Turismo luce “sintonía” con el sector aéreo mientras Consumo anuncia “determinación” tras la multa histórica a cuatro aerolíneas
La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, afirma que el Ejecutivo vela por los derechos del consumidor y el marco de seguridad jurídica en que se desenvuelven las aerolíneas
La histórica sanción de 150 millones que pretende imponer el Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo a cuatro de las aerolíneas con más tráfico en España, por el cobro al viajero cuando sube la maleta a la cabina del avión, ha marcado parte del debate en la asamblea anual de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), celebrada esta mañana en Madrid. Su presidente, Javier Gándara, ha afirmado que al sector “le ampara la razón legal”, refiriéndose a que la multa que se cierne sobre Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea “atenta contra la libertad de fijación tarifaria, por la que vela la normativa comunitaria, y contra la capacidad de elección de los consumidores”.
Escuchaba en primera fila la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien ha intervenido durante la apertura del acto sin apenas hacer alusión directa a la crisis del trolley, pero sí refiriéndose a “la buena sintonía del Gobierno con el sector aéreo”. Sánchez ha empleado unos segundos para afirmar que “el Gobierno de España siempre vela por los derechos de sus ciudadanos, y su compromiso es firme con garantizar la seguridad jurídica a las compañías aéreas, para que desarrollen con su actividad con absoluta normalidad”. Equilibrio en el discurso ante un foro con alta representación de firmas como Iberia, Vueling, Air Nostrum, Air Europa, Volotea, Ryanair, Easyjet, Binter, Enaire o Aena.
La secretaria de Estado ha concedido el calificativo de “estratégico” al transporte aéreo y ha resaltado las acciones de las aerolíneas en favor de la descarbonización. También ha subrayado la apuesta del Ejecutivo por el turismo, dedicando 3.400 millones de euros del Plan de Transformación a modernizar un motor que genera el 13% del PIB español. Rosario Sánchez ha concluido con un llamamiento al trabajo por la sostenibilidad del turismo, su transición ecológica y digital.
Horas después, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha mantenido la tensión con las compañías aéreas al advertir que actuará “con determinación” y en “el marco de sus competencias” para defender los derechos y los intereses de los consumidores, en relación a la sanción por “prácticas abusivas”. Bustinduy, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que las aerolíneas tendrán “plenas garantías” en su decisión de presentar recurso de alzada contra la multa y, posteriormente, si llegan a la vía judicial. ”Vivimos en un país con plenas garantías procesales y la labor del Ministerio de Consumo no puede ser otra que defender los intereses de las personas consumidoras, y así lo vamos a seguir haciendo en esta materia y en otras muchas”, ha concluido.
Batalla contra las emisiones
Ante el desafío de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, los primeros espadas de Air Nostrum, Vueling, Volotea y Binter se han mostrado radicalmente en contra de la posible iniciativa de prohibir vuelos cortos con alternativa en el tren, con cinco rutas que se verían afectadas en España. Como alternativa, han insistido en la necesidad de incentivos para la creación de una potente industria en torno al combustible sostenible de aviación (SAF por sus siglas en inglés).
Carlos Bertomeu y Carlos Muñoz, en representación de Air Nostrum y Volotea, respectivamente, han apadrinado la propuesta de que la factura que pagan las compañías aéreas por los derechos de emisión (ETS) sea realmente finalista y repercuta en la modernización del sector. Se reclaman fondos para la implantación del Cielo Único Europeo o el apoyo a la citada industria de SAF. Volotea dice pagar 50 millones al año por ETS, y Air Nostrum se mueve en el entorno de los 15 millones de euros.
Entre los presentes en la asamblea de ALA ha estado un firme defensor de la mejora en la eficiencia del tráfico aéreo que supondría la iniciativa del Cielo Único Europeo, Raúl Medina, director general del órgano europeo Eurocontrol. En él ha recaído el premio anual de ALA por su papel de actor principal en la aviación.
La presidenta de Vueling, Carolina Martinoli, se ha referido durante una de sus intervenciones al debate abierto en Bruselas sobre la posible imposición de un impuesto al queroseno utilizado en vuelos intraeuropeos. El asunto se incluye en la revisión de la directiva de fiscalidad de la energía y, desde su punto de vista, un impuesto se traduciría en “la supresión de demanda, empleo y conectividad”. Más allá de estos efectos, “se quitaría a las empresas la posibilidad de invertir en nuevas soluciones de descarbonización”. Martinoli ha recordado que IAG, el holding en que se agrupa Vueling, tiene el compromiso de emplear un 10% de SAF en 2030, un 70% por encima del mandato comunitario.
“La única solución al alcance para la descarbonización es la del SAF, y los políticos deben intervenir para que sea asequible”, ha reclamado el consejero delegado de Binter, Juan Ramsdem. Al hilo de este argumento, Carlos Muñoz no espera la llegada del avión eléctrico al mercado, con cierto volumen de oferta, antes de 20 años.
La clausura del acto ha correspondido al secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, quien aprecia “un futuro alentador y lleno de posibilidades” para las aerolíneas de la mano de su capacidad de innovación. Con la actual demanda histórica de vuelos como palanca de desarrollo, Núñez ha recordado que todo el sector está sometido a una transformación profunda en el contexto de la globalización y la necesaria sostenibilidad ambiental.
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