Tribunales

Asufin denuncia ante la UE al Supremo por "vulnerar directivas de protección del consumidor"

La asociación asegura en un comunicado que la denuncia "podría derivar en un procedimiento sancionador"

Fachada del Tribunal Supremo. EFEJavier LizónArchivo
Fachada del Tribunal Supremo. EFE/Javier Lizón/Archivo EFE

La asociación de consumidores Asufin ha denunciado ante las instituciones europeas al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos. El escrito cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania.

La asociación solicita a las instituciones de la Unión Europea que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores.

En concreto, pide “condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores”, siguiendo así las exigencias de la directiva europea. A suprimir de manera definitiva el índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español y a eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.

La denuncia, presentada el día de ayer ante la Comisión Europea por vía telemática, puede conllevar igualmente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a la revisión de toda la doctrina del Supremo.

Asufin justifica en su denuncia, “con datos objetivos” que el Tribunal Supremo español “no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica”. Esta inseguridad jurídica ha provocado que los jueces nacionales se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019. Cuestiones que han llevado a corregir muchas veces el criterio del Tribunal Supremo lo que ha provocado que muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas.

Y es que sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores. La demanda aporta datos objetivos de las decisiones más lesivas: la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para defender a clientes con inversiones de elevada cuantía, carácter especulativo o múltiples contrataciones, entre otras.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, declara que “esta denuncia es la culminación de una labor incesante de defensa del consumidor bancario en la que, quienes nos situamos en la trinchera de la litigiosidad que genera la abusividad bancaria, asistimos atónitos al retorcimiento que hace el Tribunal Supremo de la jurisprudencia del TJUE. Los consumidores estamos cansados de amanecer en el día de la marmota una y otra vez, en una situación de inseguridad jurídica que nos es buena para nadie. Con esta denuncia esperamos que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y que nuestro Alto Tribunal recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva.”

Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch, declara que “Asufin señala con razón la necesidad urgente de disponer de normas más estrictas en torno a la transparencia y la protección del consumidor financiero en España y en la Unión Europea. Como mínimo, debemos asegurarnos de que los Estados miembros respeten las normas, directivas y tratados de la UE en este ámbito. La asimetría de la información en los términos de un contrato hace que los hogares sean vulnerables a las prácticas injustas o abusivas del sector financiero. Garantizar que los consumidores comprendan las implicaciones de la utilización de los servicios financieros es más importante que nunca, ya que muchos hogares se ven obligados a endeudarse como consecuencia de la crisis de COVID. Debemos evitar los errores cometidos en la anterior crisis financiera de 2007-2008".

Normas
Entra en El País para participar