El Gobierno pide a la banca ampliar a 2023 las refinanciaciones y quitas a empresas con aval del ICO
El Ejecutivo tiene previsto aprobar los nuevos plazos el día 30 La banca asegura que las quitas, apenas se han utilizado
El Estado tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros un nuevo código de buenas prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse voluntariamente, como el vigente en la actualidad, para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas del tejido productivo español, según ha comunicado Economía a las entidades financieras.
Este nuevo código contempla la extensión de los actuales plazos de conversión de los créditos ICO en préstamos participativos, y aplicación de quitas para reducir la deuda avalada, así como las refinanciaciones.
Con la extensión en un año, hasta 2023, de este conjunto de instrumentos se pretende quitar presión a las empresas para salir del bache de la crisis económica derivada del Covid, siempre que sean solventes, y poder aprovechar el empuje de la mejora del consumo.
Así, las empresas que quieran pedir mayor plazo para la extensión de sus créditos ICO, y cuyo plazo finalizó el 1 de noviembre, podrán hacerlo hasta junio de 2022. Lo mismo sucede con las refinanciaciones, que podrán solicitar su aplicación hasta junio para ejecutarlo hasta justo un año después.
En cuanto a las quitas aplicadas a la deuda, un instrumento que fue muy controvertido en las negociaciones de la banca con el Gobierno entre el año pasado y principios del presente para su inclusión en el código de buenas prácticas y que finalmente se resolvió eliminando su obligación, el plazo para su negociación pasa del 9 de diciembre de 2022 al 9 de diciembre de 2023.
La banca deberá firmar un nuevo código de buenas prácticas con el nuevo calendario
Fuentes financieras aseguran que, de momento, las quitas en la deuda de los créditos ICO prácticamente no se han producido.
Las entidades financieras, con este nuevo código deberán volver a llevar a cabo su inscripción, tras el cambio de los plazos de ejecución. Si no lo hacen se entenderá que están de acuerdo con los plazos anteriores, aunque se espera que toda la banca vuelva ahora a ratificar el nuevo documento, que vuelve a ser voluntaria su adscripción.
Estas medidas se suman así a las aprobadas ya por el Consejo de Ministros del pasado martes. Entonces el Ejecutivo decidió extender hasta el 31 de julio de 2022 la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas que han garantizado, hasta el 18 de noviembre, 1,13 millones de operaciones y desplegado avales por 101.945 millones de euros, lo que ha permitido movilizar inversiones por 133.975 millones de euros en financiación a empresas. Según el Gobierno, se trata de una de las líneas de ayuda más utilizadas de la Unión Europea, ya que también ha movilizado casi 2.000 millones de euros de inversión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
El Gobierno también ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de que las comunidades puedan resolver los recursos de convocatorias ya cerradas.
En el código de buenas prácticas vigente hasta ahora fijaba ya un marco de colaboración público-privada para activar hasta diciembre de 2022 las medidas más adecuadas para cada autónomo o empresa y garantizar el mejor uso de los recursos públicos. Ahora estos plazos se amplían.
Según explicó en mayo de este año la ministra María Jesús Montero, cuando se aprobó el código de buenas prácticas que ahora se sustituirá lo que se pretendía es establecer un marco de referencia para implementar, en colaboración con las entidades financieras, las medidas de reestructuración que se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.
Fuentes financieras aseguran que esta ampliación de los plazos afectará a cierre de año a unas 1.000 operaciones, que se ampliarán algo más en los primeros meses de 2022.
La ampliación de los plazos de las medidas de ayuda a las empresas que tiene previsto aprobar el Gobierno el martes, debe pasar aún, no obstante, por la luz verde de la Comisión Europea. Pero parece que no hay dudas de que contará con el visto bueno de Bruselas.
Las medidas de ayuda a las pymes
Directas. El real decreto ley aprobado el 4 de marzo contemplaba tres niveles de actuación para apoyar la solvencia de las empresas golpeadas por la crisis: ayudas directas por 7.000 millones, reestructuración de deudas por 3.000 millones y un fondo de 1.000 millones para capitalizar pymes que requieran apoyo adicional.
Préstamos. También se establecía la posibilidad de convertir los créditos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público, medida que reforzaría los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. Para poder beneficiarse de esta medida, la empresa debería haber tenido una caída de su facturación del 30% en 2020, con la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020 presentando además un resultado negativo después de impuestos. La empresa no debería estar en mora en ninguna financiación con el banco y no estar en concurso de acreedores.
Quitas. Como último recurso se contemplaba la realización de transferencias directas a autónomos y empresas para la reducción del principal de la financiación avalada, conocido como quitas, contraída durante la pandemia.