las aseguradoras, conscientes de ello, han aprovechado esta alarma para comercializar coberturas específicas que tratan de ayudar a los propietarios que sufren las usurpaciones.

Además de Línea Directa y Mutua Madrileña, también AXA o Caser (del grupo Helvetia) cuentan con coberturas específicas para estas situaciones. Otras compañías recuerdan que en sus cláusulas de apoyo jurídico o de responsabilidad ya se incorporan clausulas que permiten a los asegurados estar protegidos cuando se producen este tipo de incidentes.

Carlos Lluch, fundador de la firma de seguros Lluch & Juelich y uno de los mayores expertos del sector, reconoce que la iniciativa “es una interesante campaña promocional, porque hay mucha gente preocupada por este asunto”, pero también considera que “el riesgo de sufrir este tipo de eventos es muy bajo, mucho menos que el de sufrir un incendio, por lo que creo que para las aseguradoras va a ser un negocio muy rentable”.

En la cobertura de Mutua Madrileña también incluye el pago de los gastos de la reparación de los daños materiales producidos en el continente o contenido de la vivienda asegurada por actos malintencionados del ocupante ilegal, cubriendo hasta 6.000 euros del continente y 1.200 de contenido.

Asimismo, cubre al asegurado, hasta 100 euros al mes durante 6 meses, el pago de los suministros de agua, gas y electricidad, mientras la vivienda asegurada está ocupada de forma ilegal, tanto si es su vivienda habitual como si es su segunda residencia.

Aunque las aseguradoras están utilizando el concepto okupación de una forma muy genérica, incluyendo hasta el allanamiento de la vivienda principal, los expertos recuerdan que la mayoría de los casos en los que hay que recurrir a los tribunales no se ciñen al relato mediático. Habitualmente, cuando hay casos en los que se demora la actuación judicial para desalojar una propiedad suele ser por un inquilino que deja de pagar el alquiler. También hay muchos casos en los que se trata de pisos de protección oficial o viviendas propiedad de bancos, o de Sareb, que han sido ocupadas ilegalmente. Pero en estos casos, los seguros no tienen mucho que decir.

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Sobre la firma

Miguel Moreno Mendieta
(Madrid, 1979) es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III. También cursó el Máster de Periodismo de El País. Se incorporó al periódico Cinco Días en 2006, tras pasar por la web de El País y Mi cartera de Inversión. Escribe sobre el sector financiero, con un foco especial en fondos de inversión y los seguros.
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