España afronta la vista clave contra fondos oportunistas para salvar el pago por el Prestige
La Justicia de Reino Unido inicia una audiencia para estudiar la ejecución de un laudo de las renovables por 120 millones de euros
España afronta una importante cita en los tribunales de Reino Unido. La corte británica inicia hoy, y hasta el viernes, una vista para decidir si el Estado español debe pagar a un grupo de fondos oportunistas 120 millones de euros que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) reconoció al fondo francés Antin por el recorte de las primas de las renovables con motivo de la reforma eléctrica de 2013. La decisión del juzgado británico puede desencadenar que estos vehículos terminen por arrebatar a España el derecho a cobrar la indemnización por el Prestige.
Tras los intentos del Estado de anular la decisión de la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial, el fondo francés -ahora bajo los nombres de Infraestructure Services Luxembourg y Energía Termosolar, firmas que abarcan a varios fondos oportunistas que compraron la posición de Antin en el laudo- recurrió a la Justicia de Reino Unido, Estados Unidos y Australia para presionar a España y lograr que se reconozca la validez del laudo.
En este contexto, las autoridades judiciales británicas han puesto en marcha el proceso para escuchar los argumentos de ambas partes antes de decidir si el Estado español debe indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados por los recortes de las renovables. El fallo se conocerá en los próximos meses.
Embargo de activos
En caso de que se dé la razón al fondo inversor, la Justicia británica procederá al embargo de los activos que España tenga en dicho país hasta alcanzar la multa de 120 millones de euros concedida por el Ciadi. Entre los bienes en Reino Unido, se encuentra la compensación por el hundimiento del petrolero griego en 2002 frente a las costas gallegas, según informaron fuentes jurídicas conocedoras de este pleito a CincoDías. Las compañías que pelean por recuperar las retribuciones perdidas reclamaron al Tribunal Supremo londinense que actuara sobre los más de 850 millones de euros que corresponden a España por la liberación de unas 63.000 toneladas de combustible.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en junio de 2022 que la aseguradora del naviero debe afrontar las responsabilidades civiles ante el Estado español. En concreto, el máximo tribunal europeo aclaró que el arbitraje iniciado en Londres, donde tiene sede la compañía, sobre unas cláusulas del contrato que impediría el pago total de la cantidad reconocida no puede dejar sin efecto la ejecución de la sentencia penal española que cuantificó los daños ocasionados.
Precisamente, el reconocimiento y ejecución de los laudos es la principal batalla que enfrenta a España con los inversores. Estos últimos defienden que los fallos arbitrales tienen la misma validez que una sentencia. En contra, el Estado se aferra a una sentencia del TJUE, que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, para evitar el abono de indemnizaciones. Al mismo tiempo, se acoge al apoyo de la Comisión Europea, que en 2021 abrió una investigación para aclarar si el pago podría constituir una ayuda ilegal del Estado. La institución solicitó participar en la audiencia británica, pero el tribunal lo denegó.
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