ACS y Acciona se suben in extremis al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid
Presentan en consorcio la única oferta para la construcción y explotación del complejo durante 40 años
Un consorcio formado por ACS y Acciona había puesto a última hora de anoche la única oferta para construir y gestionar la Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto promovido por la Comunidad de Madrid se salvaría tras serias dudas sobre su rentabilidad entre las mayores firmas constructoras del país. De hecho, la primera fase de ofertas quedó desierta y la segunda compañía en liza durante el posterior procedimiento negociado, FCC, decidió no seguir adelante cuando se agotaba ayer el plazo de presentación de las propuestas.
Con un presupuesto de 507 millones, los números estaban más que apretados, a juicio de las participantes en el proceso. El paso adelante del consorcio que lidera Iridium, filial concesionaria de ACS, debe someterse ahora al escrutinio de la mesa de contratación. De salir adelante su oferta, ACS y Acciona tendrán 40 años de plazo de explotación, lo que eleva el valor de la concesión por encima de los 2.800 millones en ingresos.
Los pliegos prevén el pago de un canon máximo anual por parte de la Comunidad de Madrid de 49,3 millones de euros (IVA no incluido) a lo largo de los 40 años de concesión. La cifra no es revisable hasta el octavo año, según los pliegos, y solo se permite actuar sobre un 20% del presupuesto de la concesión. A partir de ese momento, el canon no volvería a ser retocado mientras se recupera la inversión.
El viejo proyecto de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre recobra visos de prosperar tras varios intentos de reanimación y no pocos sobresaltos. El concurso fue licitado en julio del año pasado; la presentación de ofertas tuvo que prorrogarse ante las dudas de las interesadas sobre los costes aparejados, y ya en noviembre la Comunidad de Madrid cerró el plazo de presentación de ofertas sin propuesta alguna.
Fuentes cercanas a los contactos entre Administración y empresas señalan que las candidatas habían calculado una tasa de rentabilidad de la inversión prevista (TIR) que en ningún caso supera el 1%, cuando no resulta negativa. Por esta concesión se habían interesado firmas como Sacyr, Ferrovial, OHLA, San José, Azvi, Aldesa o grandes fondos especializados en infraestructuras, además de ACS y Acciona.
Ha sido durante el proceso negociado cuando se ha limado un pliego del que apenas podían tocarse las cifras principales, tal y como dicta la Ley de Contratos del Sector Público. Apenas se han matizado aspectos relacionados con los costes de seguridad y suministro energético que debe asumir la concesionaria.
El objetivo de esta actuación en la capital es reagrupar los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único punto de la ciudad en busca de una mayor eficiencia. La Ciudad de la Justicia, por la que se prevé que pasarían unas 30.000 personas cada jornada, está llamada a reunir 356 órganos judiciales en la zona de Valdebebas, muy cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. En la actualidad, esas dependencias se encuentran repartidas entre 28 inmuebles en toda la ciudad. Por muchos de ellos se están pagando alquileres.
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