Pensiones complementarias

Las gestoras del macrofondo de Escrivá podrán repercutir el coste de conexión a la plataforma digital

El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que fija una comisión máxima de gestión del 0,3%, permitirá crear las comisiones de control, e iniciar la selección de gestoras

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que desarrolla la “arquitectura insitucional” de los futuros fondos de pensiones de empleo de promoción pública diseñados por el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tal y como adelantó Cinco Días. Esta norma incluye varios pasos legales requeridos para la posterior puesta en marcha efectiva de este macrofondo.

En primer lugar limita al 0,3% las comisión máxima de gestión que podrán cobrar las gestoras que se ocupen de los planes incluidos en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. No obstante, el decreto aprobado ayer dispone que “de forma excepcional” las entidades gestoras podrán repercutir en los costes de gestión, durante un plazo máximo de cinco años, los gastos en los que incurran a la hora de conectarse a la Plataforma Digital Común, donde se realizarán todas las gestiones.

En este sentido, desde el Gobierno añaden que la norma “establece asimismo un régimen de máxima transparencia en los gastos directos e indirectos incurridos por las entidades gestoras y depositarias en los informes trimestrales y semestrales.

Este Real Decreto también regula técnicamente la Comisión Promotora y de Seguimiento, que será un órgano colectivo de carácter público a la que se dota de “carácter supervisor”, según los responsables de Seguridad Social, para poder “monitorizar y actuar en el caso de que se produzcan alnomalías en la gestión de los fondos de promoción pública”. Para ello, se establece un procedimiento que velará por su adecuado funcionamiento.

Asimismo, el texto aprobado ayer regula la constitución y funcionamiento del la Comisión de Control Especial, que será el otro órgano de vigilancia de los fondos y planes de pensiónes de empleo, y fija también las retribuciones de sus integrantes cuya actividad será remunerada.

Con todo esto se da luz verde al diseño e implementación de la Plataforma Digital Común y se podrá abrir el proceso de selección de las entidades gestoras y depostarias. Si bien, dicho todo esto, el decreto no acelera la puesta en marcha efectiva de este macro fondo que, según todas las fuentes del sector consultadasn no será una realidad hasta finales de 2023 en el mejor de los casos.

 

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