Un juez imputa al presidente de Cox por “descubrimiento de secretos empresariales” en el concurso de Abengoa
Un juzgado de Madrid admite una querella interpuesta por la constructora Urbas
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha admitido una querella interpuesta por la constructora Urbas contra el presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, por un presunto “descubrimiento de secretos empresariales” durante el proceso por el que se prolongó el concurso de Abengoa, según publica este miércoles El Confidencial.
Se trata de una querella admitida a trámite el pasado 4 de julio, fundamentada en un caso de revelación de secretos empresariales, tal y como han confirmado a CincoDías fuentes de la empresa constructora.
Las mismas fuentes recuerdan que a mediados de 2022 Urbas y Cox Energy mantuvieron contactos relacionados con una posible operación corporativa para adquirir las unidades productivas de la antigua Abengoa. Las dos compañías sellaron entonces un acuerdo de confidencialidad al proceder a intercambiar información financiera de Urbas.
Bajo el marco de dicho pacto de confidencialidad, se facilitaron datos contables reservados relacionados con la oferta que se disponía a presentar Urbas sobre los activos de Abengoa, incluido el plan de negocio concreto que se había diseñado para la empresa sevillana. La sorpresa de la constructora fue mayúscula al comprobar cómo después de facilitar todos los datos requeridos por Cox y en tiempo récord, esta entidad preparó su propia oferta y se presentó al concurso con una oferta independiente a la de Urbas.
De ahí la querella, al considerar la constructora que Cox Energy elaboró su oferta a partir de la información que le habían facilitado y que durante tantos meses llevaban preparando ellos.
Por otra parte, este miércoles también se ha conocido que la sección tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha inadmitido el incidente de nulidad presentado por Urbas por la adjudicación de Abengoa a Cox Energy en las que alegaba vulneración de derechos fundamentales, cerrando así el expediente en el Juzgado Mercantil.
Según la providencia del juez a la que ha tenido acceso Servimedia, ha tomado esta decisión amparándose en que el supuesto para la nulidad de actuaciones presentado por Urbas no recoge al menos uno de los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así, señala como requisito para la admisión del incidente que la vulneración de derechos fundamentales “no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”, añadiendo que en el presente caso Urbas sí pudo denunciar durante el proceso, y denunció en un Recurso de Reposición previo, la citada vulneración de derechos.
Además, la providencia del titular del Juzgado Mercantil Nº 3 de Sevilla especifica que Urbas suscita cuestiones diferentes de aquellas para las que está previsto el incidente de nulidad de actuaciones. “Parece lo que se pretende es la revisión del auto por el que se desestimó el recurso de reposición de la parte, auto resolutorio de la reposición; y frente al que no cabe recurso”, apunta la providencia.
De este modo, el juez decide no admitir a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, señalando que se trata de una resolución “firme” contra la que “no cabe recurso alguno”.
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