La Audiencia de Madrid juzgará a Rato a partir del 12 de diciembre por el origen de su fortuna
Los magistrados interrogarán a los acusados a partir del 9 de enero, entre los que se incluye a un representante de Telefónica como responsable civil subsidiario
La Audiencia Provincial de Madrid ya ha puesto fecha para juzgar el caso Rato. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, comenzará a ser juzgado el próximo 12 de diciembre por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio y, según las previsiones del tribunal, la vista oral se alargará hasta el 23 de mayo de 2024. El que fuera también vicepresidente del Gobierno se enfrenta a 70 años de cárcel por la presunta comisión de una decena de delitos contra la Hacienda Pública entre 2004 y 2015, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Según la diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia del tribunal, notificada este miércoles y a la que ha tenido acceso CincoDías, las primeras sesiones estarán reservadas a las cuestiones previas, fase en la que que los acusados expondrán sus criterios técnicos para intentar anular el procedimiento. Así, la Audiencia Provincial ha previsto realizar los interrogatorios de Rodrigo Rato y otros 13 acusados entre el 9 de enero y el 9 de febrero de 2024, así como la declaración de un representante de Telefónica, en calidad de responsable civil subsidiario.
El caso Rato se juzgará más de ocho años después de que se iniciara la investigación para aclarar la procedencia de la fortuna del exministro de Economía. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid empezó a bucear en las cuentas de Rato tras una advertencia de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a la Fiscalía sobre la existencia de una serie de irregularidades en su patrimonio. Una alerta que tuvo lugar justo un día después de que se hiciera público que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) por un posible delito de blanqueo tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.
En este momento, Rato ya estaba bajo el foco de la Audiencia Nacional por su implicación en el caso de las tarjetas black de la desaparecida Caja Madrid, por las que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Asimismo, en noviembre de 2018, también fue juzgado en el mismo órgano judicial por la salida a bolsa de Bankia, pero finalmente resultó absuelto. Ahora, el exministro del gobierno de José María Aznar se enfrenta al último frente judicial que le queda, por el que tiene embargados bienes para afrontar una fianza de 65,1 millones de euros.
Discrepancias con la Fiscalía
La defensa de Rato se sustenta en que la Fiscalía ha impulsado una acusación “prospectiva”, basada en las “disparatadas” conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tratado de rastrear dónde puede el exdirigente popular tener dinero oculto. No obstante, el ministerio público asegura que Rato ha repatriado a España, al menos, casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales utilizando un complejo entramado societario. Otro de los hechos que se juzgaran será el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por contratar con las agencias Publicis y Zenit la publicidad de Bankia.
En el caso de Telefónica, la empresa se encuentra como responsable civil subsidiario de la actuación del que fuera su secretario de consejo de administración, Ramiro Sánchez de Lerín, que también se sentará en el banquillo de los acusados en este juicio. Este exdirectivo, presuntamente, firmó unos acuerdos con Rato, como miembro de los consejos asesores de la compañía en Lationamérica y Europa, a través de Kradonara, unas de las sociedades del expresidente de Caja Madrid y Bankia con la que presuntamente defraudaba a Hacienda. Por estos hechos, Telefónica pagó un aval de seis millones de euros en el marco de esta causa judicial, según informó El Confidencial.
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