Unidas Podemos presenta su propuesta de ley para obligar a Ferrovial a devolver las ayudas públicas
Plantea con carácter retroactivo que abone las subvenciones de la última década
Unidas Podemos ha registrado este viernes la proposición de ley para obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial a la que acusa de practicar “piratería económica”.
El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha anunciado la formalización de esta iniciativa de su formación y ha defendido que los grupos deben reaccionar para que empresas que han crecido a raíz de las ayudas y contratos públicos puedan irse a un “paraíso fiscal” sin “ninguna consecuencia”.
Con los planes de traslado de la sede fiscal de Ferrovial a Países Bajos, Echenique reivindicado que se debe “frenar” este tipo de comportamientos, máxime si es una empresa que ha recibido “un montón de subvenciones ”procedentes del dinero público del contribuyente.
De esta forma, la propuesta de legislación pauta que las compañías que sigan el ejemplo de Ferrovial devuelvan los fondos públicos obtenidos en la última década, con intereses de demora, y opina que se puede reclamarla entrega de esos importes con carácter retroactivo.
La deslocalización es una “amenaza”
La proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, alerta de que la “deslocalización” de empresas a países con menores costes laborales fiscales o sociales es una “amenaza” para el sector industrial del país, sobre todo si han percibido ayudas estatales.
Por tanto, el grupo confederal defiende que su propuesta busca “fortalecer la responsabilidad del Estado como emprendedor y vertebrador” de la actividad económica a través de los recursos públicos, así como “garantizar lacontinuidad” y “permanencia” de las compañías que reciban estos fondos.
Específicamente, considera una práctica de deslocalización a la que aspira a combatir su iniciativa el traslado de sede social o fiscal y plantea una modificiación de la Ley que regula las subvenciones para incluir esta práctica como motivo para reclamar la devolución de estos importes en los diez años posteriores a la concesión de una concesión o de ayudas públicas.
También detalla que el procedimiento para exigir el reintegro se iniciará de oficio por la administración y el plazo máximo para resolver el proceso será de un año, aunque admite la posibilidad de ampliarse o suspenderse en casos excepcionales pautados por la ley que regula el procedimiento administrativo de las administraciones públicas.
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