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En colaboración conLa Ley

Estas son las conclusiones del Congreso Nacional de la Abogacía

En relación con la justicia gratuita, los abogados piden al legislador que incluya como acreedores a las personas jurídicas o que revalorice y equipare las compensaciones

Asistentes al Congreso Nacional de la Abogacía. Foto: CGAE
Asistentes al Congreso Nacional de la Abogacía. Foto: CGAE

Este viernes a la tarde la Abogacía Española ha cerrado su XIII Congreso Nacional con una hoja de ruta para hacer frente a los retos de los próximos años. Las conclusiones incluyen un paquete de propuestas de enmiendas al proyecto de ley del derecho de defensa que se remitirán al Congreso de los Diputados.

Entre las propuestas, que abordan aspectos muy diversos, se incluye el refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales. También un refuerzo del procedimiento de amparo colegial, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión.

Las 44 conclusiones han sido votadas al término de cinco sesiones deliberativas, en las que los más de un millar de participantes debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión actualmente.

Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, han acordado determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.

También han coincidido en la necesidad de regular el uso de sistemas de inteligencia artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online, así como para la selección de profesionales de la abogacía. Y han decidido que desde la abogacía institucional se establezcan programas de formación orientados a facilitar el acceso de los profesionales a las tecnologías y herramientas digitales.

Formación y justicia gratuita

Las conclusiones también incluyen varias propuestas sobre la necesidad de regular la formación continua y especializada, con certificaciones periódicas de la actualización de conocimientos, así como un programa formativo al alcance de todos los profesionales, que garantice "la igualdad de oportunidades". Aunque han acordado que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, también que la especialización "no tenga carácter obligatorio ni suponga una reserva de actividad".

En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, sí han aprobado la obligatoriedad de la formación continua, que debe ser “gratuita” para el profesional y “subvencionada” por las administraciones públicas.

En cuanto a deontología, han acordado, entre otros temas, establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado o su tráfico en dispositivos, velando por la protección de datos personales, confidencialidad y garantía del secreto profesional. También la creación de un observatorio de ciberseguridad de la abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía o la adopción de criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y compliance en empresas.

En relación con la justicia gratuita, han pedido a los poderes públicos que, “sin dilación, promuevan una nueva ley reguladora de la materia”. Pero, en tanto y en cuanto no se apruebe, han instado a la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del derecho de defensa para que “se incluyan como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente” y para que se establezca que “la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sea indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

En las conclusiones han pedido, además, que el legislador establezca de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita y que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas, de manera que sean iguales en todas las comunidades.

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